La lucha por el Presupuesto
A más de un mes de presentado en el Congreso, el Presupuesto 2001 es objeto de controversias políticas que en muchos casos salen de la esfera de la discusión sobre el rumbo conveniente para el país. Por Gabriel Marrapodi
La búsqueda de un mejor posicionamiento político usa, a veces, herramientas tan importantes para una gestión de gobierno, como es el presupuesto para los gastos del Estado.
Tanto el Gobierno como la oposición discuten en torno de los pormenores del proyecto de Presupuesto para 2001 –que prevé gastos del Estado por $ 51.232 millones, 1,8% más que el presupuesto de este año–, como si cada uno supiera que quien logre determinar el formato final del la ley de leyes será poseedor de la mejor posición política en vista a las próximas elecciones parlamentarias del año que viene y las presidenciales de 2003.
Hoy (miércoles 25), el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el justicialista Oscar Lamberto, afirmó que el nuevo paquete de medidas impositivas anunciado por el Gobierno “no acelerará los tiempos del tratamiento del presupuesto para el año que viene”, y respondió con esto a la exigencia de anteayer del ministro de Economía, Jose Luis Machinea, de condicionar las medidas a la aprobación inmediata del proyecto.
El objetivo principal de la Alianza cuando presentó el proyecto, el 18 de septiembre, era cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que determina cuál es el déficit máximo anual que el Estado puede tener, y que los funcionarios del Gobierno calificaron como indispensable para reducir la presión del sector público sobre la inversión y el consumo privados y para reducir también el riesgo país.
La urgencia del Gobierno es conseguir respaldo político; para ello salió a buscar al ex vicepresidente Carlos Alvarez, quien en un encuentro con Machinea se comprometió a apoyar el proyecto y no obstruir el fortalecimiento de la imagen presidencial, aunque con su renuncia Chacho haya puesto de manifiesto que apuesta a quedar aislado de las críticas a la Administración Pública, en una clara maniobra para pelear por el poder en las elecciones venideras.
Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, calificó al Presupuesto de “invotable”, pero propuso un acuerdo de los gobernadores peronistas con el presidente De la Rúa para “sacar el país adelante”, lo que hace pensar en que desde su lugar está buscando mediar entre oficialismo y oposición, con las ventajas políticas que de ello pueda obtener.
Algunos, como el diputado justicialista Arturo Lafalla, se limitan a explicar que el Gobierno no debe repetir viejos esquemas y tiene que administrar mejor el gasto de la República; son quizá, los que están menos presionados por la carrera política y se atribuyen opiniones políticamente menos partidarias.
Es Machinea quien se muestra más decidido en el Gobierno a no repensar el Presupuesto, aunque bien sabe que cerrarse a la discusión es perjudicial para la imagen política de un funcionario, por eso señala que se va a “discutir todo lo que sea, pero si alguien quiere aumentar un gasto tiene que explicar de dónde sacamos los recursos”.
En un segundo plano, el líder de Acción por la República, Domingo Cavallo, señaló que el Presupuesto es necesario porque “si el Gobierno no pone en marcha un plan de inmediato, nos borran del mapa de las inversiones”.
Las declaraciones del mentor de la convertibilidad se basan en la posibilidad de que en algún momento se haya discutido sobre su hipotética designación al frente del Banco Central, posición que le daría mayor protagonismo político.
El hecho es que las elecciones están cerca y todos buscarán sacar de la realidad social y económica del país herramientas capaces de generar espacios mayores en las esferas de poder del Congreso el año que viene, y del Ejecutivo en 2003.
Para el resto del país esto es historia conocida: las figuras del Gobierno se harán cargo de los logros de la Administración para llenar los argumentos de las campañas proselitistas y los políticos de la oposición harán lo propio con los errores del oficialismo, diciendo que fueron ellos quienes los sacaron a la luz.
La búsqueda de un mejor posicionamiento político usa, a veces, herramientas tan importantes para una gestión de gobierno, como es el presupuesto para los gastos del Estado.
Tanto el Gobierno como la oposición discuten en torno de los pormenores del proyecto de Presupuesto para 2001 –que prevé gastos del Estado por $ 51.232 millones, 1,8% más que el presupuesto de este año–, como si cada uno supiera que quien logre determinar el formato final del la ley de leyes será poseedor de la mejor posición política en vista a las próximas elecciones parlamentarias del año que viene y las presidenciales de 2003.
Hoy (miércoles 25), el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el justicialista Oscar Lamberto, afirmó que el nuevo paquete de medidas impositivas anunciado por el Gobierno “no acelerará los tiempos del tratamiento del presupuesto para el año que viene”, y respondió con esto a la exigencia de anteayer del ministro de Economía, Jose Luis Machinea, de condicionar las medidas a la aprobación inmediata del proyecto.
El objetivo principal de la Alianza cuando presentó el proyecto, el 18 de septiembre, era cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que determina cuál es el déficit máximo anual que el Estado puede tener, y que los funcionarios del Gobierno calificaron como indispensable para reducir la presión del sector público sobre la inversión y el consumo privados y para reducir también el riesgo país.
La urgencia del Gobierno es conseguir respaldo político; para ello salió a buscar al ex vicepresidente Carlos Alvarez, quien en un encuentro con Machinea se comprometió a apoyar el proyecto y no obstruir el fortalecimiento de la imagen presidencial, aunque con su renuncia Chacho haya puesto de manifiesto que apuesta a quedar aislado de las críticas a la Administración Pública, en una clara maniobra para pelear por el poder en las elecciones venideras.
Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, calificó al Presupuesto de “invotable”, pero propuso un acuerdo de los gobernadores peronistas con el presidente De la Rúa para “sacar el país adelante”, lo que hace pensar en que desde su lugar está buscando mediar entre oficialismo y oposición, con las ventajas políticas que de ello pueda obtener.
Algunos, como el diputado justicialista Arturo Lafalla, se limitan a explicar que el Gobierno no debe repetir viejos esquemas y tiene que administrar mejor el gasto de la República; son quizá, los que están menos presionados por la carrera política y se atribuyen opiniones políticamente menos partidarias.
Es Machinea quien se muestra más decidido en el Gobierno a no repensar el Presupuesto, aunque bien sabe que cerrarse a la discusión es perjudicial para la imagen política de un funcionario, por eso señala que se va a “discutir todo lo que sea, pero si alguien quiere aumentar un gasto tiene que explicar de dónde sacamos los recursos”.
En un segundo plano, el líder de Acción por la República, Domingo Cavallo, señaló que el Presupuesto es necesario porque “si el Gobierno no pone en marcha un plan de inmediato, nos borran del mapa de las inversiones”.
Las declaraciones del mentor de la convertibilidad se basan en la posibilidad de que en algún momento se haya discutido sobre su hipotética designación al frente del Banco Central, posición que le daría mayor protagonismo político.
El hecho es que las elecciones están cerca y todos buscarán sacar de la realidad social y económica del país herramientas capaces de generar espacios mayores en las esferas de poder del Congreso el año que viene, y del Ejecutivo en 2003.
Para el resto del país esto es historia conocida: las figuras del Gobierno se harán cargo de los logros de la Administración para llenar los argumentos de las campañas proselitistas y los políticos de la oposición harán lo propio con los errores del oficialismo, diciendo que fueron ellos quienes los sacaron a la luz.
