Impulsados por la urgencia de ordenar las actividades humanas para minimizar la transformación de ambientes, evitar la degradación de los ecosistemas naturales, promover la restauración de ambientes y acelerar la transición energética hacia energías renovables, organizaciones ambientales proponen discutir ciertas temáticas de cara a las próximas elecciones generales del 22 de octubre.
Consideran que quien asuma la presidencia en diciembre de 2023 debe impulsar y mejorar medidas que potencien el desarrollo sostenible de la sociedad. En este sentido proponen:
- Mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos N° 26.331, con ampliación de superficie especialmente en la región chaqueña y detener la deforestación ilegal.
- Sancionar una Ley de Presupuestos Mínimos de Diversidad Biológica con especial foco en la restauración de ecosistemas y en modelos de desarrollo regenerativo.
- Sancionar e implementar una Ley de Presupuestos Mínimos para la conservación y uso sustentable de los humedales, que cuente con el consenso social necesario para facilitar su implementación y analizar alternativas similares para los pastizales naturales.
- Promover la prohibición del descarte en la actividad pesquera, y sancionar una Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con eliminación de los plásticos de un solo uso, presupuesto adecuado para la infraestructura ambiental y promoción de la economía circular.
- Dictar una Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental.
- Sancionar una Ley de incentivos a modelos regenerativos y sostenibles, incluyendo la restauración ambiental, actualizar las leyes de fomento a la Ganadería Ovina y Caprina para garantizar el cumplimiento de la Ley de Conservación de la Fauna, y Controlar con mayor efectividad el uso racional de agroquímicos con transición al uso de bio insumos y productos agropecuarios con certificación ambiental.
- Incorporar en el Código Penal un título ambiental o sancionar una Ley sobre Delitos Ambientales, que garantice el cumplimiento del Acuerdo de Escazú en materia ambiental y de derechos humanos.
- Desarrollar de forma participativa e implementar marcos regulatorios y protocolos que minimicen los impactos socio-ambientales de las actividades extractivas, con especial énfasis en la minería de litio y la explotación de hidrocarburos. Para ello será necesario implementar una fuerte fiscalización gubernamental, con participación de la sociedad civil organizada, así como promover el desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de las actividades extractivas de recursos naturales no renovables.
- Implementar la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que garantice el logro de la carbono neutralidad en 2050, incluyendo la transición energética justa con reducción de la dependencia a los hidrocarburos, el aumento de la participación de energías renovables en la matriz energética y la eficiencia energética, la implementación de la Ley de Energía Distribuida y el cierre paulatino de centrales térmicas.
