Los plus salariales asoman como clave de las convenciones colectivas en marcha
Los panaderos y choferes moyanistas abrieron las paritarias fuera del marco hablado entre la CGT y la presidenta Cristina Kirchner. Pero el plato fuerte empieza la segunda semana con metalúrgicos, mecánicos y alimenticios.
¿Qué le estará explicando por celular a estar horas el secretario
general de la CGT, Hugo Moyano, a su amigo el ex presidente Néstor Kirchner
sobre el puntapié inicial de 30 % a los convenios colectivos del año,
que acaba de dar el gremio de los panaderos, alineado al líder camionero?
El debut formal de las convenciones no pudo ser más alejado de lo conversado
días pasados entre la primera mandataria, Cristina Kirchner, y la plana
mayor de la central obrera que la visitó.
En el encuentro se habló de moderación en los pedidos de aumento
de salarios, y el primer gremio que sube al ruedo se despacha con 10 puntos
arriba del “techo” sugerido en la pauta oficial.
El titular de los panaderos, Abel Frutos, responde sindicalmente a Moyano y,
dada su condición de dirigente peronista, también debería
subordinarse políticamente, como el camionero lo hizo con el jefe virtual
partidario, Néstor Kirchner.
Pero las bases no entienden de estos arreglos e impulsan números superiores
a los que pivotean sobre un índice de precios en el que nadie cree. Los
propios técnicos del Indec que están enfrentados al secretario
de Comercio, Guillermo Moreno, declararon la semana pasada que la inflación
real fue mucho más alta que la reconocida.
Por más moyanista y peronista allanado al kirchnerismo que pudiera ser,
Frutos no pudo “verticalizar” a los afiliados del gremio debajo del
20 % acordado “moderadamente” entre las cúpulas y el gobierno.
Hasta ahora, la paritaria de los choferes afiliados a la Unión Tranviarios
Automotor había sido la única en enmarcar el porcentaje de aumento
en un piso del 12 al 15 %.
Claro que las condiciones que se manejaron en el marco general y el hecho de
que los acuerdos tengan que ser revisados cada seis meses tampoco cumplen con
los requisitos que pretende homologar el Ministerio de Trabajo.
El gremio de los choferes de transporte de corta y media distancia es “primo
hermano” del de los camioneros, verbigracia de Moyano. La patronal es la
Cámara de Empresarios del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), presidida
por Daniel Millaci, quien a su vez es el titular de la CGE.
Esta entidad que fundara José Gelbard y ofrendara al peronismo el pacto
social más importante gestado en la historia del país, ahora fue
resucitada para jugar un papel preponderante en la concertación propuesta
por Cristina Kirchner.
Pacto social
Moyano imaginó un acuerdo sectorial modelo en las actividades donde
tiene mejor acceso, para trasplantarlo luego al resto del espectro sindical,
e insinuó que se podría reeditar el pacto de los ´70 con
una patronal que le sería afín, como la CGE, y no con la UIA,
de intereses y lobbying más diferenciados.
Precisamente, las posiciones de enfrentaron ostensiblemente durante el proceso
de sanción de la reforma a la legislación laboral que encabezó
en el Congreso el diputado cegetista Héctor Recalde.
Pero el gran match paritario de fondo comienza dentro de dos semanas, cuando
salgan a escena los principales actores del sindicalismo vernáculo: metalúrgicos,
mecánicos, alimentación, comercio y transporte, los que además
cuentan con la particularidad de estar conducidos por dirigentes enfrentados
con Moyano para la renovación de autoridades de la central obrera a mitad
de año.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ha activado las comunicaciones
con los líderes de estas organizaciones para sondear el nivel salarial
en el que situarán los reclamos ante las patronales.
La recomendación oficial es que no superen el 20 % y la vigencia no
sea inferior a un año, además de evitar la inclusión de
cláusulas gatillo para rever las cifras acordadas.
A priori, el panorama que registran en la Casa Rosada marca una brecha significativa
entre las pretensiones obreras y lo que la parte empresaria está dispuesta
a dar: los reclamos irían del 25 al 30%, mientras que para los empleadores
el techo debería rondar el 15 %.
La negociación en ciernes sorprende al gobierno en la mitad entre unos
y otros, ya que admitiría que los aumentos transiten entre 18 y 20 %,
con un pequeño margen adicional para reconocer la mayor incidencia que
los aportes jubilatorios han tenido sobre la liquidación de los haberes.
Por todo concepto, esa tolerancia podría llegar al 25 % por todo concepto.
