La alta concentración de población en grandes urbes es una de las barreras que condiciona las posibilidades de progreso. Refleja la falta de oportunidades que prevalece en comunidades más pequeñas del interior que motoriza las migraciones internas.
De aquí que una distribución geográfica más armónica de la población y menores brechas de calidad de vida entre regiones debería ser parte central en la agenda del desarrollo, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa), en el número 634 del reporte semanal.
La faceta más conocida de este fenómeno es la enorme concentración de población en el aglomerado que conforma la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Mientras que en la Capital y sus alrededores vive el 36% de los argentinos, en Alemania para alcanzar similar porcentaje, hay que sumar la población de las 20 ciudades más grandes y en Francia hay que sumar a la población de las 10 ciudades de mayor envergadura.
Un aspecto menos debatido es la concentración de la población al interior de cada provincia.
Dejando de lado las provincias de Santa Fe y Neuquén, donde sus capitales no son las ciudades más grandes, los datos del INDEC referidos al total de la población urbana señalan que:
- En 11 provincias la capital aglutina entre el 50% y el 80% de la población.
- En 8 provincias la capital aglutina entre el 33% y el 50% de la población.
- Sólo en Entre Ríos, la capital concentra el 24% de la población.
Estos datos muestran que la concentración de población urbana a nivel nacional se reproduce con mayor intensidad al interior de cada provincia. Incluso en la provincia con menos concentración, Entre Ríos, la capital Paraná absorbe un 24% de la población urbana. Se trata de una proporción todavía alta si se tiene en cuenta que, por ejemplo, París aglutina el 18% de la población de Francia o que en Berlín vive el 5% de la población de Alemania.
Que la mitad de la población del interior del país habite en las capitales de cada provincia es un tema de alta relevancia para el diseño de políticas públicas.
La distorsionada distribución de la población está asociada a la aplicación sistemática de políticas que discriminan a las comunidades más pequeñas.
En el interior, la producción es castigada por retenciones a las exportaciones, aranceles a las importaciones de máquinas e insumos y la falta de infraestructura.
A su vez, la concentración económica y política que genera el régimen de coparticipación nacional de impuestos se potencia por reglas de similares características que muchas provincias le aplican a sus municipios.
Revertir la desordenada concentración de la población demandará mucho esfuerzo. Un componente clave es instrumentar un ambicioso plan de inversión en infraestructura.
Esto requiere dejar de canalizar recursos públicos a fines improductivos. Por eso, es buena señal la revisión de las contrataciones de empleo público espurio. Pero además es fundamental que el plan este centrado en reparar los daños generados por la sistemática discriminación contra las pequeñas comunidades.
Planteado de esta manera, las áreas prioritarias son el transporte, la energía, la red digital y las inversiones que contribuyan aumentar la calidad de los servicios en las pequeñas poblaciones (cloacas, agua, salud, educación, etc.). En igual sentido, si se van a usar fondos públicos para preservar la línea aérea de bandera, hay que dejar de hacerlo para subsidiar vuelos al exterior cuando la densidad de vuelos entre ciudades del interior es bajísima.
Los avances acelerados de las comunicaciones y la digitalización hacen que las relaciones económicas y sociales dejen de requerir cercanía física.
Para estudiar, producir y estar plenamente integrados al país y al mundo no hace falta vivir en grandes urbes. Este cambio tecnológico agrega una razón adicional para priorizar el desarrollo de la infraestructura y los servicios en las comunidades más pequeñas del interior del país, concluye el informe elaborado por el equipo de Idesa que encabeza el economista Jorge Colina.
