El Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano abordó en su último informe las implicancias fiscales del principio de entendimiento con el staff técnico del FMI.
Con relación al gasto público, desde el CENE se indicó que un reciente estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) concluyó que “sólo el 10% del gasto de la Administración Pública Nacional tiene flexibilidad”.
Dicho porcentaje representa la única porción de gasto posible de recortar o reasignar sin afectar los salarios públicos y las jubilaciones. “Esta proporción ha venido disminuyendo en los últimos años, tornando el gasto público cada vez más rígido y reduciendo el margen de acción para reducirlo o reordenarlo”, sostiene en ese sentido Víctor Beker, director del CENE.
“En efecto, durante el período comprendido entre 2010 y 2021, los gastos rígidos, mayoritariamente compuestos por jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda y asignaciones familiares, entre otros, fueron aumentado su peso en el presupuesto, alcanzando un máximo del 80% en 2019, tras tocar un mínimo del 57,9% en 2014”, rememoró el economista.
“Según la estimación de la OPC, en 2021, los gastos con rigidez alta afectaron aproximadamente al 63,6% del gasto total; los clasificados como de rigidez media participaron con el 24,8%, y el resto, es decir el 11,5%, correspondió a aquellos gastos más factibles de reasignar.
Estrictamente, si nos limitamos a los gastos clasificados como sin rigidez y con fuentes de financiamiento sin afectación, sobre los que el Gobierno tiene mayor margen de acción, éstos representaron apenas el 9,8% del gasto total”, completa el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano.
