Nuevo fallo contra el corralito y la pesificación
Un nuevo fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad de todas las normas que consagraron el "corralito" financiero y el decreto de pesificación, en el marco de un amparo promovido por una ahorrista.
La Sala II de la Cámara dictó la inconstitucionalidad del
decreto 1570/01 -que inició el corralito-, el 214/02 de
pesificación y el 1316/02 que frenó las ejecuciones de medidas
cautelares por el plazo de 120 días hábiles.
La medida fue adoptada en el marco de un amparo promovido por
una ahorrista -Mariela Susana Pape- que tiene fondos depositados
en dólares en una caja de ahorro en el BankBoston.
La accionante -que además es abogada y ella misma impulsó la
presentación- había solicitado a la Justicia que como medida
cautelar se ordenara al banco que se le abone “el dinero en
efectivo” que depositó en dicha entidad, y luego amplíó demanda
peticionando la inconstitucionalidad de los decretos en cuestión.
La Cámara confirmó la resolución favorable que expidió la
Justicia en primera instancia en favor de Pape y consideró que las
normas “restringen, lesionan, alteran y amenazan con arbitrariedad
manifiesta derechos y garantías contemplados en la Cosntitución”
Nacional.
“El Estado se halla limitado por el respeto de los derechos
adquiridos ya que la situación jurídica individual del sujeto se
hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior sin
agravio del derecho de propiedad consagrado en el artículo 17” de
la Carta Magna.
Los jueces Héctor Damarco, María Inés de Contegrand y Marta
Herrera recordaron el “caso Smith” tratado por la Corte Suprema,
cuyos miembros declararon inconstitucional el corralito en favor
de un ahorrista haciendo hincapié en el “derecho de propiedad”.
En tanto estimaron que el Poder Legislativo luego de resguardar
los depósitos bancarios mediante una ley, dictó la normativa que
“estableció una restricción al uso y disposición de aquellos
depósitos” lo cual “amén de vulnerar la confianza que buscaron
generar, repugna los principios de seguridad jurídica”.
La Sala II de la Cámara dictó la inconstitucionalidad del
decreto 1570/01 -que inició el corralito-, el 214/02 de
pesificación y el 1316/02 que frenó las ejecuciones de medidas
cautelares por el plazo de 120 días hábiles.
La medida fue adoptada en el marco de un amparo promovido por
una ahorrista -Mariela Susana Pape- que tiene fondos depositados
en dólares en una caja de ahorro en el BankBoston.
La accionante -que además es abogada y ella misma impulsó la
presentación- había solicitado a la Justicia que como medida
cautelar se ordenara al banco que se le abone “el dinero en
efectivo” que depositó en dicha entidad, y luego amplíó demanda
peticionando la inconstitucionalidad de los decretos en cuestión.
La Cámara confirmó la resolución favorable que expidió la
Justicia en primera instancia en favor de Pape y consideró que las
normas “restringen, lesionan, alteran y amenazan con arbitrariedad
manifiesta derechos y garantías contemplados en la Cosntitución”
Nacional.
“El Estado se halla limitado por el respeto de los derechos
adquiridos ya que la situación jurídica individual del sujeto se
hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior sin
agravio del derecho de propiedad consagrado en el artículo 17” de
la Carta Magna.
Los jueces Héctor Damarco, María Inés de Contegrand y Marta
Herrera recordaron el “caso Smith” tratado por la Corte Suprema,
cuyos miembros declararon inconstitucional el corralito en favor
de un ahorrista haciendo hincapié en el “derecho de propiedad”.
En tanto estimaron que el Poder Legislativo luego de resguardar
los depósitos bancarios mediante una ley, dictó la normativa que
“estableció una restricción al uso y disposición de aquellos
depósitos” lo cual “amén de vulnerar la confianza que buscaron
generar, repugna los principios de seguridad jurídica”.
