Los republicanos, divididos en torno de gastos post huracán
Las propuestas de la Casa Blanca para reconstruir la zona castigada por Katrina aumentan las fisuras en el oficialismo. Como eso involucra la política fiscal, un sector de los legisladores republicanos ve con malos ojos un exceso de erogaciones.
La semana pasada, aun antes de que George W. Bush, en un gesto oportunista, prometiera “fondos federales para cubrir la mayor parte de los gastos de infraestructura pública en la zona del desastre”, parlamentarios conservadores de ambas cámaras pedían al gobierno “buen juicio en cuanto a pedir y usar dinero de los contribuyentes”. Por supuesto, representan áreas prósperas, lejos de Luisiana y alrededores.
Uno de ellos, el senador Thomas Coburn (republicano, Oklahoma) llegó a sostener: “No creo que todo cuanto haya pasado en Luisiana deba ser pagado por el resto del país. Hay ciertas responsabilidades que les caben a los habitantes de esa región”. Bárbara y Laura Bush no lo habrían expresado mejor.
La relativa proximidad a las zonas castigadas por Catalina, así como el hecho de hallarse en el camino de Ofelia, no obstaron para que su colega James DeMint (Carolina del sur) exigiera “sensatez en los esfuerzos de asistencia federal”. En realidad, el congreso ya ha aprobado US$ 62.300 millones, mayormente para convalidar gastos ya incurridos. En forma separada, se sancionaron alivios tributarios por US$ 8.500.000.
La actitud de ambos contrasta marcadamente con la postura “electoralista” (así la calificó Coburn) del presidente, secundada por los líderes de los dos partidos en el parlamento. Lo que irrita a los conservadores es la comparación entre el caso actual y el plan del general George Marshall, que reconstruyó Europa occidental y Japón tras la II guerra mundial.
Replicando a sus colegas, Henry Reid –senador demócrata, Nevada- sostuvo que “proveer asistencia rápida y extensiva es prioritario a recortar gastos fiscales. Debemos entender que esto es una devastación con pocos antecedentes y no se aplican ciertas ortodoxias contables”.
Pese a esta postura, muchos republicanos y varios demócratas desconfían de la Casa Blanca y su “presupuesto de recuperación”. Lo ven como un barril sin fondo. En este plano, coinciden con Wall Street y la prensa financiera que, por supuesto, no quiere saber nada con una idea de ciertos legisladores: suspender el paquete de rebajas impositivas a dividendos bursátiles, grandes empresas y sectores de altos ingresos, para aplicar esos fondos al “programa Bush”.
Para calmar los ánimos, el republicano Thomas deLay –jefe de la bancada oficialista en la cámara baja- señaló que este congreso (dominado por su partido) ya ha eliminado “mucho lastre en el gasto federal”. Coburn tachó esa declaración de “ridícula”.
En otro aspecto, la cámara de representantes votó por 224 a 188 el establecimiento de un comité de veinte miembros, que deberá actuar en concierto con su similar, creado por el senado, en la investigación de errores y omisiones atribuibles a instancias federales, estaduales y locales. En particular, las demoras en el salvataje y aprovisionamiento de poblaciones afectadas.
“Esto es sólo una forma de blanquear a los culpables. Un doble panel de cuarenta legisladores acabará llegando a la nada”. Así sostuvo Nancy Pelosi, diputada demócrata por California. Algunos sondeos de opinión coinciden con esos temores.
La semana pasada, aun antes de que George W. Bush, en un gesto oportunista, prometiera “fondos federales para cubrir la mayor parte de los gastos de infraestructura pública en la zona del desastre”, parlamentarios conservadores de ambas cámaras pedían al gobierno “buen juicio en cuanto a pedir y usar dinero de los contribuyentes”. Por supuesto, representan áreas prósperas, lejos de Luisiana y alrededores.
Uno de ellos, el senador Thomas Coburn (republicano, Oklahoma) llegó a sostener: “No creo que todo cuanto haya pasado en Luisiana deba ser pagado por el resto del país. Hay ciertas responsabilidades que les caben a los habitantes de esa región”. Bárbara y Laura Bush no lo habrían expresado mejor.
La relativa proximidad a las zonas castigadas por Catalina, así como el hecho de hallarse en el camino de Ofelia, no obstaron para que su colega James DeMint (Carolina del sur) exigiera “sensatez en los esfuerzos de asistencia federal”. En realidad, el congreso ya ha aprobado US$ 62.300 millones, mayormente para convalidar gastos ya incurridos. En forma separada, se sancionaron alivios tributarios por US$ 8.500.000.
La actitud de ambos contrasta marcadamente con la postura “electoralista” (así la calificó Coburn) del presidente, secundada por los líderes de los dos partidos en el parlamento. Lo que irrita a los conservadores es la comparación entre el caso actual y el plan del general George Marshall, que reconstruyó Europa occidental y Japón tras la II guerra mundial.
Replicando a sus colegas, Henry Reid –senador demócrata, Nevada- sostuvo que “proveer asistencia rápida y extensiva es prioritario a recortar gastos fiscales. Debemos entender que esto es una devastación con pocos antecedentes y no se aplican ciertas ortodoxias contables”.
Pese a esta postura, muchos republicanos y varios demócratas desconfían de la Casa Blanca y su “presupuesto de recuperación”. Lo ven como un barril sin fondo. En este plano, coinciden con Wall Street y la prensa financiera que, por supuesto, no quiere saber nada con una idea de ciertos legisladores: suspender el paquete de rebajas impositivas a dividendos bursátiles, grandes empresas y sectores de altos ingresos, para aplicar esos fondos al “programa Bush”.
Para calmar los ánimos, el republicano Thomas deLay –jefe de la bancada oficialista en la cámara baja- señaló que este congreso (dominado por su partido) ya ha eliminado “mucho lastre en el gasto federal”. Coburn tachó esa declaración de “ridícula”.
En otro aspecto, la cámara de representantes votó por 224 a 188 el establecimiento de un comité de veinte miembros, que deberá actuar en concierto con su similar, creado por el senado, en la investigación de errores y omisiones atribuibles a instancias federales, estaduales y locales. En particular, las demoras en el salvataje y aprovisionamiento de poblaciones afectadas.
“Esto es sólo una forma de blanquear a los culpables. Un doble panel de cuarenta legisladores acabará llegando a la nada”. Así sostuvo Nancy Pelosi, diputada demócrata por California. Algunos sondeos de opinión coinciden con esos temores.
