¿Y quién va a hablar en nombre del pueblo? La respuesta no debería provenir de los que están al mando. En las emergencias, un gobierno autoritario puede presentar cualquier oposición como anti patriotismo.
Para combatir la propagación de la pandemia, muchos gobiernos han tomado medidas para limitar los movimientos de las personas: cierre de fronteras, cuarentenas y prohibición de actividad comercial. Todas medidas necesarias para salvar vidas, pero que vienen acompañadas de pérdida de las libertades individuales.
Algunos líderes hicieron algo más que cerrar fronteras y declarar cuarentenas. Por el coronavirus, Hungría declaró el estado de emergencia, una herramienta útil para líderes que quieren ampliar sus poderes o estirar su mandato. Luego propuso una ley que extendería ese estado de emergencia indefinidamente y autorizaría al primer ministro Orbán a gobernar por decreto. Esa ley propone hasta 5 años de cárcel para quien difunda información falsa que obstruya en algún modo los esfuerzos por combatir el Covid 19.
En Israel, Netanyahu impidió que se reúna el parlamento y cerró las cortes, una medida conveniente para un líder que buscaba la relección y que tiene un juicio pendiente por soborno, fraude y violación de la confianza. El juicio, que comenzaba en abril, se pospuso hasta mayo. El 17 de marzo el gobierno firmó un decreto autorizando a la policía a rastrear los celulares de los pacientes de Covid 19 o de los que se sospecha que lo tengan, sin someterlo previamente a la aprobación del poder legislativo.
En Rusia, Putin propuso un conjunto de reformas constitucionales que consolidan todavía más su poder y que podrían permitirle retener un cargo importante cuando termine el último de los mandatos que le permite la ley.
Dada la naturaleza de los líderes que gobiernan Rusia, Hungría e Israel no sorprende que aprovechen el momento como una oportunidad para fortalecer su poder. Pero también está ocurriendo en Italia, en Francia, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en todas partes.
En Francia e Italia, hasta hace poco, la gente solo podía salir una vez el día, siempre que hubiera obtenido previamente un permiso (igual que en la Argentina). En Tailandia, el gobierno ahora puede censurar a los medios. En Corea del sur, los funcionarios están usando el celular, la tarjeta de crédito y los registros de GPS para seguir la pista de los pacientes de Covid 19 en tiempo real.
Extensión de poderes
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia pidió al Congreso que extienda sus poderes en una serie de áreas. Esos nuevos poderes le permitirían, durante las emergencias, pedir la prisión preventiva por tiempo indeterminado para los acusados de algún crimen.
En las emergencias, los gobiernos autoritarios pueden presentar cualquier oposición como anti-patriotismo; su popularidad se dispara y las vallas de contención que existen para impedir que acumulen demasiado poder, dejan de funcionar o funcionan mal.
Pero ahora hay otro problema con estas medidas: las están aplicando “todos” los países, sean democracias o dictaduras. Y entonces se vuelve más difícil distinguir entre lo que es necesario en nombre del bien común y lo que es un intento de ampliar o consolidar poder para el largo plazo.
En un episodio reciente del podcast Talking Politics, el profesor británico David Runciman conversó con un politólogo, quien dijo que un estado de emergencia se justifica si el peligro es público, universal y existencial, y si los poderes extraordinarios son autorizados por el pueblo, tienen límite en el tiempo y son proporcionales.
Covid-19, que ha sido llamado “el gran igualador”, encaja perfectamente con la primera mitad de esa descripción, pero ¿qué pasa con la segunda parte?
“Hay muy poco en la historia universal”, añadió, “que muestre que los estados estén dispuestos a renunciar a esos poderes una vez que han sido otorgados. En Estados Unidos, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 llevaron a una masiva expansión del poder del ejecutivo y las violaciones a las libertades personales tuvieron una vigencia mucho más larga que la emergencia.
En cuanto a los otros puntos, ¿quién decide qué pérdida de los derechos personales es proporcional al peligro? ¿Y quién va a hablar en nombre del pueblo? No se puede permitir que la respuesta a esa pregunta sea: “los que están al mando.”
Casi ninguna de las declaraciones de emergencia implementadas en el mundo para combatir el Covid-19 llevan fecha de caducidad explícita.
