Las posibilidades de la gente para cumplir con el confinamiento son muy diferentes. La caótica aglomeración de jubilados y beneficiarios asistenciales en los bancos y el menor cumplimiento entre los trabajadores informales, lo demuestra, sostiene el último informe de la consultora IDESA.
En medio de estrictas reglas de aislamiento, jubilados y beneficiarios de ayudas sociales se agolparon en la puerta de los bancos para cobrar sus beneficios. Se trata de una grave contradicción que mientras muchas personas jóvenes son privadas de la posibilidad de ir a trabajar y estudiar produciendo enormes costos productivos y sociales, una gran cantidad de personas altamente vulnerables al virus, como los adultos mayores, quede expuesta al contagio.
Mas allá de la imprevisión de los funcionarios, el hecho responde a cuestiones más de fondo e importantes. Por un lado, desnuda la obsolescencia de un sistema de pagos basado en el uso de dinero en efectivo. También pone en evidencia las consecuencias de ejecutar cientos de programas asistenciales caóticamente superpuestos. En una mirada más coyuntural es una manifestación palpable de que es inviable seguir extendiendo el confinamiento con los niveles de rigidez actual.
Es difícil medir el nivel de cumplimiento del confinamiento. Pero información publicada por Google sobre movilidad hacia lugares de trabajo combinados con datos del INDEC sobre mercado laboral arrojan luz sobre el tema. Según estas fuentes se observa que:
● En CABA y las provincias del Sur, donde sólo el 30% de quienes trabajan lo hacen en la informalidad, el 66% se ausentó del trabajo por confinamiento.
● En las provincias de la región Centro, donde la informalidad es del 48%, el ausentismo por confinamiento baja a 59%.
● En las provincias del Norte, región en la que la incidencia de la informalidad llega al 53%, sólo el 46% se ausentó del trabajo por confinamiento.
Estos datos son muy sugerentes. En las regiones con menor incidencia de la informalidad (incluyendo como tal a no profesionales que trabajan por su cuenta y asalariados no registrados), dos tercios de los trabajadores cumplieron con el confinamiento.
En el norte del país, en cambio, donde la informalidad es muy masiva, menos de la mitad cumplió. Además, hay que tener en cuenta que en el Norte la proporción de empleados públicos es alta, cuya tendencia al confinamiento seguramente es más elevada. De manera que, entre los informales del Norte, la violación al confinamiento estaría siendo muy generalizada.
Estas evidencias señalan que extender el aislamiento con la rigidez actual llevará a un desconfinamiento espontáneo y anárquico como el de las jubilaciones. No hay que perder de vista que la mitad de los trabajadores de la Argentina son informales y, para la gran mayoría, no trabajar implica quedarse sin ingresos para la subsistencia de su familia.
Una visión del mercado laboral y de la obediencia al confinamiento muy sesgada por la realidad de Ciudad de Buenos Aires, lleva a ignorar que en el interior hay situaciones muy heterogéneas en cuanto a posibilidades de cumplir con el aislamiento.
La situación laboral y social de todo el país marca la importancia de avanzar rápidamente hacia una flexibilización estratégicamente ordenada.
En el caso de los trabajadores informales se podría contemplar un mecanismo de autorización gestionada por internet bajo el compromiso de cumplir determinadas normas de prevención. Para los formales, inducir a que el empleador priorice el trabajo a distancia y cuando esto no sea posible obligarlo y darle las herramientas disciplinarias para que organice el trabajo respetando las distancias y la limpieza.
También se deberían flexibilizar las actividades de recreación individuales como caminar, correr y andar en bicicleta. No se trata de relajarse ante la pandemia sino de pasar de una primera fase –más empujada por el pánico que el raciocinio– hacia otra fase de conductas responsables donde la gente aprenda a cuidarse y cuidar al otro, respetando las normas de distanciamiento físico.
Pero la conclusión más importante del lamentable hecho de exponer al contagio a los ancianos en la calle es el desorden con que opera el sector público. No solo por preservar un sistema de pago obsoleto sino por cobijar centenas de programas sociales, en los tres niveles de gobierno, cuyo principal resultado es alimentar burocracia y clientelismo. Parece lejano, pero hace apenas dos meses se convocaba masivamente a gente pobre para darles una Tarjeta Alimentaria. Cuando hubiera sido mucho más digno y eficiente hacerles una transferencia bancaria a la cuenta donde reciben la Asignación Universal por Hijo.
