¿Más ajuste para el sector público?
Para alcanzar la meta de US$ 4.100 millones de déficit fiscal durante el año próximo se requiere que se bajen los gastos primarios en US$ 700 millones.
En medio de la grave crisis política que ha llegado a involucrar al Senado, el Poder Judicial y el Ejecutivo, se dieron a conocer dos documentos de particular trascendencia para la economía.
El primero establece formalmente las modificaciones que se introdujeron al convenio firmado con el FMI. El segundo es el proyecto de presupuesto para la administración nacional del ejercicio fiscal 2001, en el que estampó su firma el presidente Fernando de la Rúa al regreso de su gira internacional.
Los cambios en el convenio con el FMI se refieren a las metas de déficit para este año y los dos siguientes. El gobierno federal puede pasar, en 2000, de un quebranto de US$ 4.700 millones a otro de US$ 5.300 millones.
Como también se admite un desvío adicional en el déficit del conjunto de las provincias (otros US$ 700 millones), el consolidado de la Nación y de las provincias pasa de los US$ 6.900 millones iniciales a los US$ 8.200 millones actuales, lo que equivale a un aumento de US$ 1.300 millones.
Para los años siguientes, las metas de reducción del déficit del gobierno nacional son de US$ 4.100 millones en 2001, y de US$ 2.400 millones en 2002. Las provincias también deberán hacer un esfuerzo similar.
La revisión que aprobó el FMI incluye una disminución adicional del gasto primario (que no incluye los pagos de intereses de la deuda pública), en lo que resta del año, de US$ 300 millones.
Eso refleja los ajustes decididos a mediados de año (recorte salarial de los agentes públicos y de algunas de las jubilaciones de privilegio).
Los fundamentos
La nueva versión del convenio pone énfasis en el mantenimiento de la austeridad, la discusión y aprobación de la reforma del sistema de seguridad social que fuera enviada al Congreso, la desregulación del sistema de salud a partir del año próximo, la aprobación de una nueva ley de coparticipación, un nuevo acuerdo con las provincias en materia de estructura de gastos, la desregulación de las telecomunicaciones, la eliminación de las indexaciones automáticas de las tarifas de los servicios públicos y la reducción, a fines de año, del gravamen adicional de 3% que afecta al arancel externo común del Mercosur.
Estos lineamientos se plasman, en su totalidad, en el proyecto de presupuesto de la administración nacional para el próximo ejercicio. El déficit que se ha previsto en las cuentas federales es de US$ 4.100 millones. Para llegar a ese valor es necesario que el gasto primario se reduzca en otros US$ 700 millones.
Es preciso tener en cuenta que el déficit inercial en las cuentas públicas del próximo año (el que se alcanzaría si todo permaneciera sin modificaciones) sería de US$ 7.300 millones.
A esa cifra se llega luego de computar ingresos que dejarían de percibirse (como el gravamen que recae sobre las altas rentas y los efectos financieros de cambios en el régimen de anticipos del impuesto a las ganancias); mayores erogaciones (transferencias adicionales a las provincias, intereses de la deuda pública, los gastos asociados con las elecciones y la realización del censo) y la incidencia adicional de las reducciones realizadas a mediados de año en los salarios públicos y en algunas de las jubilaciones de privilegio.
Frente a ello, el aumento de la recaudación derivado del mayor nivel de actividad (estimado en 4,5% nominal) sólo aportaría alrededor de US$ 2.500 millones al erario.
En consecuencia, para alcanzar la meta de US$ 4.100 millones de déficit federal durante el año próximo se requiere que se bajen los gastos primarios en US$ 700 millones.
La alternativa es apostar a que las mejoras en la administración tributaria aporten ese faltante de recursos.
A juzgar por los contenidos que se conocen del proyecto de presupuesto, el equipo económico se juega por la disminución del gasto.
En medio de la grave crisis política que ha llegado a involucrar al Senado, el Poder Judicial y el Ejecutivo, se dieron a conocer dos documentos de particular trascendencia para la economía.
El primero establece formalmente las modificaciones que se introdujeron al convenio firmado con el FMI. El segundo es el proyecto de presupuesto para la administración nacional del ejercicio fiscal 2001, en el que estampó su firma el presidente Fernando de la Rúa al regreso de su gira internacional.
Los cambios en el convenio con el FMI se refieren a las metas de déficit para este año y los dos siguientes. El gobierno federal puede pasar, en 2000, de un quebranto de US$ 4.700 millones a otro de US$ 5.300 millones.
Como también se admite un desvío adicional en el déficit del conjunto de las provincias (otros US$ 700 millones), el consolidado de la Nación y de las provincias pasa de los US$ 6.900 millones iniciales a los US$ 8.200 millones actuales, lo que equivale a un aumento de US$ 1.300 millones.
Para los años siguientes, las metas de reducción del déficit del gobierno nacional son de US$ 4.100 millones en 2001, y de US$ 2.400 millones en 2002. Las provincias también deberán hacer un esfuerzo similar.
La revisión que aprobó el FMI incluye una disminución adicional del gasto primario (que no incluye los pagos de intereses de la deuda pública), en lo que resta del año, de US$ 300 millones.
Eso refleja los ajustes decididos a mediados de año (recorte salarial de los agentes públicos y de algunas de las jubilaciones de privilegio).
Los fundamentos
La nueva versión del convenio pone énfasis en el mantenimiento de la austeridad, la discusión y aprobación de la reforma del sistema de seguridad social que fuera enviada al Congreso, la desregulación del sistema de salud a partir del año próximo, la aprobación de una nueva ley de coparticipación, un nuevo acuerdo con las provincias en materia de estructura de gastos, la desregulación de las telecomunicaciones, la eliminación de las indexaciones automáticas de las tarifas de los servicios públicos y la reducción, a fines de año, del gravamen adicional de 3% que afecta al arancel externo común del Mercosur.
Estos lineamientos se plasman, en su totalidad, en el proyecto de presupuesto de la administración nacional para el próximo ejercicio. El déficit que se ha previsto en las cuentas federales es de US$ 4.100 millones. Para llegar a ese valor es necesario que el gasto primario se reduzca en otros US$ 700 millones.
Es preciso tener en cuenta que el déficit inercial en las cuentas públicas del próximo año (el que se alcanzaría si todo permaneciera sin modificaciones) sería de US$ 7.300 millones.
A esa cifra se llega luego de computar ingresos que dejarían de percibirse (como el gravamen que recae sobre las altas rentas y los efectos financieros de cambios en el régimen de anticipos del impuesto a las ganancias); mayores erogaciones (transferencias adicionales a las provincias, intereses de la deuda pública, los gastos asociados con las elecciones y la realización del censo) y la incidencia adicional de las reducciones realizadas a mediados de año en los salarios públicos y en algunas de las jubilaciones de privilegio.
Frente a ello, el aumento de la recaudación derivado del mayor nivel de actividad (estimado en 4,5% nominal) sólo aportaría alrededor de US$ 2.500 millones al erario.
En consecuencia, para alcanzar la meta de US$ 4.100 millones de déficit federal durante el año próximo se requiere que se bajen los gastos primarios en US$ 700 millones.
La alternativa es apostar a que las mejoras en la administración tributaria aporten ese faltante de recursos.
A juzgar por los contenidos que se conocen del proyecto de presupuesto, el equipo económico se juega por la disminución del gasto.
