En primer lugar, debe notarse la magnitud del déficit fiscal que, según las proyecciones del FMI, sería 15% del PIB este año, luego de haberse observado un déficit similar en 2020.
La deuda pública alcanza a los niveles más altos de la historia, similar a la observada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y las proyecciones de la Congressional Budget Office para 2050 muestran que puede llegar a 200% del PIB si no se adoptan medidas, aún luego de que las variables se normalicen.
En segundo lugar, ese alto desequilibrio fiscal ha sido acompañado por una expansión monetaria enorme.
La preocupación de algunos analistas es que este combo de superimpulsos fiscal y monetario pueda dar lugar a un aumento en la tasa de inflación o a una crisis de deuda.
Los optimistas argumentan que la tasa de inflación es muy baja, que la recesión generó tendencias deflacionarias que había que revertir y que la tasa de interés real de los bonos del Tesoro americano es inusualmente baja, lo cual justifica correr el riesgo de déficits elevados financiados con deuda. Debate difícil de saldar pero que seguramente terminará en algunos aumentos de impuestos.
Lo curioso es que algunos analistas cercanos al gobierno crean que esa realidad es extrapolable a la Argentina, donde la inflación de un mes duplica a la inflación de un año de Estados Unidos, el riesgo país está por las nubes y la represión financiera sólo permite financiar localmente una parte ínfima del desequilibrio fiscal. Y, además, donde la carga tributaria es superior a la americana medida como porcentaje del PIB (y mucho mayor para las actividades formales, dado el mayor peso de la economía informal en nuestro país).
Los datos fiscales del primer trimestre del año muestran una reducción de 70% interanual del déficit primario, medido en moneda constante. Eso se logró porque los ingresos aumentaron 11 puntos por encima de la inflación y el gasto primario aumentó 1%. La mejora de ingresos se explica por las subas de impuestos previo y durante la pandemia, el rebote de actividad económica y los elevados precios internacionales de las commodities agrícolas. A estos factores se suma, a partir de abril, el producido del impuesto a las grandes fortunas.
El gasto primario muestra una recuperación de la inversión pública y un aumento de 26% real en los subsidios al sector privado, compensados por una caída en la masa salarial y en las jubilaciones, resultado este último de penalizar más a quienes aportaron (que, en su gran mayoría, cobran más que el haber mínimo) de lo que se favoreció a quienes obtienen la jubilación mínima.
Aún a pesar de la baja calidad de la corrección fiscal, se podía proyectar un desequilibrio primario inferior al presupuestado de 4.2% del PIB. Esa hubiera sido una excelente carta de negociación para acelerar un acuerdo con el FMI.
Sin embargo, una coalición dividida y con algunas de sus partes altamente ideologizadas, no demoró en hacer un rápido giro de campana.
Por un lado, la segunda ola de Covid que golpea a la Argentina enlentecerá el ritmo de recuperación y pondrá presión por mayor asistencia estatal. Por su parte, la discusión tarifaria, además de minar buena parte de la credibilidad que le quedaba al equipo económico, se comerá parte de la holgura fiscal y complicará los intentos por reducir seriamente la inflación luego de las elecciones de medio término (tarifa que no se ajusta hoy es más tarifazo mañana).
Lo llamativo es que el gobierno ya vivió en el tercer trimestre del año pasado lo que ocurre cuando se desborda el déficit financiado con emisión: aumenta la brecha cambiaria, eso obliga a un BCRA con escasas reservas a depreciar más rápido el tipo de cambio oficial y finalmente se acelera la inflación.
Es difícil prever cuántas veces la coalición gobernante necesitará tropezarse con la misma piedra para evitar dañar todavía más a la economía. Por impericia, estamos por desperdiciar la oportunidad de hacer un ajuste indoloro gracias a los excepcionales precios de exportación. Quizás se pueda explicar por una lectura equivocada de los sucesos pasados. La historia oficial es que los problemas argentinos de larga data empezaron en 1975. En verdad empezaron antes, cuando se diseñó un programa en 1973 que, en lugar de corregir los desequilibrios fiscal y monetario heredados, los potenció, y desaprovechó así un boom transitorio en los precios de exportación. En resumen, no leer las restricciones o desperdiciar las oportunidades es la mejor receta para el fracaso.
(*) Economista de FIEL
