Para revertir este proceso se necesita un impulso inédito de la inversión en la economía, según sostiene el último informe de la consultora IDESA.
El INDEC informó el valor de la Canasta Básica Total (CBT) a diciembre del 2020. Esta canasta valora monetariamente el conjunto de bienes y servicios que las familias necesitan consumir para no ser consideradas pobres. También se conoce como la “Línea de Pobreza” en el sentido de que quienes tienen ingresos por debajo de dicho valor son considerados pobres.
Este valor varía según la composición y tamaño del grupo familiar. Usualmente se utiliza el valor de la CBT para una familia tipo. En diciembre del 2020, una familia tipo necesitó $54 mil para no ser pobre. Esto es casi un 40% superior a diciembre del 2019.
El valor de la CBT es un indicador muy útil para evaluar la situación social. Particularmente relevante es la comparación con los salarios, es decir, la principal fuente de ingresos de la población. Si los salarios crecen por encima de la CBT se produce un proceso de inclusión social. En sentido contrario, si los salarios aumentan por debajo de la CBT es de esperar un proceso de degradación social con aumentos de la pobreza.
Para evaluar la dinámica social de los últimos años resulta útil comparar la evolución de la CBT y el salario formal de la economía. Según datos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, se observa que, entre el 2017 y el 2020:
- La Canasta Básica Total o la Línea de Pobreza creció un 205%.
- La mediana de los salarios formales en el sector privado creció 150%.
- La inversión cayó un -41%.
Estos datos muestran que, desde que comenzó la actual crisis, la línea de pobreza viene creciendo bastante por encima del salario privado formal de la economía. Con estas tendencias no sorprende que el porcentaje de hogares pobres pasara de 20% a 30% entre el 2017 y el 2020. El factor clave que explica este proceso de degradación social es el desplome de la inversión. Al caer la inversión, se producen cada vez menos bienes y servicios, mientras que la población sigue creciendo demandando más de ellos. El ajuste se produce a través de salarios que alcanzan cada vez menos para comprar bienes y servicios.
El vínculo entre inversión y pobreza pone límites al rol del asistencialismo. En la medida que se reduce la inversión, el salario tiende a crecer menos que los precios llegando al punto en que la gente, aun consiguiendo trabajo, no logra salir de la pobreza. Por eso, las propuestas, que pululan en los discursos políticos, de que la salida de los planes asistenciales es el trabajo es puro voluntarismo.
Con baja inversión, no hay posibilidad de que los beneficiarios de programas asistenciales consigan un empleo que les permita salir de la pobreza. El planteo honesto es: con los bajos niveles actuales de inversión, el trabajo no saca de la pobreza, por lo tanto, el asistencialismo es a perpetuidad. Tampoco tiene sentido la idea de gravar a los que más tienen para redistribuir en nombre de la solidaridad. Si esto hace caer la inversión, la pobreza se multiplicará.
En el Presupuesto Nacional 2021 se presentan las proyecciones oficiales para la inversión en el período 2021 – 2023. Allí se estipula que la inversión crecerá un 18% en el 2021, un 10% en el 2022 y un 7% en el 2023. Se trata de metas muy modestas ya que implican que en el 2023 la inversión será un 10% menor que en el 2017. Esto significa que el salario real no será superior al de aquella época. Esto implica que habrá más degradación social sin ninguna posibilidad de revertir el asistencialismo.
Para que el empleo pueda reducir la pobreza es necesario un boom de inversiones. Esto demanda un ordenamiento integral del Estado. Por el contrario, si se sigue con el déficit fiscal crónico y la consecuente alta inflación, los pocos ahorros que no se fugan seguirán siendo prestados al Estado en bonos de corto plazo con altísimas tasas de interés. Mientras tanto, el salario real seguirá cayendo y la pobreza aumentando.
