Luz amarilla tras el arreglo con el Club de París

Firmar compromisos que deberán afrontar los próximos gobiernos para financiar el déficit fiscal con más endeudamiento es prolongar la agonía e hipotecar el futuro. Para que el financiamiento internacional pueda ser asignado a inversiones productivas, primero hay que reconstruir el Estado, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino en su informe Número 550.

La Argentina ha llegado a un principio de acuerdo con los miembros del Club de Paris. El Club es un grupo informal de naciones desarrolladas cuyo objetivo es resolver problemas de deuda de países en vías de desarrollo.

Para el caso argentino, participaron Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Israel, Italia, Japón, Reino Unido, Suecia y Suiza.

El acuerdo establece que la Argentina reconoce una deuda de U$S 9,6 mil millones con las instituciones oficiales de estos países y que prevé pagarla en el término de 5 años.

A mayo del 2015 se compromete a cancelar U$S 1,2 mil millones (12% del total). El resto (el 88% de la deuda) deberá ser pagado por las administraciones de gobierno que estén en la gestión a partir de 2016.

La importancia del acuerdo es que ayuda a generar condiciones para el acceso a nuevos créditos internacionales. Para el gobierno, esto resulta fundamental a fin de hacerse de divisas en el mercado internacional.

Pero la intensidad del flujo de capitales, el nivel de tasas de interés que será necesario pagar y el destino que se dará a los fondos dependen de las condiciones internas, especialmente de la situación fiscal.

Por eso, resulta pertinente analizar el estado de las cuentas públicas. En tal sentido, según datos del Ministerio de Economía referidos al primer trimestre de cada año y sin considerar las transferencias desde la ANSES y el Banco Central se observa que:

• Entre 2000 y 2001, cuando se desencadena la crisis de la convertibilidad, el déficit fiscal, neto de transferencias, llegaba a U$S 2.752 millones promedio.
• Entre 2003 y 2013 el déficit fiscal fue de U$S 1.027 millones promedio.
• En 2014 se llega a un nivel récord de déficit fiscal al alcanzar en los primeros 3 meses del año los U$S 4.926 millones.

La información oficial muestra un acelerado crecimiento del desequilibrio en el sector público nacional.

Ya en 2013 se observa una situación particularmente crítica cuando en el primer trimestre del año se llega a casi U$S 4.500 millones de déficit fiscal.

En los primeros meses del corriente año el déficit fiscal siguió creciendo debido a que la expansión de los gastos más que compensó el aumento de los ingresos públicos generados por la devaluación.

Así, el desequilibrio fiscal duplica al que hubo en la última parte de la convertibilidad y es financiado de manera creciente con más emisión monetaria.

La abundancia de crédito a muy bajas tasas de interés en el mercado internacional es una oportunidad que la Argentina viene desaprovechando desde hace una década.

El acuerdo con el Club de París podría ser el camino para contar con los recursos necesarios para modernizar puertos y dragado de ríos, la red ferroviaria de carga, la red de autopistas interurbanas, el sistema energético, la red de comunicación digital, entre otros proyectos de infraestructura de alta relevancia. Pero bajo las actuales condiciones de inversión en Argentina es muy poco probable que esto ocurra.

Muy por el contrario, el impacto más relevante del acuerdo es que abre una ventana para emitir deuda pública en los mercados internacionales. Saldrán la Nación, las empresas públicas y, muy especialmente, las provincias a endeudarse a tasas muy elevadas. Esto ayudará al Banco Central a conseguir dólares a precio oficial y al sector público a contar con financiamiento para seguir despilfarrando fondos.

En lugar de corregir el centralismo que agobia a las provincias se las inducirá a que consigan nuevos créditos que sólo servirán para prolongar una situación fiscal insostenible.

No hay que perder de vista que en las actuales condiciones la inhabilitación al crédito internacional no está operando como un castigo sino como una protección contra la posibilidad de endeudarse en dólares para financiar el creciente déficit fiscal.

El acuerdo muestra, por un lado, a un gobierno en retirada que apela a este instrumento con el objetivo de acceder a los dólares necesarios para llegar al fin de su ciclo, sin corregir las malas políticas que viene aplicando.

Por el otro, a la mayor parte del arco político no oficialista con un diagnóstico desenfocado, sin asumir que la peor herencia que recibirá el próximo gobierno será una profunda degradación del Estado.