No adoptaron las medidas necesarias tras el 11 de septiembre
Así dictamina, a más de cuatro años de los ataques terroristas contra Manhattan y el Pentágono, la comisión especial creada en 2002. Sus integrantes sostienen que Estados Unidos sigue expuesto al terrorismo organizado.
A criterio del grupo, medidas como la “ley patriótica” –su vigencia acaba de ser prolongada por una legislatura acrítica- o la creación de un departamento para seguridad interna no son realmente útiles ni prácticas. En rigor, este informe final recoge análisis incluidos en un documento preliminar, conocido en 2004.
Por ejemplo, Washington “debiera dar prioridad a impedir que armas de destrucción masiva (ADM) vayan a manos de terroristas. También es preciso mejorar la reacción orgánica ante desastres, inclusive naturales”. Fuera del informe, los panelistas temen que “los terroristas vuelvan a golpear”, señalaba Thomas Kean, ex presidente del comité. “Si lo hacen y, entretanto, nuestras recomendaciones han caído en saco roto ¿qué excusas tendrán?, se preguntaba el dirigente republicano.
“Mientras el terrorismo organizado aprende y se adapta, el gobierno norteamericano va a paso de oso”, agregó ante los periodistas. Disuelta formalmente hace un tiempo, la comisión ha sido reemplazada por un panel que solventa el sector privado. Su integración refleja la paridad entre republicanos y demócratas, resuelta en 2002 por el poder ejecutivo federal.
Desde hoy, su función esencial será evaluar periódicamente si se cumplen sus recomendaciones y hasta qué grado. Eso explica la prioridad otorgada a las ADM, como lo reconoce el ex vicepresidente del comité, Lee Hamilton, un demócrata.
A criterio de Kean, las calificaciones al gobierno y el congreso oscilan entre dos y cinco, en una escala de diez puntos, cuando se sopesa lo hecho inmediatamente después de los ataques. “Resultaba escandaloso –añade el republicano- que ni siquiera hubiese equipos adecuados de comunicación. O que las listas de pasajeros de aerolíneas comerciales no fueran comparadas con las de terroristas conocidos. En cuanto a los fondos para seguridad interna, se han asignado según prioridades de politiquería, no según los riesgos. Así quedó claro después del huracán Katrina”.
A criterio del grupo, medidas como la “ley patriótica” –su vigencia acaba de ser prolongada por una legislatura acrítica- o la creación de un departamento para seguridad interna no son realmente útiles ni prácticas. En rigor, este informe final recoge análisis incluidos en un documento preliminar, conocido en 2004.
Por ejemplo, Washington “debiera dar prioridad a impedir que armas de destrucción masiva (ADM) vayan a manos de terroristas. También es preciso mejorar la reacción orgánica ante desastres, inclusive naturales”. Fuera del informe, los panelistas temen que “los terroristas vuelvan a golpear”, señalaba Thomas Kean, ex presidente del comité. “Si lo hacen y, entretanto, nuestras recomendaciones han caído en saco roto ¿qué excusas tendrán?, se preguntaba el dirigente republicano.
“Mientras el terrorismo organizado aprende y se adapta, el gobierno norteamericano va a paso de oso”, agregó ante los periodistas. Disuelta formalmente hace un tiempo, la comisión ha sido reemplazada por un panel que solventa el sector privado. Su integración refleja la paridad entre republicanos y demócratas, resuelta en 2002 por el poder ejecutivo federal.
Desde hoy, su función esencial será evaluar periódicamente si se cumplen sus recomendaciones y hasta qué grado. Eso explica la prioridad otorgada a las ADM, como lo reconoce el ex vicepresidente del comité, Lee Hamilton, un demócrata.
A criterio de Kean, las calificaciones al gobierno y el congreso oscilan entre dos y cinco, en una escala de diez puntos, cuando se sopesa lo hecho inmediatamente después de los ataques. “Resultaba escandaloso –añade el republicano- que ni siquiera hubiese equipos adecuados de comunicación. O que las listas de pasajeros de aerolíneas comerciales no fueran comparadas con las de terroristas conocidos. En cuanto a los fondos para seguridad interna, se han asignado según prioridades de politiquería, no según los riesgos. Así quedó claro después del huracán Katrina”.
