Al igual que lo sucedido con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, declarada “constitucional” por la Corte Suprema argentina, la regulación del sector fue consensuada en el Reino Unido por los principales partidos, con el apoyo de varias organizaciones sociales.
Pese a ese respaldo político y civil, los medios monopólicos buscaron impedir la sanción del marco normativo, que surgió como respuesta al gran escándalo desatado en 2011 por las escuchas ilegales que realizaron las publicaciones del magnate de medios Rupert Murdoch para conseguir primicias.
El escándalo llevó a la redacción del Informe Leveson, realizado por el juez Brian Leveson y presentado en noviembre del año pasado, que tiene como principal sugerencia la creación de un nuevo ente regulador, que sea independiente tanto del partido gobernante como de los medios.
Asociaciones que defienden la libertad de expresión junto a Hacked Off, que reunió a las víctimas de las pinchaduras de los medios de Murdoch, así como los líderes conservadores, liberales-demócratas y laboristas que representan la mayoría parlamentaria, apoyaron esa recomendación.
Sin embargo, desde la presentación del informe, las empresas de prensa escrita, que son las que se verían afectadas porque la comunicación audiovisual ya está regulada, presionaron para impedir los cambios, pero hoy fracasaron en sus últimos dos intentos de frenar la regulación en la Justicia.
Primero acudieron al Alto Tribunal para imponer un freno judicial, bajo el argumento de que no fueron adecuadamente consultadas para crear una autoridad de control que, desde su perspectiva, violará el derecho de expresión.
Sin embargo, los dos jueces que escucharon la presentación judicial dictaminaron que “no tiene sustento” y la rechazaron.
Los grupos concentrados se presentaron luego ante la Corte de Apelaciones, que también desestimó el pedido, y dio luz verde para que el cuerpo político que aconseja a la reina Isabel II aprobara la nueva regulación.
Los partidos políticos decidieron que fuera un estatuto real, mecanismo usado generalmente para la creación de universidades o supervisar la cadena pública BBC, en vez de una ley, ya que se necesitan los dos tercios del Parlamento y no la mayoría simple para modificarla.
El nuevo ente reemplazará a la cuestionada Comisión de Quejas a la Prensa (PCC), y si bien sus miembros serán elegidos por los propios diarios y revistas, deberán ser aprobados por un panel independiente y, a diferencia de lo que ocurre ahora, no podrán ser periodistas ni editores en función.
La autoridad tendrá la competencia de imponer multas cuando haya alguna violación a la ética periodística y dispondrá de un servicio de arbitraje para definir denuncias del público.
Los diarios y revistas no estarán obligados a regirse bajo el nuevo sistema de regulación, pero existen incentivos para que expliciten su consentimiento, como multas menos costosas que las que les impondría la Justicia.
Estos cambios en la prensa escrita son en respuesta a las escuchas telefónicas y hackeo de computadoras que realizó el semanario News of the World, del grupo de medios de Murdoch, que por el escándalo dejó de editarse en julio de 2011.
El lunes comenzó el juicio contra algunos de los periodistas acusados, entre los que está Rebekah Brooks, exmano derecha del magnate de medios Rupert Murdoch, y Andy Coulson, exportavoz del primer ministro David Cameron.
Según sostuvo hoy la fiscalía, ambos exdirectores del tabloide News of the World estaban al tanto de que la publicación obtenía primicias realizando pinchazos telefónicos.
Las víctimas fueron celebridades, como el actor Hugh Grant y la escritora JK Rowling -autora de la saga de Harry Potter-, y protagonistas de casos policiales, como Milly Dowler, una chica inglesa de 13 años que fue secuestrada y asesinada en 2002.
