Los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se plantearon en una cumbre celebrada en mayo cómo prevenir la denominada “planificación fiscal agresiva y la deslocalización de beneficios”, es decir, las prácticas que permiten a empresas como Apple pagar el 2% —o incluso menos— de unos ingresos que ascienden a decenas de miles de millones de euros.
La Comisión Europea se dio entonces de plazo este año para presentar una propuesta de directiva sobre los instrumentos de los que se valen estas empresas para contribuir lo mínimo al fisco.
Por ahora no hay ni rastro de este instrumento legal, pero sí ha trascendido que Bruselas está investigando a países como Irlanda, Holanda y Luxemburgo para ver si el régimen fiscal que aplican a grandes multinacionales incluyen ventajas que van contra la ley.
Si el procedimiento avanza, los países podrían tener que reclamar el dinero. “Puedo confirmar que estamos recogiendo información sobre esta cuestión”, aseguró ayer el portavoz comunitario de Competencia ante las preguntas que suscitó una información publicada por el Financial Times.
La Comisión Europea insiste en que es el organismo responsable de vigilar que los Estados no concedan ayudas selectivas que beneficien a unas empresas por encima de otras; y que no permitirá estas prácticas. Bruselas se ha dirigido ya a Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos —a través de cartas que fueron enviadas los pasados meses de junio y julio—. Tampoco excluye que la investigación también afecte a otros Estados miembros; aunque en ningún caso España sería uno de ellos.
El portavoz del departamento que encabeza Joaquín Almunia insiste en que la investigación abierta está aún en una fase preliminar de recogida de información que no tiene por qué implicar la apertura de un procedimiento formal. Si la investigación avanzara y la Comisión encontrara motivos para ello, abriría un proceso que podría acarrear que los Estados investigados tuvieran que recuperar los ingresos no recaudados gracias a un esquema fiscal demasiado benévolo para multinacionales como Apple o Starbucks.
Las ventajas fiscales que estos países conceden a algunas empresas para alentarlas a que les elijan como sede ha generado un profundo malestar entre algunas capitales europeas y en la Comisión Europea en un momento en el que tanto EE.UU. como la UE y organismos como la OCDE han redoblado su apuesta para luchar contra los paraísos fiscales.
Una investigación del Senado estadounidense demostró el pasado mes de mayo que Apple concentra los beneficios en algunas filiales que son apátridas fiscales, es decir, que ni tienen sede fiscal ni declaran impuestos en ningún país.
Además, el informe aseguraba que la empresa de la manzana había acordado con el Gobierno irlandés pagar un impuesto de sociedades del 2%, frente al 12,5% vigente para otras compañías.
Es lo que el senador estadounidense Carl Levin denominó durante la audiencia “el Santo Grial de la evasión fiscal”. Starbucks podría estar beneficiándose de ventajas similares en Holanda. Y las críticas se extienden a otros gigantes como Google o Amazon.
