La descentralización y el respeto por las autonomías locales es una tendencia global que, bien instrumentada, tendría enormes ventajas, además de ajustarse a lo que manda la Constitución Nacional.
Pero planteos de este tipo pierden credibilidad cuando provienen de una administración que ha basado su gestión en la concentración y la arbitrariedad, sostiene el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) en su reporte número 563
La organización federal se basa en la descentralización de funciones y de recursos públicos.
La regla básica es que el nivel central cumple los acotados roles que comprenden al conjunto de la población y las jurisdicciones locales (las provincias y los municipios, para el caso argentino) tienen la mayor parte de las responsabilidades que involucran la atención a los ciudadanos dentro de sus límites geográficos, se reflexiona en el informe que orienta el economista Jorge Colina.
Bajo esta lógica, la Constitución Nacional asigna a la Nación las relaciones internacionales, la defensa nacional, la justicia federal, la educación superior y ciencia y técnica, la seguridad social y la infraestructura interprovincial (energía, comunicaciones y transporte interurbano).
Las provincias y municipios son responsables de las funciones estatales más importantes desde el punto de social, tales como la educación básica, la salud pública, la infraestructura urbana, la promoción y la asistencia social, la seguridad y la justicia provincial.
Para un adecuado funcionamiento de esta organización es clave que los recursos públicos sean distribuidos de forma coherente con la asignación de roles entre jurisdicciones.
En este sentido, los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que:
- En el período 1994 – 2000, el 37,9% de los recursos públicos nacionales iban a las provincias, de los cuales 32,0 puntos porcentuales se dirigía por mecanismos automáticos y 5,9% por mecanismos no automáticos.
- En el período 2001 – 2009, el 36,7% de los recursos nacionales iba a las provincias, de los cuales 27,6 puntos eran automáticos y 9,1 puntos no automáticos.
- En el período 2010 – 2014, el 35,8% de los recursos nacionales van a las provincias, de los cuales 26,7 puntos son automáticos y 9,1 no automáticos.
De estos datos oficiales se destacan tres hechos muy relevantes. En primer lugar, la desproporcionada cantidad de recursos que capta la Nación ya que apenas 1 de cada 3 pesos de la recaudación se distribuye a las provincias.
En segundo lugar, que esta desproporción no es reciente, aunque se ha profundizado en la última década. En tercer lugar, que es cada vez más preponderante la porción de los recursos que se distribuyen a las provincias por mecanismos no automáticos, es decir, por criterios arbitrarios.
Las provincias tienen la mayor parte de las responsabilidades pero no cuentan con los recursos, mientras que la Nación tiene los recursos pero no es responsable de los principales servicios sociales.
Se trata de un esquema irracional e ineficiente porque genera superposiciones, vacíos ydilución de responsabilidades. ¿Qué función cumple un ministerio de educación nacional que no administra escuelas? En la práctica, justifica burocracia e interfiere en la gestión provincial, por ejemplo negociando el salario docente cuando el 90% de los salarios lo pagan las provincias.
¿Qué rol cumple un Ministerio de Salud nacional de quien no dependen los hospitales?
Básicamente interferir en la gestión provincial de la salud pública, por ejemplo distribuyendo dispositivos anticonceptivos sólo entre algunas provincias.
Con estas superposiciones e incoherencias ambas jurisdicciones tienen excusas para eludir responsabilidades por los pobres resultados alcanzados.
La descentralización y el respeto por las autonomías locales es una tendencia global que bien instrumentada tiene enormes ventajas. Es más democrático y participativo porque acerca la gestión de los recursos públicos a la gente. También más eficiente porque evita burocracia y facilita el control social.
Por el contrario, la centralización como la que sufre la Argentina facilita la administración autoritaria del Estado, promueve la burocracia, la falta de pertinencia del gasto, la discrecionalidad y la corrupción.
Un testimonio muy ilustrativo es el escándalo con los planes de viviendas (una responsabilidad provincial) instrumentado desde la Nación a través de una fundación ligada a los derechos humanos.
Lo más importante no es mudar la capital sino terminar con el centralismo. Es decir, volver a los criterios constitucionales de asignación de responsabilidades y distribución coherente de recursos impositivos en función de los roles de cada jurisdicción.
El resultado de este proceso debe ser un nivel central concentrado en funciones estratégicas y las provincias y municipios gestionando y rindiendo cuentas por los resultados.
Sólo bajo estas condiciones resulta pertinente cambiar la localización geográfica de la capital.
