Por eso, propuestas que no contemplen un ordenamiento integral del Estado y una modernización de las instituciones laborales son puro voluntarismo y oportunismo.
Según el informe de la consultora IDESA, el Ministerio de Desarrollo Social publicó un interesante informe sobre las personas inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP). Allí se muestran sus magnitudes, las características personales, las formas de organización de las unidades productivas, la distribución territorial y las ramas de actividad de las personas que se desempeñan en lo que se denomina la “economía popular”.
El Registro visibiliza a individuos que reciben asistencia social a través de las organizaciones sociales. El grupo predominante son las personas que colaboran en comedores y merenderos comunitarios. Otras categorías ocupacionales importantes son las personas que desarrollan actividades de limpieza, agricultura, vendedores ambulantes y construcción. Desde el punto de vista político muestra a la gente que los piqueteros dicen representar. Desde el punto de vista social refleja parte de la población en estado de vulnerabilidad que enfrenta serias dificultades para conseguir empleos de calidad.
Dentro de la información que aporta el estudio, resalta un dato de partida muy sugerente para el desafío de convertir los planes asistenciales en empleos de calidad. Según esta fuente se observa que:
- El total de asalariados formales en empresas privadas en Argentina asciende a 5,9 millones de personas.
- Los inscriptos en el RENATEP son 2,8 millones de personas.
- Esto significa que por cada 2 asalariados formales privados hay 1 inscripto en el Registro de la “economía popular”.
Estos datos muestran que para que los inscriptos en el Registro tenga una oportunidad laboral decente las empresas deberían aumentar en un 50% el empleo. Suponiendo que la producción crece a razón del 3% anual (meta prevista en el Presupuesto 2022) y que por cada 1% de crecimiento del producto, el empleo asalariado registrado crece 0,5% (lo observado en períodos de crecimiento) se necesitarían 25 años para generar los empleos necesarios a fin de convertir los planes en empleos de calidad. En el norte argentino el desafío llega a niveles extremos porque hay más inscriptos en el Registro que empleos formales en empresas privadas.
Para generar semejante expansión del empleo se necesita multiplicar las empresas y eliminar los factores que desalientan la contratación en relación de dependencia. Esto requiere una profunda transformación de las instituciones laborales para sustituir reglas vetustas y socialmente ineficaces. Pero el principal desafío es abordar el ordenamiento integral del sector público.
Un componente clave es el ordenamiento tributario ya que con el actual sistema tributario no hay ninguna posibilidad de impulsar la dinámica productiva para generar empleos. Dentro de este proceso hay que contemplar la eliminación del régimen de coparticipación para que cada Estado provincial se financie con el valor agregado que logre hacer generar al sector privado en su territorio. En esta idea, hay que contemplar un fondo de convergencia para el norte del país a fin de acelerar su desarrollo.
El Registro confirma que otra parte del problema es la baja calificación de las personas que viven de la asistencia social. Aunque se lograra multiplicar los puestos de trabajo, no podrían ser cubiertos porque las personas que hoy reciben los planes asistenciales carecen de las competencias para acceder a un empleo formal. Por esto, se necesita un sistema educativo menos sometido a los intereses corporativos y más comprometido con reducir la deserción escolar y mejorar la calidad de la educación.
Promover la “economía popular” con exenciones y subsidios sirve para eternizar el asistencialismo, pero no aporta soluciones. Es funcional al interés de los líderes piqueteros y de las burocracias públicas asociadas a ellos, pero ineficaz para darle a la gente la oportunidad de acceder a un empleo de calidad y una vida de prosperidad.
