Pampuro: “dos mil militares podrían volver a ser juzgados”
El ministro de Defensa ratificó que esa cantidad de militares pueden ser juzgados nuevamente por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, a partir de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
“Unos dos mil militares, casi todos retirados, pueden ser
juzgados nuevamente, aunque también podría ser citado alguno en
actividad”, indicó Pampuro.
El ministro se pronunció de esa forma en declaraicones al
diario español El País, a partir de la promulgación de la norma
por la que fueron declaradas “insanablemente nulas” las
denominadas “leyes del perdón”.
Pampuro aseguró que los militares “están dispuestos” a ser
sometidos a la Justicia, aunque aclaró que lo “único que quieren”
es que el procedimiento “no se convierta en una caza de brujas” o
en “una persecución”.
El funcionario admitió que existe “preocupación” entre los
integrantes de las Fuerzas Armadas, pero destacó que “van a
colaborar con la justicia para cerrar definitivamente 30 años de
divisiones”.
Además, el ministro de Defensa aseguró que los “militares en
actividad” comprendieron “absolutamente la necesidad de terminar
con esto por el camino de la Justicia que ha elegido el
presidente” Néstor Kirchner.
Las declaraciones del ministro se conocieron justo en el día en
que el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el texto de
la norma por la cual el Congreso declaró “insanablemente nulas”
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La Ley 25.779 fue promulgada en la víspera por medio del
decreto 689 del Poder Ejecutivo y con su publicación entran en
vigencia sus efectos.
En esa norma, se indica en su artículo 1: “decláranse
insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521”, conocidas como de
Punto Final y Obediencia Debida.
Ahora, según se prevé, deberá ser la Corte Suprema la que
finalmente dictamine si las leyes que habían sido aprobadas
durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín -en 1986 y
1987- son válidas y si los responsables de violaciones a los
derechos humanos podrán ser juzgados.
Ya en la víspera, Pampuro había señalado que la Justicia
dirimirá “si algún hombre del sector militar tiene que quedar
detenido” o bien si no puede avanzarse en nuevos procesos porque
“la Corte determina que estas leyes (en referencia a las normas de
Obediencia Debida y Punto Final) son constitucionales”.
“Unos dos mil militares, casi todos retirados, pueden ser
juzgados nuevamente, aunque también podría ser citado alguno en
actividad”, indicó Pampuro.
El ministro se pronunció de esa forma en declaraicones al
diario español El País, a partir de la promulgación de la norma
por la que fueron declaradas “insanablemente nulas” las
denominadas “leyes del perdón”.
Pampuro aseguró que los militares “están dispuestos” a ser
sometidos a la Justicia, aunque aclaró que lo “único que quieren”
es que el procedimiento “no se convierta en una caza de brujas” o
en “una persecución”.
El funcionario admitió que existe “preocupación” entre los
integrantes de las Fuerzas Armadas, pero destacó que “van a
colaborar con la justicia para cerrar definitivamente 30 años de
divisiones”.
Además, el ministro de Defensa aseguró que los “militares en
actividad” comprendieron “absolutamente la necesidad de terminar
con esto por el camino de la Justicia que ha elegido el
presidente” Néstor Kirchner.
Las declaraciones del ministro se conocieron justo en el día en
que el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el texto de
la norma por la cual el Congreso declaró “insanablemente nulas”
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La Ley 25.779 fue promulgada en la víspera por medio del
decreto 689 del Poder Ejecutivo y con su publicación entran en
vigencia sus efectos.
En esa norma, se indica en su artículo 1: “decláranse
insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521”, conocidas como de
Punto Final y Obediencia Debida.
Ahora, según se prevé, deberá ser la Corte Suprema la que
finalmente dictamine si las leyes que habían sido aprobadas
durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín -en 1986 y
1987- son válidas y si los responsables de violaciones a los
derechos humanos podrán ser juzgados.
Ya en la víspera, Pampuro había señalado que la Justicia
dirimirá “si algún hombre del sector militar tiene que quedar
detenido” o bien si no puede avanzarse en nuevos procesos porque
“la Corte determina que estas leyes (en referencia a las normas de
Obediencia Debida y Punto Final) son constitucionales”.
