Durante décadas, importar en Argentina fue sinónimo de incertidumbre. No se trataba únicamente de costos elevados o demoras logísticas: el verdadero obstáculo residía en la imprevisibilidad normativa. La falta de criterios claros convertía cada operación en una apuesta. Cada contenedor podía transformarse en una sorpresa. Cada planificación, en una conjetura.
El reciente DNU que modifica el Código Aduanero introduce un cambio silencioso pero profundamente estructural: la posibilidad de solicitar un dictamen anticipado antes de concretar una importación. A primera vista podría parecer un ajuste técnico. En realidad, representa una transformación conceptual en la relación entre el Estado y quienes operan en el comercio exterior.
Por primera vez, el importador puede conocer de antemano tres variables críticas: la clasificación arancelaria del producto, la valoración económica según la Aduana y el cumplimiento de reglas de origen. Este trípode determina la viabilidad de cualquier operación internacional. Hasta ahora, esas definiciones solían aparecer cuando la mercadería ya estaba en tránsito —o peor aún, detenida en puerto— generando sobrecostos, conflictos administrativos y decisiones forzadas.
La reforma introduce un principio elemental en economías abiertas: previsibilidad. La Aduana —o la Secretaría de Industria— dispone de treinta días para emitir respuesta. Si el plazo se agota sin resolución, el operador puede avanzar utilizando sus propios criterios, respaldado por una garantía. Este detalle, aparentemente técnico, altera la lógica histórica del sistema: el silencio deja de ser bloqueo y pasa a convertirse en habilitación.
La consecuencia inmediata es la reducción del riesgo operativo. La consecuencia profunda es la aparición de seguridad jurídica desde el inicio del proceso. Para quienes comienzan a importar, significa eliminar la principal barrera psicológica y financiera: el temor a lo desconocido. Para empresas con trayectoria, implica defenderse frente a cambios arbitrarios de criterio, planificar estructuras de costos con mayor precisión y optimizar tiempos en operaciones de escala.
La apertura comercial no se construye únicamente mediante reducción de aranceles. También requiere reglas claras, procesos transparentes y organismos que funcionen como facilitadores en lugar de convertirse en obstáculos. En ese sentido, esta modificación ordena responsabilidades institucionales: la clasificación y el valor quedan bajo órbita aduanera; el origen se define desde el área productiva. La delimitación evita superposiciones que históricamente generaron demoras innecesarias.
El impacto potencial trasciende el comercio exterior. Cada importación más previsible significa precios más competitivos, mayor variedad de productos, cadenas de suministro más eficientes y nuevas oportunidades para emprendedores. La economía real se beneficia cuando desaparece la incertidumbre regulatoria.
Argentina se encuentra ante una oportunidad singular. Las reglas comienzan a alinearse con estándares internacionales donde la anticipación reemplaza la improvisación. Para quienes planean escalar operaciones hacia 2026, este escenario representa una ventaja estratégica difícil de ignorar.
Las transformaciones verdaderamente profundas rara vez generan titulares estridentes. Sin embargo, modifican el terreno sobre el cual se toman decisiones empresariales durante años. Este cambio pertenece a esa categoría: menos burocracia, menos sorpresas, más planificación.
Y en comercio exterior, la previsibilidad no es un detalle técnico. Es la diferencia entre la parálisis y el crecimiento.
