La Fundación Mediterránea, presidida por María Pía Astori, difundió un análisis sobre la dinámica de la inflación y los escenarios hacia 2026, en el que se examina el sistema de riesgos del trabajo en Argentina. El informe destaca que la litigiosidad en este sistema volvió a niveles críticos durante 2024, a pesar de la tendencia sostenida de reducción en la siniestralidad.
De acuerdo con la fundación, en 2024 se registraron 124.000 juicios vinculados a riesgos del trabajo, una cifra que iguala los valores observados en 2017. Esta situación se produce incluso cuando los accidentes laborales muestran una baja constante, lo cual evidencia una disociación entre la siniestralidad y el volumen de litigios.
El análisis identifica como principal factor el modo en que se desarrollan las pericias médicas en la justicia laboral provincial. Según el informe, en varias jurisdicciones no se aplican las reglas establecidas por la ley para la cuantificación de incapacidades, lo que contribuye a la dispersión y arbitrariedad en los criterios periciales. Además, muchas provincias no conformaron los Cuerpos Médicos Forenses previstos por la ley de 2017. En consecuencia, las pericias suelen estar a cargo de médicos sorteados de listados abiertos, cuyos honorarios están ligados al porcentaje de incapacidad determinado.
Esta modalidad, señala la Fundación Mediterránea, genera “criterios arbitrarios, dispersos y fuertes incentivos a litigar”. El documento subraya que la falta de acompañamiento de las provincias y los incentivos que surgen del funcionamiento actual de la justicia laboral explican el crecimiento de los juicios y el incremento de sus costos.
El costo de los litigios equivale al 1,2% de la masa salarial, lo que representa casi la mitad de la alícuota promedio del sistema de riesgos del trabajo. El informe advierte que “costos altos, crecientes e inciertos encarecen el empleo formal y desalientan nuevas contrataciones”.
Así, el análisis de la Fundación Mediterránea resalta que el problema central ya no reside en el marco legal vigente, sino en su implementación a nivel provincial y en la estructura de incentivos judiciales que impulsan la litigiosidad.
El informe concluye que la persistencia de altos niveles de juicios, en un contexto de baja siniestralidad, representa un obstáculo significativo para la competitividad y la generación de empleo formal, de acuerdo con la entidad.
