Con el equipo de Fundación Capital entendemos que, en este momento, Argentina necesita discutir una hoja de ruta que marque un sendero creíble y consistente para las principales variables económicas.
Sólo un programa económico integral que disipe incertidumbres de corto y mediano plazo, un verdadero “game changer” que revierta expectativas sobre bases sólidas, permitirá cambiar esta realidad mediocre, con decisiones día a día, que nos alejan de un sendero de crecimiento sustentable e inclusivo.
Para ello, es preciso poner en marcha un programa de estabilización y de crecimiento. Comenzando por el primero. Para que el mal de la inflación no dure 100 años, es necesario un plan con un enfoque abarcativo que integre las herramientas necesarias para combatir este flagelo. El desafío es encarar en forma conjunta todas las áreas de la política económica.
Aquí, el elemento principal es la convergencia hacia un mismo objetivo en la política fiscal, salarial y de ingresos, junto a la política monetaria y cambiaria, para dar una orientación certera al sendero de precios. Así, estas variables deben crecer en niveles que sean compatibles entre sí, ampliando el horizonte en la toma de decisiones del sector privado, mediante un “sistema de balizas” que permita parametrizar las expectativas.
Estas variables deberán mostrar una nominalidad decreciente y simultánea. La solución operativa a este problema pasa por establecer una “Ley de Metas de Inflación” que institucionalice un objetivo anual mediante un Comité ad-hoc compuesto por los siguientes ministerios: Hacienda, Finanzas, Trabajo, Energía, Transporte y el Banco Central, bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Sus representantes serán los responsables de fijar un objetivo de tasa de inflación común. Cada ministerio deberá informar en forma trimestral acerca del cumplimiento de lo establecido y, si existieran desvíos, estos tendrán que plantear a la Comisión de Presupuesto y de Finanzas del Congreso Nacional las correcciones necesarias.
De esta forma, el compromiso es efectivo por parte de todo el gobierno y, junto a un mecanismo legislativo de rendición de cuentas, permite llevar la credibilidad de las metas y su permanencia en el tiempo. En definitiva, un programa de estabilización que genere un sendero de nominalidad decreciente para todas las variables macroeconómicas.
Este es el primer paso para restablecer la confianza necesaria en la política económica. Más aún, para generar un nuevo horizonte, Argentina debe comprometerse además a emprender un camino de transformación y modernización de su estructura productiva. Una estrategia de esta dimensión debe sustentarse en la innovación como elemento diferenciador.
El camino que se emprendió con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, debe profundizarse en conjunto con incentivos para programas en investigación y desarrollo del sector privado. Esto significa, impulsar una política permanente que priorice la inversión en conocimiento como eje de nuestro desarrollo.
Cambios estructurales
La resolución de los problemas de corto plazo debe estar alineada con los cambios estructurales que Argentina precisa para consolidar un crecimiento sostenido de 3,5% anual. La meta es alcanzar una tasa de inversión sólida y poder mantenerla en el tiempo. Para ello se requiere: incrementar la inversión (nacional y extranjera) en bienes y servicios transables y en infraestructura; favorecer conductas innovadoras; propiciar una creciente interacción entre la economía del conocimiento y el resto de las actividades tradicionales. También incrementar el ratio de investigación y desarrollo (I+D) en relación al producto de manera pro cíclica (a partir de una regla de +0,05%/PIB anual en años de crecimiento de más del 3%), estimular la I+D privada a través de desgravación impositiva y financiamiento, formar recursos humanos para la innovación, estimular una mejor articulación entre el sector productivo y el sistema científico-tecnológico, promover el desarrollo de proveedores innovadores desde la empresa privada y el sector público, incrementar en cantidad y calidad la inversión en infraestructura a efectos de ir reduciendo los sobrecostos por el retraso, y mejorar el desempeño logístico diversificando los modos de transporte de carga y articulando la multimodalidad como parte de la agenda de mejora de la competitividad.
En materia de infraestructura, se debe reducir la brecha como uno de los principales desafíos para el próximo decenio en las diferentes regiones del país. Es necesario incrementar los niveles de inversión durante al menos una década. Dadas las restricciones existentes en materia fiscal y acceso a los mercados de crédito, es preciso buscar otras fuentes de financiamiento de proyectos tales como bancos regionales de desarrollo. Ya no quedan cajas en dólares que permitan sostener en el tiempo la falta de un horizonte para el consumo, la inversión y las exportaciones.
El mundo pos-pandemia nos brinda una oportunidad única. Si la sabemos aprovechar con una hoja de ruta sustentada por leyes que le den el marco político adecuado, junto a equipos técnicos que encaren un camino superador, tendremos capacidad de generar un país más justo para todos. La “hoja de ruta” idónea para la Argentina debe tener una ley de estabilidad macroeconómica, de innovación productiva, de infraestructura, una revolución impositiva que simplifique los 167 impuestos que tenemos y una ley de impulso a las ventas externas que genere las bases para duplicar las exportaciones argentinas. Solo así podemos construir un país integrado y con la movilidad social que es la esencia de nuestro ser nacional.
(*) Licenciado en Economía UBA, tutor económico senior en el Banco Mundial, Washington DC, profesor de Economía Internacional en UCA y ex presidente del Banco Central. Presidente de Fundación Capital.
