Durante el año pasado la estimación del resultado primario, sin considerar el ingreso de los DEGs, arroja un déficit de 3,0% del PBI -3,4 puntos porcentuales por debajo del incurrido en 2020- mientras que el déficit financiero sería de 4,5% del PBI -3,9 puntos porcentuales inferior a 2020.
En la última edición del informe económico GPS de PwC Argentina, se hace un análisis de las causas detrás de estos números. Durante el año pasado las cuentas públicas han mostrado un ajuste, esto es, haciendo referencia a la etimología de la palabra, “acción y efecto de acomodar” refiriéndose a lograr que algo se acomode a otra.
El déficit primario de 2021 alcanzó $1.407.642 millones, sin incluir los $427.401 millones provenientes de la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) realizada por el FMI y registrada en las cuentas públicas en el mes de septiembre. Dicha asignación la realizó en concepto de ayuda financiera a todos sus socios, para paliar los efectos de la pandemia.
Sin considerar dicho ingreso extraordinario, el porcentaje del déficit primario respecto del producto habría alcanzado1 el 3% del PIB, evidenciando una reducción de más de la mitad del alcanzado el año previo, afectado por la pandemia. Por su parte, el déficit financiero -incluyendo el pago de intereses de la deuda- habría llegado al 4,5% del PIB, casi cuatro puntos porcentuales por debajo de 2020.
Cuando se analizan los recursos, se encuentran algunas particularidades que permiten comprender la dinámica del resultado fiscal. Los ingresos totales, sin considerar los DEGs, crecieron en términos reales interanuales un 17,6% respecto del año anterior. Dentro de este concepto se encuentra el ingreso excepcional proveniente del Aporte Solidario y Extraordinario que alcanzó, al 17 de diciembre de 2021 de acuerdo con el Ministerio de Economía, un total de $247.503 millones, es decir, un 0,5% del PIB.
En referencia a los ingresos tributarios, los cuales constituyeron casi el 85% de los ingresos totales, crecieron un 15% en términos reales en relación con el año anterior. Dicho comportamiento es mayormente explicado por la recuperación económica, consistente con la baja base de comparación respecto del año anterior (con cifras a noviembre 2021, la economía acumulaba un avance del 10,3%, frente a la caída de 9,9% evidenciada el año anterior).
Entre aquellos impuestos relacionados a la actividad se destacan el IVA, con una variación positiva en términos reales de 18% interanual y el impuesto a los débitos y créditos, con un alza real del 12%. El de mayor crecimiento fue el impuesto sobre las exportaciones, que mostró un cambio real positivo del 70%.
Cabe destacar que dicho resultado es consecuencia del alza de los precios a niveles no vistos desde 2013/2014 y a la base de comparación, ya que en 2019 se habían adelantado exportaciones ante la incertidumbre del cambio de gobierno, hecho que impactó negativamente en la recaudación de dicho impuesto en 2020. En lo que respecta a los recursos provenientes de la Seguridad Social, se observó un crecimiento de 4,1% real. Ello puede ser atribuido, en parte, a la baja base de comparación debido a las medidas de alivio fiscal dispuestas por el Gobierno Nacional durante el año pasado para los sectores afectados por la crisis sanitaria.
En lo que respecta a los gastos, los primarios mostraron una caída en términos reales del 0,3% respecto del 2020 y la participación respecto del PIB, también lo hizo. Del 24% alcanzado en 2020 pasó a 21% un año más tarde. No obstante, no puede perderse de vista que en 2020 los gastos se vieron fuertemente incrementados para atenuar los efectos de la pandemia por Covid-19.
Por esta razón, cuando la comparación se realiza con 2019, los gastos primarios avanzaron tanto en variación (+15% vs año 2019) como en participación (+2,5 p.p -en 2019 había alcanzado 18,5% del PIB-). Cuando se analiza la evolución de los componentes de los gastos primarios, su comportamiento fue desigual. Por un lado, están aquellos que cayeron en términos reales, principalmente los asociados a las prestaciones sociales.
