La ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray declaró hoy (jueves 14) ante el juez federal Jorge Urso durante más de cinco horas, en el marco de una causa que se sigue por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.
Luego de la larga audiencia, la ex funcionaria se retiró de los tribunales sin hablar con los periodistas.
Alsogaray no corría riesgo de quedar detenida en esta causa, debido a que los cargos que se le imputan son castigados con penas excarcelables.
El fiscal que actúa en este expediente, Carlos Cearras, también le había achacado el cargo de “jefa” de unas asociación ilícita para perjudicar al Estado, pero el juez Urso no tuvo en cuenta esta acusación.
María Julia condujo el proceso que, a principios de los ´90, derivó en la privatización de la entonces Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
De acuerdo con las sospechas de las autoridades judiciales, Alsogaray permitió, en su condición de liquidadora de Entel, que se hicieran pagos a favor de compañías proveedoras que no están debidamente justificados en el expediente.
Uno de los puntos que centra la atención de los investigadores está ligado a un pago irregular efectuado a la empresa Pecom-Nec, una sociedad entre la argentina Pérez Companc y la japonesa Nec, aunque la Fiscalía sospecha que hubo otros casos similares que suponen un fraude al Estado por US$ 100 millones.
A principios de 1991, Pecom-Nec cobró $ 10 millones cuando en realidad le correspondía 1 millón, un error que se atribuyó a la mala conversión de la deuda en australes a pesos.
A instancias de una demanda judicial promovida por Alsogaray, en 1996 Pecom-Nec devolvió el dinero que había cobrado de más cinco años antes, pero la ex funcionaria fue acusada por antiguos colaboradores de no haberles hecho caso cuando le advirtieron del error en el pago efectuado a la empresa.
Un peritaje judicial determinó que Entel pagó a la compañía un total de $ 230 millones en efectivo cuando correspondía desembolsar alrededor de 190 millones y en bonos públicos.
La Fiscalía sospecha que se desembolsaron alrededor de US$ 100 millones de más en pagos a otros proveedores de la antigua telefónica estatal, que en el momento de su privatización tenía un gran desorden administrativo.
La ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray declaró hoy (jueves 14) ante el juez federal Jorge Urso durante más de cinco horas, en el marco de una causa que se sigue por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.
Luego de la larga audiencia, la ex funcionaria se retiró de los tribunales sin hablar con los periodistas.
Alsogaray no corría riesgo de quedar detenida en esta causa, debido a que los cargos que se le imputan son castigados con penas excarcelables.
El fiscal que actúa en este expediente, Carlos Cearras, también le había achacado el cargo de “jefa” de unas asociación ilícita para perjudicar al Estado, pero el juez Urso no tuvo en cuenta esta acusación.
María Julia condujo el proceso que, a principios de los ´90, derivó en la privatización de la entonces Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
De acuerdo con las sospechas de las autoridades judiciales, Alsogaray permitió, en su condición de liquidadora de Entel, que se hicieran pagos a favor de compañías proveedoras que no están debidamente justificados en el expediente.
Uno de los puntos que centra la atención de los investigadores está ligado a un pago irregular efectuado a la empresa Pecom-Nec, una sociedad entre la argentina Pérez Companc y la japonesa Nec, aunque la Fiscalía sospecha que hubo otros casos similares que suponen un fraude al Estado por US$ 100 millones.
A principios de 1991, Pecom-Nec cobró $ 10 millones cuando en realidad le correspondía 1 millón, un error que se atribuyó a la mala conversión de la deuda en australes a pesos.
A instancias de una demanda judicial promovida por Alsogaray, en 1996 Pecom-Nec devolvió el dinero que había cobrado de más cinco años antes, pero la ex funcionaria fue acusada por antiguos colaboradores de no haberles hecho caso cuando le advirtieron del error en el pago efectuado a la empresa.
Un peritaje judicial determinó que Entel pagó a la compañía un total de $ 230 millones en efectivo cuando correspondía desembolsar alrededor de 190 millones y en bonos públicos.
La Fiscalía sospecha que se desembolsaron alrededor de US$ 100 millones de más en pagos a otros proveedores de la antigua telefónica estatal, que en el momento de su privatización tenía un gran desorden administrativo.
