Moreno oficiará de sheriff del poder adquisitivo en paritarias

El secretario de Comercio reasume un rol protagónico en la redistribución del ingreso, ya que el control de los precios y la inflación que reconozca el Indec son los pilares del acuerdo entre la CGT y el gobierno, con vistas a las convenciones colectiv

23 enero, 2008

Las claves de las negociaciones en una economía que no resistirá
fuertes ajustes salariales son las condiciones de trabajo que se pacten y la defensa
del poder adquisitivo de las remuneraciones.

La fijación de una banda de referencia para encuadrar los aumentos pretendidos
por la dirigencia sindical no será fácil de aplicar, como tampoco
la extensión de los acuerdos por encima de los seis meses pretendidos
por el sector obrero.

La única carta que se les ocurrió poner sobre la mesa a la cúpula
de la CGT y a la Casa Rosada para allanar este requisito tiene nombre y apellido:
Guillermo Moreno.

El secretario de Comercio es muy bien visto por el líder de la CGT,
Hugo Moyano, al punto que hasta han hecho operativos juntos en ambientes difíciles,
como el frigorífico. Uno iba por los precios y el otro, por los afiliados
para pasar a su coto de caza, el camionero.

La canasta de los supermercados, que es el indicador que pidió Moyano
para medir la capacidad de compra de los trabajadores, es accesible a los designios
del rudo funcionario, ya que las continuas combinaciones de ofertas y listados
arrojan promedios difíciles de sistematizar, además que las cadenas
son permeables al llamado telefónico “de arriba” para acomodar
las listas.

Los repositores saben bien que los jueves y viernes remarcan y los lunes se
liquida con ofertas y descuentos por convenios con las tarjetas. Dentro de ese
vaivén, el seguimiento lineal se torna engorroso.

De algún modo, la propuesta sindical de guiarse por los precios del
supermercado implica una privatización del índice de inflación
que excluye esparcimiento, alquileres, turismo, etc, contemplados en la cuestionada
ponderación oficial que hacía el Indec.

Moreno sugirió a Cristina Kirchner que no se menee el tema del nuevo
índice que elaboró el Indec bajo su intervención, porque
quedarán al descubierto las manipulaciones que efectuara mientras convivían
ambos métodos, en pleno conflicto con los técnicos que resistían
la presencia amenazante del secretario de Comercio.

La renovación en la CGT

Las preocupaciones de la dirigencia sindical no se agotan en el bolsillo de
sus representados. Aunque mantengan diferencias por los espacios de poder que
se renovarán a mediados de año, tanto Moyano, como Luis Barrionuevo,
los Gordos, Gerardo Martínez o Antonio Calo convergen en el interés
de que el gobierno limpie la deuda de las obras sociales, que suman unos $ 1.000
millones, igual que hiciera Kirchner con deudas previsionales de un monto similar.

La pelea política de los popes está dada, en el diálogo
con el poder, según el lugar de la mesa en que sean ubicados, en los
estamentos donde se hacen los contactos y en el acceso más o menos directo
al sillón principal de la Casa Rosada. Moyano presumía de tener
línea abierta por celular con Néstor Kirchner y ahora trata de
restablecer la automaticidad con Cristina, quien ya lo recibió informalmente
en la quinta de Olivos.

La razón de tal proximidad es el temor presidencial a que el camionero
paralice el país y obstruya las rutas, en caso de echárselo en
contra. La “corrida con la parada” ha empezado a diluirse con el tiempo
y Moyano recluta en su foja de servicios a menos aliados que enemigos. Tampoco
fue un buen antecedente como muestra de poder su fracaso cuando intentó
soliviantar al titular de APLA para obligar al gremio de los pilotos a firmar
una paz social con Aerolíneas Argentinas. Se topó con un comandante
de aviones comerciales, como Pérez Tamayo, que por más atildada
que luzca su figura y más fragancia importada que use, no arrugó
frente al tosco camionero.

Juegan con él: el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), Omar
Viviani (taxistas), Smata (mecánicos), Sutecba (municipales porteños)
y los portuarios (la Federación Marítima y Portuaria, y el Sindicato
de Obreros Marítimos Unidos, SOMU).

En contra: Armando Cavalieri (Comercio), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), José
Pedraza (Unión Ferroviaria) y Carlos West Ocampo (Sanidad); Andrés
Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luís
Lingeri (Obras Sanitarias); y el barrionuevismo, Vicente Mastrocola (Plásticos),
Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Fabián Hermoso (Plásticos).
Fundamentalmente, la Central de Trabajadores Argentinos es la principal amenaza
de Moyano, ya que presiona para obtener la personería gremial que dividirá
aportes estatales con la CGT.

El acercamiento de Cristina Kirchner a Moyano fue la consecuencia de una negociación
que mantuviera su esposo Néstor con el dirigente, de resultas de la cual
se acordará un techo salarial inferior al 20 % para los convenios colectivos
que se empiezan a discutir el mes que viene.

El punto en cuestión es la duración de los tratos que se cierren
dentro de la pauta, que para los sindicalistas deberían ser revisados
a partir de agosto próximo. La posición del gobierno es que rijan
por más de un año.

