La Justicia ordenó la suspensión del recorte de 13%
La Justicia del Trabajo ordenó al Poder Ejecutivo la suspensión inmediata del recorte en los haberes de empleados estatales de una veintena de gremios, y el comienzo del pago de ese importe que se encuentra suspendido desde julio del año pasado.
El juez Horacio Benítez hizo lugar a una medida cautelar
promovida por un grupo de sindicatos que cuentan con empleados
estatales y ordenó que “se arbitren los medios necesarios para que
suspendan hasta el dictado de pronunciamiento definitivo, los
descuentos instrumentados” en el sector.
Entre los sindicatos que promovieron la acción figuran la
Asociación Bancaria, Asociación de Empleados de la Dirección
General Impositiva, Sindicato Argentino de Televisión, Unión
Ferroviaria y Unión Personal Civil de la Nación, todos
patrocinados por los abogados Héctor Recalde y Guillermo Fanego.
Precisamente, Recalde dijo, tras conocer el fallo, que la
Justicia ordenó el pago a partir de ahora de ese 13 por ciento
para todos los empleados del Estado y no desde el año próximo como
pretende el gobierno.
La resolución del juez “alcanza al 90 por ciento de los gremios
agrupados en las dos CGT”, aseguró Recalde.
El fallo de Benítez se basa en el caso del militar Leónidas
Tobar, por el cual la Corte Suprema de Justicia declaró
inconstitucional el recorte del 13 por ciento.
“Debe considerarse la naturaleza alimentaria de los créditos
afectados, sumada al acelerado deterioro del poder adquisitivo de
los salarios, derivados de los índices inflacionarios registrados
en el año”, expresó el magistrado.
El juez interpretó que “dichas normas no prohiben el dictado de
medidas cautelares respecto del Estado, en la medida que éstas no
perturben recursos propios”.
Por su lado, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, precisó que
la restitución del ajuste del 13 por ciento en los sueldos de
empleados estatales y jubilaciones se efectivizará a partir del
primero de enero próximo, mientras que el retroactivo se pagará
con bonos públicos.
El funcionario sostuvo que esta decisión forma parte de un
decreto que deben firmar los ministros del Gabinete, y luego el
presidente Eduardo Duhalde.
En conferencia de prensa, Atanasof puntualizó que ese decreto
“establece que a partir del primero de enero se reintegrará el 13
por ciento de los haberes a todos los trabajadores públicos,
jubilados y pensionados”, por lo cual la partida correspondiente
constará en el Presupuesto del año entrante.
El funcionario aseguró que de esta forma el Gobierno “también
reconoce la diferencia salarial desde el momento que se practicó
el primer descuento hasta el 31 de diciembre, lo que se pagará en
títulos públicos”.
Por otra parte, el funcionario recordó que “en el transcurso de
esta semana” se estará enviando al Parlamento el proyecto de ley
del Presupuesto para el 2003.
Según explicó Atanasof, en ese proyecto “se contempla la
continuidad de los programas sociales para el año próximo”.
El jefe de ministros evitó dar cifras concretas sobre el
Presupuesto, aunque trascendió que contemplará una pauta de
crecimiento anual del 3 por ciento.
Fuentes del Gobierno indicaron que en el Presupuesto 2003 se
necesitará pautar 285 millones de pesos mensuales para financiar
el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
La expectativa de recaudación para el año entrante está en el
orden de los 52 mil millones de pesos, mientras que la pauta
inflacionaria se ubicaría entre el 22 y el 23 por ciento.
El juez Horacio Benítez hizo lugar a una medida cautelar
promovida por un grupo de sindicatos que cuentan con empleados
estatales y ordenó que “se arbitren los medios necesarios para que
suspendan hasta el dictado de pronunciamiento definitivo, los
descuentos instrumentados” en el sector.
Entre los sindicatos que promovieron la acción figuran la
Asociación Bancaria, Asociación de Empleados de la Dirección
General Impositiva, Sindicato Argentino de Televisión, Unión
Ferroviaria y Unión Personal Civil de la Nación, todos
patrocinados por los abogados Héctor Recalde y Guillermo Fanego.
Precisamente, Recalde dijo, tras conocer el fallo, que la
Justicia ordenó el pago a partir de ahora de ese 13 por ciento
para todos los empleados del Estado y no desde el año próximo como
pretende el gobierno.
La resolución del juez “alcanza al 90 por ciento de los gremios
agrupados en las dos CGT”, aseguró Recalde.
El fallo de Benítez se basa en el caso del militar Leónidas
Tobar, por el cual la Corte Suprema de Justicia declaró
inconstitucional el recorte del 13 por ciento.
“Debe considerarse la naturaleza alimentaria de los créditos
afectados, sumada al acelerado deterioro del poder adquisitivo de
los salarios, derivados de los índices inflacionarios registrados
en el año”, expresó el magistrado.
El juez interpretó que “dichas normas no prohiben el dictado de
medidas cautelares respecto del Estado, en la medida que éstas no
perturben recursos propios”.
Por su lado, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, precisó que
la restitución del ajuste del 13 por ciento en los sueldos de
empleados estatales y jubilaciones se efectivizará a partir del
primero de enero próximo, mientras que el retroactivo se pagará
con bonos públicos.
El funcionario sostuvo que esta decisión forma parte de un
decreto que deben firmar los ministros del Gabinete, y luego el
presidente Eduardo Duhalde.
En conferencia de prensa, Atanasof puntualizó que ese decreto
“establece que a partir del primero de enero se reintegrará el 13
por ciento de los haberes a todos los trabajadores públicos,
jubilados y pensionados”, por lo cual la partida correspondiente
constará en el Presupuesto del año entrante.
El funcionario aseguró que de esta forma el Gobierno “también
reconoce la diferencia salarial desde el momento que se practicó
el primer descuento hasta el 31 de diciembre, lo que se pagará en
títulos públicos”.
Por otra parte, el funcionario recordó que “en el transcurso de
esta semana” se estará enviando al Parlamento el proyecto de ley
del Presupuesto para el 2003.
Según explicó Atanasof, en ese proyecto “se contempla la
continuidad de los programas sociales para el año próximo”.
El jefe de ministros evitó dar cifras concretas sobre el
Presupuesto, aunque trascendió que contemplará una pauta de
crecimiento anual del 3 por ciento.
Fuentes del Gobierno indicaron que en el Presupuesto 2003 se
necesitará pautar 285 millones de pesos mensuales para financiar
el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
La expectativa de recaudación para el año entrante está en el
orden de los 52 mil millones de pesos, mientras que la pauta
inflacionaria se ubicaría entre el 22 y el 23 por ciento.
