Nueva propuesta de mediación para las ejecuciones
El senador nacional del PJ-Chubut, Marcelo Guinle, propuso este miércoles que los deudores hipotecarios bajo proceso de ejecución judicial puedan pedir la mediación de la justicia en la causa.
El proyecto, considerado por el legislador como “superador” del impulsado por el Poder Ejecutivo, fue presentado durante las últimas horas ante la Cámara Alta.
Guinle aseguró que la iniciativa prevé “la mediación a través de las denominadas Unidades de Emergencia Legales, en el ámbito de los ministerios de Trabajo y Producción”.
Por otra parte, el gobierno postergó hasta este jueves la publicación en el Boletín Oficial del decreto que establece un
plazo de entre 15 y 90 días para que los deudores hipotecarios
puedan renegociar los montos que adeuden con los acreedores.
En la Casa de Gobierno se informó que el presidente
Eduardo Duhalde firmó ayer a última hora, alrededor de las 23:00,
el decreto, pero no hubo “tiempo material” para publicarlo en el
Boletín Oficial.
Las fuentes aseguraron que el decreto lleva las firmas de los ministros de
Trabajo, Graciela Camaño; y de la Producción, Aníbal Fernández; y
del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, impulsor de la medida.
La ausencia del ministro de Economía, Roberto Lavagna, entre
los firmantes del decreto fue atribuida a su viaje a Washington,
que emprendió antes de que el Presidente rubricara la norma.
La alta fuente de la Casa Rosada consultada al respecto
descartó totalmente que exista un enfrentamiento con Lavagna, por
la sanción de la norma que es cuestionada por el Fondo Monetario
Internacional.
Se explicó que por el contrario fueron atendidos algunos
pedidos de Lavagna, expecíficamente que el régimen fuera
voluntario, para evitar cuestionamientos en las negociaciones que
mantiene en Washington con funcionarios del organismo
internacional de crédito.
Los cambios establecidos en el decreto plantean que la
mediación que se realizará a través de Unidades de Emergencia, que
pilotearán los Ministerios de Trabajo y de la Producción, tendrá
un plazo de 15 días para ser iniciada a partir de la intimación
del acreedor.
Cumplido ese requisito el deudor tendrá un plazo de 90 días
hábiles para negociar el pago de la deuda.
La norma es un decreto simple y no de necesidad y urgencia como
estaba previsto inicialmente, y no necesitará ratificación
parlamentaria para su aplicación dado su caracter “voluntarista”.
Los bancos no están obligados a respetar los plazos de
mediación y la norma tampoco suspende los plazos legales que dan
lugar a una posible ejecución judicial.
El Gobierno busca frenar más de 25.000 ejecuciones de hipotecas
de deudores morosos con el sistema financiero e impedir que los
bancos rematen las propiedades, campos o empresas de deudores
morosos.
El decreto pondrá en funcionamiento dos “unidades de
emergencia” para mediaciones obligatorias entre los acreedores
-los bancos- y los deudores, pymes y personas fisicas, y el
sistema será totalmente voluntario.
Lavagna había aclarado que “no habrá ninguna medida de carácter
forzado, porque la emergencia económica ya terminó y ese tipo de
decisiones también”, reafirmando el carácter voluntario del
sistema para evitar cuestionamientos del FMI.
Aseguró también que los posibles remates de viviendas o
empresas por deudas “tiene un impacto social pero no tan grande
como algunos dicen”.
El titular de Hacienda aclaró también que “hay que distinguir a
la gente que no puede pagar, y otros que tienen cinco años de
deudores”.
El proyecto, considerado por el legislador como “superador” del impulsado por el Poder Ejecutivo, fue presentado durante las últimas horas ante la Cámara Alta.
Guinle aseguró que la iniciativa prevé “la mediación a través de las denominadas Unidades de Emergencia Legales, en el ámbito de los ministerios de Trabajo y Producción”.
Por otra parte, el gobierno postergó hasta este jueves la publicación en el Boletín Oficial del decreto que establece un
plazo de entre 15 y 90 días para que los deudores hipotecarios
puedan renegociar los montos que adeuden con los acreedores.
En la Casa de Gobierno se informó que el presidente
Eduardo Duhalde firmó ayer a última hora, alrededor de las 23:00,
el decreto, pero no hubo “tiempo material” para publicarlo en el
Boletín Oficial.
Las fuentes aseguraron que el decreto lleva las firmas de los ministros de
Trabajo, Graciela Camaño; y de la Producción, Aníbal Fernández; y
del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, impulsor de la medida.
La ausencia del ministro de Economía, Roberto Lavagna, entre
los firmantes del decreto fue atribuida a su viaje a Washington,
que emprendió antes de que el Presidente rubricara la norma.
La alta fuente de la Casa Rosada consultada al respecto
descartó totalmente que exista un enfrentamiento con Lavagna, por
la sanción de la norma que es cuestionada por el Fondo Monetario
Internacional.
Se explicó que por el contrario fueron atendidos algunos
pedidos de Lavagna, expecíficamente que el régimen fuera
voluntario, para evitar cuestionamientos en las negociaciones que
mantiene en Washington con funcionarios del organismo
internacional de crédito.
Los cambios establecidos en el decreto plantean que la
mediación que se realizará a través de Unidades de Emergencia, que
pilotearán los Ministerios de Trabajo y de la Producción, tendrá
un plazo de 15 días para ser iniciada a partir de la intimación
del acreedor.
Cumplido ese requisito el deudor tendrá un plazo de 90 días
hábiles para negociar el pago de la deuda.
La norma es un decreto simple y no de necesidad y urgencia como
estaba previsto inicialmente, y no necesitará ratificación
parlamentaria para su aplicación dado su caracter “voluntarista”.
Los bancos no están obligados a respetar los plazos de
mediación y la norma tampoco suspende los plazos legales que dan
lugar a una posible ejecución judicial.
El Gobierno busca frenar más de 25.000 ejecuciones de hipotecas
de deudores morosos con el sistema financiero e impedir que los
bancos rematen las propiedades, campos o empresas de deudores
morosos.
El decreto pondrá en funcionamiento dos “unidades de
emergencia” para mediaciones obligatorias entre los acreedores
-los bancos- y los deudores, pymes y personas fisicas, y el
sistema será totalmente voluntario.
Lavagna había aclarado que “no habrá ninguna medida de carácter
forzado, porque la emergencia económica ya terminó y ese tipo de
decisiones también”, reafirmando el carácter voluntario del
sistema para evitar cuestionamientos del FMI.
Aseguró también que los posibles remates de viviendas o
empresas por deudas “tiene un impacto social pero no tan grande
como algunos dicen”.
El titular de Hacienda aclaró también que “hay que distinguir a
la gente que no puede pagar, y otros que tienen cinco años de
deudores”.
