De cada enero de los últimos cinco años, el primer mes de 2020 resultó el único con déficit primario, estimado en 0,16 puntos del PIB, guarismo que compara con un superávit primario de 0,92 puntos del PIB en 2019.
Para 2020, se estima que el cambio de fórmula en el sistema de jubilaciones y pensiones implicará un ahorro de 0,45 puntos de PIB en relación al gasto que se hubiera producido de haberse mantenido el sistema indexatorio anterior, según afirma el último informe económico del IERAL, el instituto económico de la Fundación Astori.
De todos modos, el gasto en prestaciones sociales aumentaría de 11,19% puntos del PIB en 2019 a 11,44 % en 2020, debido a los incrementos previstos en Asignación Universal (0,21% del PIB) y los originados en la Tarjeta Alimentaria (0,17% del PIB).
Partiendo de un déficit primario de 0,44% de PIB en 2019 y computando un plus de 3 puntos en los derechos de exportación sobre el complejo sojero (aún no formalizado), se tienen tres escenarios para el resultado primario de 2020: en caso de que el gasto público por fuera de Seguridad Social y Subsidios Económicos aumente 10 puntos por encima de la inflación, el déficit primario pasaría a 0,68% del PIB; ese rojo se achicaría a 0,25% del PIB si aquellas erogaciones subieran igual que la inflación; pero podría darse un superávit primario de 0,18% del PIB, en caso que aquel segmento de gasto aumente 10 puntos menos que la inflación.
Se considera que el anuncio de posponer hasta 2023 la obtención de superávit primario, resulta una señal negativa en términos de “economía política”. Para apuntar a una verdadera sustentabilidad y a una resolución perdurable del problema de la deuda, entonces debería plantearse un sendero más ambicioso. Si la Argentina se compromete a una regla por la que el gasto primario aumenta a la par de la inflación a partir de 2020 y si, además, a partir de 2021 se reduce a un ritmo del 0,3% del PIB el gasto en subsidios económicos, en ese escenario podría lograrse un superávit primario de 2,32% del PIB para 2023, haciendo factible una baja sustancial del riesgo país, con lo que esto implica para la necesaria recuperación de la inversión privada.