Las jubilaciones y pensiones contributivas -que constituyen el 62% de las prestaciones sociales- cayeron 11% interanual real, consecuencia de la modificación de la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria. Otros programas es un rubro que cayó un 32%. En esta cuenta es donde en 2020 se concentraron las ayudas sociales relacionadas con la pandemia, como los IFE y los ATP -ambos ausentes en 2021-.
Las nuevas partidas asignadas, tales como Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias, las becas PROGRESAR y el REPRO, no compensaron la reducción de los IFE y ATP. El otro rubro que mostró un fuerte descenso real fueron las transferencias a las provincias, que cayeron un 27%. En sentido contrario, los subsidios económicos mostraron un ascenso en términos reales, creciendo 32% y alcanzando el 2,9% en relación con el PIB.
Dentro de éstos, los subsidios a la energía se llevaron el 76% del total y crecieron 41% en términos reales en el último año. Finalmente, los gastos de capital mostraron una suba real del 56% que, en parte, se debe a la baja base de comparación. Si se consideran los últimos cuatro años, la variación real interanual fue negativa.
En lo que respecta al resultado financiero, los intereses de la deuda mostraron una caída de 17% real interanual. La disminución se debe principalmente a que la restructuración de los títulos denominados en moneda extranjera bajo ley internacional y local, reestructurados en septiembre 2020, devengan menores cupones de interés.
Por su parte, los intereses en moneda nacional se redujeron en 2021, en base a la caída en las tasas implícitas en las colocaciones y la mayor ponderación de emisiones de títulos pagaderos en pesos vinculados al CER y al dólar. La posibilidad de reducir el déficit fiscal en 2021 en relación con 2020 -, sin perder de vista que por encima de 2019-, estuvo asociada a la recuperación económica luego de la fuerte caída de 2020, a ingresos extraordinarios, como el Aporte Solidario y Extraordinario, y a los altos precios de los commodities internacionales.
Asimismo, los gastos se redujeron ante la merma de las partidas relacionadas con el Covid-19, así como también por su licuación frente a la inflación, lo cual permitió su reducción en términos reales. Sobre el cierre del primer mes del año se dio a conocer el alcance de un entendimiento con el FMI sobre las líneas de política económica, lo que permitiría llegar a un acuerdo para la refinanciación de la deuda con dicho organismo.
Este entendimiento considera metas fiscales y monetarias para los próximos cuatro años, pero en principio no incluiría reformas estructurales de ningún tipo. En lo referido a las metas fiscales, consistiría en alcanzar un déficit primario con relación al PIB del 2,5% en 2022; 1,9% en 2023; 0,9% en 2024 y el equilibrio fiscal en 2025.
En lo monetario establecería un límite a la financiación por parte del BCRA del 1%, 0,6%, 0% en relación en los años 2022 a 2024. La pregunta que surge entonces es, ¿cuán alcanzable es la reducción del déficit primario que debería producirse en 2022 para cumplir con este entendimiento?
Una reducción de 0,5 puntos porcentuales del PBI no parecería ser una metan muy ambiciosa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 2022 no contará con los ingresos extraordinarios del Aporte Solidario y Extraordinario, así como tampoco aquellos referidos a los derechos de exportación de servicios (que fueron derogados en septiembre pasado con vigencia a partir del corriente año).
También es posible que los recursos provenientes de las liquidaciones del agro, que han sido muy altas el año pasado, se vean afectados por la menor cosecha consecuencia de la sequía; aunque este efecto podría verse compensado, al menos parcialmente, por mejores precios que permanecen altos respecto de sus valores históricos.
La apuesta oficial pareciera concentrarse en que los ingresos aumenten por un alza de la actividad económica y mayor eficacia recaudadora. Sin embargo, el inicio del año muestra un contexto internacional más desfavorable y, si bien el efecto arrastre podría dar un buen punto de partida para el crecimiento de la actividad, otros factores como la falta de reservas internacionales y las consecuentes mayores restricciones a las importaciones -al menos en la primera parte del año-; el impacto del clima y sus efectos sobre las restricciones energéticas -tal lo ocurrido en enero con la ola de calor- o el efecto Niña sobre el campo podrían limitar el desempeño económico en 2022.
