No es un dato menor que el Estado nacional terminó gastando más en subsidios a Aerolíneas Argentinas que en la lucha contra el hambre, afirma el último informe de IDESA.
La empresa Vicentin, originaria de Santa Fe, es una acopiadora y procesadora de granos y cereales, algodón y productora de bioenergía. Marginalmente incursionó en otros negocios como jugos concentrados de uva, vinos, engorde de ganado y acopio y exportación de miel. Por problemas económicos, entró en cesación de pagos en diciembre 2019 y en concurso de acreedores en marzo 2020. Estando el proceso judicial funcionando con normalidad, el Estado argentino decide interferir con la expropiación.
El argumento es la defensa de la “soberanía alimentaria”. El fundamento es análogo al que se utilizó para justificar la estatización de YPF, donde se apeló a la “soberanía energética”, y la de Aerolíneas Argentinas, donde se planteó la “soberanía aérea”. Dándole tono épico y patriótico a la propuesta, se pierde la oportunidad de hacer una evaluación objetiva de cuáles son los beneficios y costos de que el Estado impulse este tipo de intervenciones.
Un aspecto clave es cómo inciden estas expropiaciones sobre la muy delicada situación fiscal. Tomando el caso de Aerolíneas Argentinas, según datos de ASAP y del Presupuesto Nacional, entre el 2008 (año de la estatización) y abril del 2020, el Estado nacional asignó recursos fiscales de la siguiente manera:
- En Aerolíneas Argentina gastó en subsidios y aportes de capital $ 28 mil millones por año a precios actuales.
- En el Plan Alimentario del Ministerio de Desarrollo Social (hoy plan “Argentina contra el Hambre”) se gastó $18 mil millones por año a precios actuales.
- Esto significa que, desde la estatización de la compañía aérea, el Estado nacional destinó un 50% más a Aerolíneas Argentinas que a la lucha contra el hambre.
Estos datos muestran la enorme iniquidad en que se incurre cuando el Estado estatiza una empresa. Los principales beneficiados con la estatización de Aerolíneas Argentinas fueron sus empleados. Para ellos, el Estado nacional destinó desde que se hizo cargo unos $200 mil por mes por empleado. Para la lucha contra el hambre, en el mismo período, el Estado nacional asignó apenas $ 700 mensuales por persona indigente. Irónicamente, el plan alimentario del Ministerio de Desarrollo Social se justifica con la declamación de “soberanía alimentaria”, el mismo argumento utilizado para justificar la estatización de Vicentin.
Con la estatización de Aerolíneas Argentinas, la transferencia formal de la propiedad de la empresa pasó al Estado, pero la posesión real está en manos privadas que son las que están en su conducción. Aunque en teoría la prioridad es el interés general, lo que demuestra la práctica es que prevalecen los intereses de los trabajadores de la empresa. De esta forma, en el nombre de la “soberanía” se ejecuta una enorme apropiación privada de fondos públicos.
Un ejemplo muy ilustrativo es el reciente acuerdo laboral firmado por Aerolíneas. Con la facturación casi en cero, debido a la parálisis aérea, se “negoció” con los sindicatos seguir pagando el 100% de los salarios. La “negociación” es fácil, porque al costo lo asume el Estado con subsidios y reducción de cargas sociales. Al resto de las empresas aéreas y a sus trabajadores –que son ciudadanos argentinos con los mismos derechos que los empleados de Aerolíneas–, el Estado los abandona dejándolos en situación muy crítica.
De prosperar la expropiación de Vicentin, el resultado previsible será una enorme transferencia de fondos públicos en favor de sus empleados, los acreedores y los millonarios dueños expropiados que, tarde o temprano, deberán ser indemnizados. No hay ninguna razón para que con la expropiación el hambre disminuya.
Mientras tanto, resulta extremadamente contradictorio que el Estado decida hacerse cargo de la deuda de Vicentin (del orden de los US$ 1.350 millones), cuando le está pidiendo a sus acreedores que acepten quitas y períodos de gracia porque no puede pagar su propia deuda en dólares.
La crisis de Vicentin se debe resolver en el marco del concurso de acreedores. El rol del Estado se debe ceñir sólo al que le corresponde a la Justica, promoviendo una negociación rápida, justa y transparente entre dueños, acreedores y terceros interesados en invertir en la empresa. Seguir este camino demuestra respeto por las instituciones y evita que bajo la declamación de la “soberanía” se estructuren férreos mecanismos de apropiación privada de fondos públicos, como ocurre en Aerolíneas Argentinas.
