Por Daniel Artana (*)
Luego de varios días de discusiones, el gobierno llegó a un acuerdo con el Staff técnico del FMI. Este era un requisito previo para que el Directorio del organismo multilateral proceda a analizar si aprueba el desembolso previsto de US$ 7500 millones a finales de agosto.
Este monto incluye tanto el que estaba pautado para junio -que se demoró porque la Argentina no cumplió ninguna de las tres metas pactadas (fiscal, reservas y de emisión para financiar al fisco)- como el que se debería concretar en septiembre.
Existe bastante incertidumbre respecto a qué deberá hacer el gobierno post PASO antes de que el FMI gire los fondos, pero sí hay certeza de que se pagarán US$ 3400 millones con el remanente del primer tramo del préstamo bilateral del Banco Central de China al BCRA y con un préstamo contingente de la CAF que se devolverá cuando se reciba el dinero del FMI. De todas maneras, en la medida en que la CAF aceptó aportar un financiamiento transitorio es razonable esperar que la probabilidad de que el FMI no gire los fondos a finales de agosto es muy baja.
Las medidas ya adoptadas incluyen una devaluación fiscal para algunos bienes y servicios, que alcanzan a cerca de la mitad del volumen que se cursa por el mercado oficial de cambios. El promedio ponderado por volumen representa una devaluación puntual del orden del 7%, que va desde 0% para varias exportaciones e importaciones que no están alcanzadas por las nuevas medidas, hasta 25% para las importaciones de servicios (excluidos fletes que sufrieron un recargo menor, de 7.5%). Además, el gobierno se comprometió a mantener una tasa real de interés positiva, a cumplir la meta fiscal de déficit primario de 1.9% del PIB y a acumular US$ 1000 millones de reservas. La reducción de la tasa de inflación a 6% observada en junio no requiere, al menos por ahora, de cambios en la tasa de política monetaria. Pero en materia fiscal y de reservas, el objetivo parece inalcanzable.
El déficit primario del primer semestre del año fue del orden de 2.8% del PIB. Para alcanzar la meta anual, debería reducirse en la segunda mitad del año a 1% del PIB, cuando lo habitual es que el déficit sea mayor en el segundo semestre que en el primero. La devaluación fiscal y los anticipos del impuesto a las ganancias aportarían al gobierno nacional 0.5% del PIB de mayores ingresos, pero el gasto primario debería reducirse algo más de un punto del PIB para poder llegar al objetivo, lo cual parece inalcanzable aún si no se lanza un nuevo “Plan Platita”.
El desequilibrio fiscal será, entonces, mayor al previsto, lo que presionará al BCRA para emitir más en un contexto donde ya debe hacerlo para evitar un incumplimiento de los vencimientos de deuda local. El nuevo objetivo de acumulación de reservas tampoco podría alcanzarse. Requiere que el stock de reservas netas a finales de año llegue a US$ 3300 millones, cuando a finales de julio (antes del pago al FMI) era negativo en alrededor de US$ 7.200 millones. Si se contempla el desembolso del FMI de US$ 7500 millones, la devolución del préstamo a la CAF y los pagos/desembolsos previstos al FMI de acá a finales de año como si ocurrieran todos a comienzos de agosto, las reservas netas serían incluso más negativas que las estimadas para fines de julio.
Entonces, el BCRA debería acumular cerca de US$ 12.000 millones en cinco meses para alcanzar la meta acordada, suponiendo que el gobierno cumple con los pagos previstos al FMI en ese lapso. En resumen, el acuerdo evita que el país entre en default con el FMI, pero no aporta financiamiento extra en el año, ni resulta en un programa que permita anclar las expectativas, paso necesario para poder lograr una reducción sostenida de la tasa de inflación.
El gobierno que asuma el 10 de diciembre tendrá la tarea ardua de armar un programa de estabilización y de reformas estructurales que permitan erradicar la inflación extravagante de los últimos años y siente las bases para que se pueda aprovechar el enorme potencial de la economía argentina. No será una tarea fácil porque, además de las resistencias de grupos de presión a perder sus privilegios, habrá que hacer frente al endeudamiento que ha tomado el gobierno actual, reflejado no sólo en un aumento en la deuda pública, sino también por haber dilapidado las reservas del BCRA, haber tomado préstamos de China y haber forzado al sector privado a postergar pagos de importaciones y adelantar exportaciones. Semejante herencia requiere de un programa económico contundente que despeje las dudas de los inversores internacionales, pero sobre todo de los argentinos.
(*) Economista jefe de FIEL.
