Ante esta situación, el Gobierno fue instrumentando distintas medidas.
Por un lado, se realiza un ajuste del gasto en términos reales en conjunto con una política monetaria más contractiva, sumado a la búsqueda de que las paritarias se firmen con una pauta más acotada (60% anual). Por el otro, se dispusieron y profundizaron medidas de tinte más heterodoxo, como el programa Precios Justos.
Precios Justos entró en vigor el 11 de noviembre de 2022 con el objetivo de tender a la estabilidad de los precios en el corto plazo y procurar disminuir la inercia y la expectativa inflacionaria, buscando recuperar el poder de compra de los ingresos, recuerda el informe de la consultora Ecolatina.
El programa fijó los precios de alrededor de 1.800 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos con empresas productoras y comercializadoras de productos de consumo masivo. Además, aplicó un tope de aumentos de 4% para el resto de los artículos de consumo masivo que se venden en grandes cadenas de supermercados por parte de las empresas que firman el acuerdo.
En el marco del programa, también se fueron incluyendo otros sectores: petroleras, cámaras del sector farmacéutico, con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), empresas de telas e hilados y marcas de zapatillas, que incluyeron desde congelamientos o reducciones de precios hasta compromisos para mantener por algunos meses determinados porcentajes de remarcación.
A principios de febrero, luego de un dato de enero peor al esperado -la inflación se aceleró al 6% m/m según INDEC, 0,4 p.p. por encima de la expectativa del mercado (REM-BCRA)- que alejó aún más la intención del ministro Massa de que la inflación perforara el 4% en abril, el acuerdo se renueva y amplía: la pauta de aumentos mensuales baja al 3,2% hasta junio y contempla a 15 sectores diferentes en acuerdo con más de 500 empresas, con 1.925 productos con un aumento de 9% en febrero para luego quedar congelados, y otros 50.000 dentro del corsé de aumentos pactados al 3,2%.
Llegado este punto, cabe preguntarse: ¿viene siendo efectivo el programa Precios Justos? ¿qué repercusión tiene en supermercados y en pequeños comercios? ¿qué impactos genera todo esto?
Canal Moderno vs Canal Tradicional
Durante los meses desde la vigencia de Precios Justos, el IPC Consumo Masivo construido en base al IPC GBA Ecolatina se desaceleró: pasó de promediar 6,9% en septiembre-octubre a 4,8% entre noviembre y febrero. En febrero registró 4,7%, 1,6 p.p. por debajo del promedio del trimestre septiembre-noviembre, previo al acuerdo.
Mientras que en el canal moderno (supermercados, hipermercados) se observó una mayor incidencia del programa, en el canal tradicional (almacenes, pequeños comercios de cercanía) -no cubierto por el acuerdo y con menor trato directo con el Gobierno- el aumento de precios de los productos atravesados por Precios Justos fue mayor. Esto no es algo novedoso de este programa, sino que se trata de una situación que se repitió a lo largo de los últimos diez años con controles de precios.
Desde su entrada en vigor, la diferencia entre los aumentos de algunos productos dentro del acuerdo no es menor: por ejemplo, en el canal tradicional el agua creció 10 p.p. por encima del canal moderno; los fideos, +9 p.p; la leche, +7 p.p; los yogures, +6 p.p. En unos pocos casos los precios subieron más en los pequeños comercios que en los supermercados: pan fresco crece -5 p.p en tradicionales, harina -7 p.p., aceite puro -6 p.p, yerba mate -1 p.p. y azúcar -8 p.p.
Más aún, si se toma sólo diciembre y enero, meses donde no hubo actualizaciones en los precios que estaban congelados (en noviembre y febrero actualizaron 4% y 9% respectivamente), la diferencia es aún más profunda. Esto podría reforzar el hecho de que la desaceleración en la inflación no sólo se vio favorecida por el programa, sino porque hubo otros factores que jugaron a favor. Por caso, la menor dinámica de los precios de la carne hasta enero, el retroceso de 2,1% en los precios de verduras en diciembre. En la moderación del índice de diciembre la clave también radicó en que hubo poco ajuste en servicios regulados e indumentaria se mantuvo relativamente más contenida.
Debilidades del programa: impacto en los hogares más pobres, los frescos y las divisas .
