Nunca hubo una presión impositiva tan elevada y tan concentrada en el gobierno nacional. Esta centralización impacta en la política, como lo prueba la forma en que se definió la mayoría de los candidatos para las próximas elecciones.
En la conformación de las listas de candidatos del oficialismo resalta la potente influencia del Poder Ejecutivo nacional. Se llegó al extremo de que hasta candidaturas de ciudades ignotas del interior se decidieran en la Capital Federal. Con matices, la centralización de decisiones también prevalece en la oposición, reflexiona el informe Número 605 del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa).
Como consecuencia de este proceso, los ciudadanos de todo el país dispondrán de una oferta de candidatos que en la gran mayoría de los casos fueron decididos muy lejos del lugar donde viven.
Iniciativas, candidatos o espacios políticos del interior tienen escasa participación.
La concentración de decisiones en el nivel central es un fenómeno histórico en la Argentina. Aunque tiene muchas raíces, está muy asociado a la forma en que se distribuye la recaudación de impuestos nacionales entre el gobierno central y los gobiernos provinciales.
Por eso, resulta pertinente observar como cambió dicha distribución en la última década.
Según datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, entre 2004 y 2014 se observaron los siguientes cambios:
- La recaudación de impuestos nacionales pasó de 18% a 26% del producto bruto interno (PBI) o sea subió 8 puntos porcentuales del PBI.
- De este aumento de la recaudación impositiva, sólo el 27% o sea 2 puntos porcentuales del PBI se distribuyeron de manera automática a las provincias.
- Los restantes 73% o 6 puntos porcentuales del PBI que aumentó la recaudación de impuestos nacionales fueron apropiados por el gobierno nacional.
Estos datos muestran que los argentinos –de todo el país– nunca pagaron tantos impuestos como en la actualidad.
Pero 3 de cada 4 pesos del crecimiento de la recaudación fue apropiado por el gobierno nacional. Se trata de un descomunal aumento de la concentración de recursos en el gobierno central que tiene fuertes impactos sobre el funcionamiento del sector público y en la dinámica de la política.
Por un lado, la centralización de recursos fiscales desvirtúa los mecanismos de participación política. Se ha llega a un nivel tan extremo de degradación institucional que el éxito de un gobernador o intendente depende menos de su idoneidad y honestidad que de su capacidad para congraciarse con los funcionarios del gobierno nacional. Ante reglas tan perversas, la ciudadanía acepta y promueve la pasividad de las dirigencia locales frente al centralismo nacional.
Por ello, en lugar de exigir una distribución más equitativa de los recursos fiscales, las dirigencias provinciales optan por el camino más cómodo de confiar en la benevolencia del gobierno nacional más que en las propias capacidades para ejercer las responsabilidades que la Constitución Nacional le impone.
Por otro lado, la centralización de recursos fiscales trastoca la organización del sector público.
Las provincias e intendencias son responsables de gestionar los principales servicios públicos, como educación básica, salud pública, justicia, seguridad, infraestructura urbana y servicios de vivienda.
La paradoja de que nunca se pagó tantos impuestos pero los servicios públicos no mejoran y en muchos casos se deterioran se explica, en su mayor parte, porque los recursos están centralizados en el nivel nacional pero las responsabilidades por la gestión están descentralizadas en los gobiernos locales.
Hay que asumir que no hay ministro de educación nacional, por idóneo y bien intencionado que sea, que pueda mejorar la educación si las provincias no cuentan con los recursos para financiar las escuelas. Lo mismo ocurre con la salud, seguridad, justica y obras públicas para el desarrollo de la infraestructura y vivienda.
En la prevalencia de candidatos elegidos desde el nivel central para las próximas elecciones subyace la desequilibrada distribución de recursos públicos entre la nación y las provincias.
Una institucionalidad más consistente con el desarrollo sostenido y geográficamente más equilibrado exige reglas de distribución automática de la recaudación impositiva más coherentes con la descentralización de funciones que prevé el régimen federal.
Presión impositiva nacional y distribución entre nación y provincias
(en porcentales del PBI)