La dirigencia sindical tiene por delante todo un desafío: convencer
a sus representados que los porcentajes que tomen estado público no serán
los netos de bolsillo a percibir. Y aceptar públicamente el costo político
de homologar ajustes nominales inferiores a la inflación real.
¿Qué le estará explicando por celular a estar horas el secretario
general de la CGT, Hugo Moyano, a su amigo el ex presidente Néstor Kirchner
sobre el puntapié inicial de 30 % a los convenios colectivos del año,
que acaba de dar el gremio de los panaderos, alineado al líder camionero?
El debut formal de las convenciones no pudo ser más alejado de lo conversado
días pasados entre la primera mandataria, Cristina Kirchner, y la plana
mayor de la central obrera que la visitó.
En el encuentro se habló de moderación en los pedidos de aumento
de salarios, y el primer gremio que sube al ruedo se despacha con 10 puntos
arriba del “techo” sugerido en la pauta oficial.
El titular de los panaderos, Abel Frutos, responde sindicalmente a Moyano y,
dada su condición de dirigente peronista, también debería
subordinarse políticamente, como el camionero lo hizo con el jefe virtual
partidario, Néstor Kirchner.
Pero las bases no entienden de estos arreglos e impulsan números superiores
a los que pivotean sobre un índice de precios en el que nadie cree. Los
propios técnicos del Indec que están enfrentados al secretario
de Comercio, Guillermo Moreno, declararon la semana pasada que la inflación
real fue mucho más alta que la reconocida.
Por más moyanista y peronista allanado al kirchnerismo que pudiera ser,
Frutos no pudo “verticalizar” a los afiliados del gremio debajo del
20 % acordado “moderadamente” entre las cúpulas y el gobierno.
Hasta ahora, la paritaria de los choferes afiliados a la Unión Tranviarios
Automotor había sido la única en enmarcar el porcentaje de aumento
en un piso del 12 al 15 %.
Claro que las condiciones que se manejaron en el marco general y el hecho de
que los acuerdos tengan que ser revisados cada seis meses tampoco cumplen con
los requisitos que pretende homologar el Ministerio de Trabajo.
El gremio de los choferes de transporte de corta y media distancia es “primo
hermano” del de los camioneros, verbigracia de Moyano. La patronal es la
Cámara de Empresarios del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), presidida
por Daniel Millaci, quien a su vez es el titular de la CGE.
Esta entidad que fundara José Gelbard y ofrendara al peronismo el pacto
social más importante gestado en la historia del país, ahora fue
resucitada para jugar un papel preponderante en la concertación propuesta
por Cristina Kirchner.
Pacto social
Moyano imaginó un acuerdo sectorial modelo en las actividades donde
tiene mejor acceso, para trasplantarlo luego al resto del espectro sindical,
e insinuó que se podría reeditar el pacto de los ´70 con
una patronal que le sería afín, como la CGE, y no con la UIA,
de intereses y lobbying más diferenciados.
Precisamente, las posiciones de enfrentaron ostensiblemente durante el proceso
de sanción de la reforma a la legislación laboral que encabezó
en el Congreso el diputado cegetista Héctor Recalde.
Pero el gran match paritario de fondo comienza dentro de dos semanas, cuando
salgan a escena los principales actores del sindicalismo vernáculo: metalúrgicos,
mecánicos, alimentación, comercio y transporte, los que además
cuentan con la particularidad de estar conducidos por dirigentes enfrentados
con Moyano para la renovación de autoridades de la central obrera a mitad
de año.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ha activado las comunicaciones
con los líderes de estas organizaciones para sondear el nivel salarial
en el que situarán los reclamos ante las patronales.
La recomendación oficial es que no superen el 20 % y la vigencia no
sea inferior a un año, además de evitar la inclusión de
cláusulas gatillo para rever las cifras acordadas.
A priori, el panorama que registran en la Casa Rosada marca una brecha significativa
entre las pretensiones obreras y lo que la parte empresaria está dispuesta
a dar: los reclamos irían del 25 al 30%, mientras que para los empleadores
el techo debería rondar el 15 %.
La negociación en ciernes sorprende al gobierno en la mitad entre unos
y otros, ya que admitiría que los aumentos transiten entre 18 y 20 %,
con un pequeño margen adicional para reconocer la mayor incidencia que
los aportes jubilatorios han tenido sobre la liquidación de los haberes.
Por todo concepto, esa tolerancia podría llegar al 25 % por todo concepto.
La dirigencia sindical tiene por delante todo un desafío: convencer
a sus representados que los porcentajes que tomen estado público no serán
los netos de bolsillo a percibir. Y aceptar públicamente el costo político
de homologar ajustes nominales inferiores a la inflación real.
