Mayor presencia del Estado para controlar a las privatizadas
El nuevo marco regulatorio para los servicios públicos contempla un alto protagonismo del Estado, con severos controles sobre las empresas que fueron privatizadas.
Esto es así de acuerdo a un
proyecto que el Ministerio de Planificación Federal le encargó a
la Facultad Latinoamericada de Ciencias Sociales (FLACSO).
Esa iniciativa dispone que las concesionarias no podrán
endeudarse sin el visto bueno estatal, tendrán que aceptar una
revisión de los contratos y estarán obligadas a prestar los
servicios sin interrupciones, de acuerdo con los aspectos que
trascendieron del proyecto.
Además, obliga a las empresas a renunciar a la jurisdicción
internacional para resolver un litigio, crea la tarifa social
subsidiada, permite la rescisión sin causa del contrato, apunta a
rebajas tarifarias y promueve el desarrollo de una red de
prestadores y proveedores nacionales.
El proyecto, que sería girado al Congreso próximamente, fue
elaborado para resolver “la asignatura pendiente de restituir al
Estado el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones”, según
consta en uno de sus párrafos.
En consecuencia, delimita su alcance a los sectores de agua,
gas, energía, rutas, aeropuertos, servicios postales, transporte
aerocomercial, terrestre y ferroviario de pasajeros y cargas y
vías fluviales.
Pero deja afuera a la producción de petróleo, que tendrá una
regulación específica.
Si el Congreso aprueba el proyecto elaborado por FLACSO, habrá
finalmente un nuevo marco para legitimar la renegociación de los
contratos con las empresas de servicios públicos.
Esto es así de acuerdo a un
proyecto que el Ministerio de Planificación Federal le encargó a
la Facultad Latinoamericada de Ciencias Sociales (FLACSO).
Esa iniciativa dispone que las concesionarias no podrán
endeudarse sin el visto bueno estatal, tendrán que aceptar una
revisión de los contratos y estarán obligadas a prestar los
servicios sin interrupciones, de acuerdo con los aspectos que
trascendieron del proyecto.
Además, obliga a las empresas a renunciar a la jurisdicción
internacional para resolver un litigio, crea la tarifa social
subsidiada, permite la rescisión sin causa del contrato, apunta a
rebajas tarifarias y promueve el desarrollo de una red de
prestadores y proveedores nacionales.
El proyecto, que sería girado al Congreso próximamente, fue
elaborado para resolver “la asignatura pendiente de restituir al
Estado el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones”, según
consta en uno de sus párrafos.
En consecuencia, delimita su alcance a los sectores de agua,
gas, energía, rutas, aeropuertos, servicios postales, transporte
aerocomercial, terrestre y ferroviario de pasajeros y cargas y
vías fluviales.
Pero deja afuera a la producción de petróleo, que tendrá una
regulación específica.
Si el Congreso aprueba el proyecto elaborado por FLACSO, habrá
finalmente un nuevo marco para legitimar la renegociación de los
contratos con las empresas de servicios públicos.
