Las provincias contra más ajustes

Más allá de su color político, los gobiernos provinciales coinciden en que no están en condiciones de soportar nuevos ajustes en sus presupuestos. Se lo hicieron saber al gobierno federal no sólo los opositores, sino los responsables de la conducción de provincias aliancistas, como Chaco, Chubut, Mendoza y Catamarca.

Carlos Ruckauf, al que algunos comentaristas calificaron de “vocero espontáneo”, afirmó que las provincias justicialistas cumplirán cabalmente sus compromisos con el Poder Ejecutivo Nacional, pero que no podrían tolerar eventuales reducciones de los planes sociales o de los salarios.

Desde Córdoba, José Manuel de la Sota, eufórico por la saneada situación administrativa atribuida a la provincia, recordó que la reducción de impuestos aplicada por su gestión redundó en una inmediata mejora de la recaudación fiscal —” hemos utilizado bien los recursos”—dijo.

A todo esto trascendió el contenido del documento entregado a Graciela Fernández Meijide por los ministros y secretarios de Estado justicialistas que se reunieron con ella en Olivos.

Solicitan la constitución de un Gabinete Social Nacional para la integración de políticas que aporten a la reconstrucción del tejido social. Reclaman, asimismo, el refuerzo de la política alimentaria, la descentralización de las compras para beneficiar las economías regionales, el respeto a las autonomías provinciales y la articulación de un plan nacional, por lo menos anual, con la plena participación del interior del país.

De esta presentación no exenta de planteos críticos, surge la coincidencia de los mandatarios provinciales con la propuesta de Fernando de la Rúa y sus ministros, de convenir con todos los sectores una política de Estado que supere las contingencias temporales y se proyecte en el futuro.

Más allá de su color político, los gobiernos provinciales coinciden en que no están en condiciones de soportar nuevos ajustes en sus presupuestos. Se lo hicieron saber al gobierno federal no sólo los opositores, sino los responsables de la conducción de provincias aliancistas, como Chaco, Chubut, Mendoza y Catamarca.

Carlos Ruckauf, al que algunos comentaristas calificaron de “vocero espontáneo”, afirmó que las provincias justicialistas cumplirán cabalmente sus compromisos con el Poder Ejecutivo Nacional, pero que no podrían tolerar eventuales reducciones de los planes sociales o de los salarios.

Desde Córdoba, José Manuel de la Sota, eufórico por la saneada situación administrativa atribuida a la provincia, recordó que la reducción de impuestos aplicada por su gestión redundó en una inmediata mejora de la recaudación fiscal —” hemos utilizado bien los recursos”—dijo.

A todo esto trascendió el contenido del documento entregado a Graciela Fernández Meijide por los ministros y secretarios de Estado justicialistas que se reunieron con ella en Olivos.

Solicitan la constitución de un Gabinete Social Nacional para la integración de políticas que aporten a la reconstrucción del tejido social. Reclaman, asimismo, el refuerzo de la política alimentaria, la descentralización de las compras para beneficiar las economías regionales, el respeto a las autonomías provinciales y la articulación de un plan nacional, por lo menos anual, con la plena participación del interior del país.

De esta presentación no exenta de planteos críticos, surge la coincidencia de los mandatarios provinciales con la propuesta de Fernando de la Rúa y sus ministros, de convenir con todos los sectores una política de Estado que supere las contingencias temporales y se proyecte en el futuro.