Lo que esgrime el sector obrero es que el año pasado hubo un desequilibrio
entre sueldos e inflación que hizo que varias organizaciones obtuvieran
a fin de año un plus salarial no remunerativo para compensar el deterioro.

Las claves de las negociaciones en una economía que no resistirá
fuertes ajustes salariales son las condiciones de trabajo que se pacten y la defensa
del poder adquisitivo de las remuneraciones.

La fijación de una banda de referencia para encuadrar los aumentos pretendidos
por la dirigencia sindical no será fácil de aplicar, como tampoco
la extensión de los acuerdos por encima de los seis meses pretendidos
por el sector obrero.

La única carta que se les ocurrió poner sobre la mesa a la cúpula
de la CGT y a la Casa Rosada para allanar este requisito tiene nombre y apellido:
Guillermo Moreno.

El secretario de Comercio es muy bien visto por el líder de la CGT,
Hugo Moyano, al punto que hasta han hecho operativos juntos en ambientes difíciles,
como el frigorífico. Uno iba por los precios y el otro, por los afiliados
para pasar a su coto de caza, el camionero.

La canasta de los supermercados, que es el indicador que pidió Moyano
para medir la capacidad de compra de los trabajadores, es accesible a los designios
del rudo funcionario, ya que las continuas combinaciones de ofertas y listados
arrojan promedios difíciles de sistematizar, además que las cadenas
son permeables al llamado telefónico “de arriba” para acomodar
las listas.

Los repositores saben bien que los jueves y viernes remarcan y los lunes se
liquida con ofertas y descuentos por convenios con las tarjetas. Dentro de ese
vaivén, el seguimiento lineal se torna engorroso.

De algún modo, la propuesta sindical de guiarse por los precios del
supermercado implica una privatización del índice de inflación
que excluye esparcimiento, alquileres, turismo, etc, contemplados en la cuestionada
ponderación oficial que hacía el Indec.

Moreno sugirió a Cristina Kirchner que no se menee el tema del nuevo
índice que elaboró el Indec bajo su intervención, porque
quedarán al descubierto las manipulaciones que efectuara mientras convivían
ambos métodos, en pleno conflicto con los técnicos que resistían
la presencia amenazante del secretario de Comercio.

La renovación en la CGT

Las preocupaciones de la dirigencia sindical no se agotan en el bolsillo de
sus representados. Aunque mantengan diferencias por los espacios de poder que
se renovarán a mediados de año, tanto Moyano, como Luis Barrionuevo,
los Gordos, Gerardo Martínez o Antonio Calo convergen en el interés
de que el gobierno limpie la deuda de las obras sociales, que suman unos $ 1.000
millones, igual que hiciera Kirchner con deudas previsionales de un monto similar.

La pelea política de los popes está dada, en el diálogo
con el poder, según el lugar de la mesa en que sean ubicados, en los
estamentos donde se hacen los contactos y en el acceso más o menos directo
al sillón principal de la Casa Rosada. Moyano presumía de tener
línea abierta por celular con Néstor Kirchner y ahora trata de
restablecer la automaticidad con Cristina, quien ya lo recibió informalmente
en la quinta de Olivos.

La razón de tal proximidad es el temor presidencial a que el camionero
paralice el país y obstruya las rutas, en caso de echárselo en
contra. La “corrida con la parada” ha empezado a diluirse con el tiempo
y Moyano recluta en su foja de servicios a menos aliados que enemigos. Tampoco
fue un buen antecedente como muestra de poder su fracaso cuando intentó
soliviantar al titular de APLA para obligar al gremio de los pilotos a firmar
una paz social con Aerolíneas Argentinas. Se topó con un comandante
de aviones comerciales, como Pérez Tamayo, que por más atildada
que luzca su figura y más fragancia importada que use, no arrugó
frente al tosco camionero.

Juegan con él: el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), Omar
Viviani (taxistas), Smata (mecánicos), Sutecba (municipales porteños)
y los portuarios (la Federación Marítima y Portuaria, y el Sindicato
de Obreros Marítimos Unidos, SOMU).

En contra: Armando Cavalieri (Comercio), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), José
Pedraza (Unión Ferroviaria) y Carlos West Ocampo (Sanidad); Andrés
Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luís
Lingeri (Obras Sanitarias); y el barrionuevismo, Vicente Mastrocola (Plásticos),
Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Fabián Hermoso (Plásticos).
Fundamentalmente, la Central de Trabajadores Argentinos es la principal amenaza
de Moyano, ya que presiona para obtener la personería gremial que dividirá
aportes estatales con la CGT.

El acercamiento de Cristina Kirchner a Moyano fue la consecuencia de una negociación
que mantuviera su esposo Néstor con el dirigente, de resultas de la cual
se acordará un techo salarial inferior al 20 % para los convenios colectivos
que se empiezan a discutir el mes que viene.

El punto en cuestión es la duración de los tratos que se cierren
dentro de la pauta, que para los sindicalistas deberían ser revisados
a partir de agosto próximo. La posición del gobierno es que rijan
por más de un año.

Lo que esgrime el sector obrero es que el año pasado hubo un desequilibrio
entre sueldos e inflación que hizo que varias organizaciones obtuvieran
a fin de año un plus salarial no remunerativo para compensar el deterioro.

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