Esta brecha entre los aumentos de productos de consumo masivo incluidos en Precios Justos que se venden en supermercados y los que se consiguen en comercios de cercanía o pequeños autoservicios implica un impacto más severo sobre los sectores más vulnerables.
Los deciles más pobres de la sociedad no sólo gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en productos de consumo masivo, sino que tienden a utilizar menos las grandes superficies: según la última Encuesta de Gasto de los Hogares los hogares del 10% de menores ingresos destinan sólo el 15% de sus gastos en alimentos y bebidas al canal moderno, mientras que ese porcentaje crece a 45% en los hogares del 10% de mayores ingresos.
Entonces, si bien el plan logró cierto impacto, posiblemente no haya tenido la misma repercusión en hogares con menores ingresos, ya que casi no compran en supermercados y destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a bienes de primera necesidad en pequeñas superficies de venta, donde los precios han tendido a aumentar más.
En este sentido, el desempeño del consumo viene siendo más favorable en las grandes superficies. De acuerdo con datos de Scentia, en 2022 el consumo en los supermercados trepó 3,1% i.a., mientras que en autoservicios independientes subió 0,8%. Esta diferencia se ha ido agudizando en los últimos meses: en enero, las ventas en supermercados suben 7,8% i.a., cayendo 9,1% i.a. en autoservicios. Esta dinámica se encuentra explicada en gran medida por las promociones y la diversidad de medios de pago que ofrecen las cadenas más grandes.
Por otro lado, a pesar de la vigencia del programa y de la desaceleración del IPC Consumo Masivo, en el arranque de 2023 la inflación en alimentos y bebidas se aceleró notablemente, producto de los aumentos registrados en carne vacuna (en febrero creció casi 26%, luego de ocho meses de atraso relativo) y la aceleración en los precios de frutas (+30%) y verduras (+36%) en el primer bimestre, que son al mismo tiempo los grupos que más peso tienen en la canasta de consumo de los hogares de menores ingresos (en conjunto pesan 18% en el decil de menores ingresos y 6% en el 10% más rico).
En este sentido, Precios Justos está compuesto principalmente por productos empaquetados, y la dificultad de concretar un acuerdo amplio y robusto para los alimentos frescos (frutas, verduras, carne vacuna) radica en la elevada atomización de los productores -distribuidos a lo largo y ancho del país-, el elevado índice de informalidad presente en algunos eslabones y el impacto sobre los precios de factores asociados a la estacionalidad, los ciclos biológicos y/o las inclemencias climáticas.
Por último, no puede soslayarse que la escasez de divisas dificultará el cumplimiento de la parte que le toca al Gobierno en el acuerdo: garantizar un mayor acceso al MULC, por lo cual los riesgos de que algunos acuerdos se resquebrajen por menores incentivos a permanecer dentro -que además se reducen en tanto la inflación es más alta- no son menores.
¿Qué esperamos para los próximos meses?
En medio de un escenario signado por la profundización de las necesidades de asistencia social en los sectores más bajos, los límites para expandir el gasto público en asistencia social que impone el programa financiero incrementan las tensiones derivadas del impacto de una inflación persistentemente elevada sobre los hogares más pobres. Producto del patrón de consumo de las familias, la escasez de divisas y la sequía, las debilidades que presenta Precios Justos complican la búsqueda por evitar un mayor impacto de la inflación sobre los hogares más vulnerables.
Asimismo, lo sucedido en ediciones pasadas muestra que, aunque los acuerdos de precios de bienes de consumo masivo tengan algún impacto de corto plazo -como los que estamos viendo actualmente – traen aparejados riesgos hacia adelante, ya que, cuando se levanta el congelamiento, los precios se actualizan intentando recomponer el terreno perdido y terminan por acelerar nuevamente la inflación.
Los controles de precios/salarios resultan insuficientes para utilizarse de manera aislada como herramienta para desinflacionar en forma sostenida. En el marco de la implementación de un plan de estabilización técnicamente sólido, con amplio respaldo político y creíble para los agentes económicos, los acuerdos pueden funcionar como un complemento para alcanzar el objetivo de moderar la inercia inflacionaria y anclar expectativas, pero comprendiendo su rol y sus limitaciones.
