La intervención en el Indec: ¿Cómo se deja al país sin mapa de ruta?

Es de público conocimiento que desde enero de 2007, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) ha sido objeto de una intervención, cada vez mayor, por parte de las autoridades gubernamentales. A partir de que se hicieran públicos los mecanismos de manipulación del Índice de Precios al Consumidor y de que los reclamos de los técnicos recibieran apoyo de la sociedad en general, quedó en claro que esta intervención no sólo significa una pérdida en términos estadísticos, por la alteración de las bases, sino que acarrea un inconveniente mayor en términos institucionales como lo es la pérdida de confianza en las estadísticas oficiales de un país, termómetro de la situación socioeconómica de toda nación.

Los índices cuestionados
A continuación, realizaremos un recorrido por los índices cuestionados intentando ratificar o rectificar los rumores que más han corrido por los pasillos de la estadística oficial y de los medios de comunicación. De esta forma, buscaremos señalar qué índices todavía se encuentran en condiciones de ser buenas brújulas del rumbo económico del país.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
La intervención al Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó en el mes de enero cuando se observaron modificaciones en las estimaciones de los rubros Turismo, Salud y Alimentos.
En el caso de Turismo, se consideraron los incrementos de precios estimados por la Secretaría de Turismo de la Nación, realizados con base en el universo de hoteles que había acordado con el Gobierno. No obstante, no se hizo una presentación formal de los datos de cada uno de los hoteles a los efectos de incorporarlos en las bases del índice no alterando la rigurosidad del índice.
En cuanto al rubro Salud, es de dominio público que en vez de incorporarse los incrementos de los planes de medicina prepaga se computaron las subas autorizadas por el Gobierno. En pos de aminorar el impacto de dicho aumentos, se distinguieron de los planes existentes pagos adicionales por servicios que tradicionalmente estaban incluidos en el mismo paquete de prestaciones.
Por el lado de los alimentos, en el grupo de las verduras se descartaron mediciones recabadas de acuerdo con la metodología vigente así como también se pasó a tratar a algunos productos como estacionales1 cuando no correspondía hacerlo.
A partir de febrero, se procedió a reinterpretar o ignorar principios metodológicos del IPC vigentes hasta 2006. Éstas son algunas de las medidas tomadas:
1) Se pasó a exigir a los encuestadores el relevamiento de precios fijados por la Secretaría de Comercio.
2) Para los bienes y servicios no incluidos en los acuerdos se excluyeron del cálculo del índice los aumentos superiores a 10% mensual. Esto es, a la hora de computar incrementos se tomó como límite superior una variación de 10% mensual, no quedando asentadas subas mayores. No obstante, este procedimiento no se replicó a la baja, inscribiéndose sin límites todas las caídas de precios.
3) Se dejó de relevar el producto más vendido considerándose a partir de este mes el más barato de la categoría.
4) Se efectivizó el “cambio metodológico” en cuanto a las frutas y verduras, pasando a considerar como estacionales aquéllas que presentasen incrementos superiores a un determinado porcentaje. En estos casos, fueron imputados los precios aplicando a los precios del mes inmediato anterior la suba del grupo al que pertenecen.
5) A su vez, se forzó la metodología en el tratamiento dado a los cambios de calidad o a la aparición o desaparición de bienes y servicios estacionales.
A estas alteraciones que atentan contra la rigurosidad metodológica, se le sumó la instrucción a los encuestadores de que pregunten a los comerciantes por qué no respetaban los acuerdos y el hecho de que algunos comerciantes comenzaron a preferir responder sólo por los productos con precios acordados, afirmando no comercializar o estar fuera de stock de los que tuviesen precios libres.
No obstante las fuertes presiones, los encuestadores continuaron con sus actividades de relevamiento y el personal interno siguió ingresando estos datos. Aun así, el personal nuevo incorporado hacia el mes de mayo los “arregló”, modificó o directamente ignoró las bases.
A mediados de año (junio) el conflicto alcanzó su pico de tensión cuando se realizaron denuncias de que un elevado número de formularios fueron destruidos, eliminando todo rastro de la manipulación del índice, y con ello toda posibilidad de reconstruir las bases.
En este mismo mes, dentro de la dirección del IPC se desactivó un subprograma que tenía por objeto monitorear semanalmente una serie de precios básicos y que se relevaban, analizaban y procesaban separadamente de aquellos que intervenían en la estimación mensual del IPC.
Para los meses de julio y agosto se trabajó con base en la estimación de una distribución de cambios relativos en los precios eliminando aquellos que superasen dos desvíos hacia la derecha (aumento). Nuevamente, este recorte no se reprodujo a la baja, siendo la totalidad de las desviaciones a la izquierda (disminución) tenidas en cuenta.
Como corolario, cabe disipar el rumor de que el IPC se estimaba en base a la variación del mismo mes del año anterior, a la cual se le resta 0,1 punto porcentual. Esa interpretación fue uno de los intentos de encontrar cierta sistematización a la operación por parte de las consultoras. Sin embargo, no se cumplió en los últimos meses.
De esta forma, se sepultó la confianza en el índice quedando la estimación de la inflación en un marco de incertidumbre. Su consecuencia más grave reside en la incidencia que esta variable tiene en la estimación de otros indicadores como lo son las canastas básicas alimentaria (CBA) y total (CBT), la estimación de ingresos en términos reales y, en última instancia, en la EPH en cuanto a la determinación de las tasas de pobreza e indigencia. Desde el punto de vista financiero, la alteración de la estimación de la inflación tiene su impacto negativo en los rendimientos de los bonos en pesos ajustados por CER.

Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional)
La manipulación del IPC alteró directamente la medición de la inflación nacional ya que su variación es un dato en la elaboración del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional).
En efecto, el IPC Nacional es calculado con base en los índices de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, San Luis y Ciudad de Buenos Aires. Su estimación es similar a la del IPC aunque la canasta de productos varía en cada provincia para adecuarse a los patrones de consumo. El beneficio de este índice es que permite establecer comparaciones de la evolución de la inflación en las distintas provincias, promocionando que cada una cuente con un índice de precios de elaboración propia.
Cuando se comenzó con la intervención del IPC de Gran Buenos Aires (GBA), los directores de los institutos provinciales fueron convocados para dar a conocer los cambios introducidos. Desde ese momento, el IPC Nacional pasó a ser “arreglado” de forma similar al IPC aunque en menor magnitud.
Aun así, este índice se mantuvo como un indicador más confiable que el IPC de GBA gracias a que las provincias de Mendoza y San Luis defendieron su independencia, no permitiendo que sus datos fueran manipulados. De esta forma, los índices de ambas provincias pasaron a ser considerados como la brújula de la evolución de los precios. Puntualmente, el índice de Mendoza, que presenta mayor robustez por la cantidad de productos relevados, variedades, precios e informantes.
Con el correr de los meses, la evolución de los índices en estas provincias presentó una creciente divergencia con respecto a las variaciones observadas en el IPC de GBA, destacándose el alto grado de intervención que sufría la estadística. Fue por ese motivo que a partir de la publicación del índice de agosto se dejó de incorporar la inflación estimada por el Departamento Provincial de Estadística de Mendoza, para computarse una medición de elaboración propia del Indec, divergente de la anterior. A pesar de las fuertes protestas y denuncias de las autoridades estadísticas provinciales, en los meses subsiguientes se mantuvo la metodología adoptada en agosto.
Las perspectivas respecto del futuro de la medición de la inflación nacional no son optimistas: los rumores hablan de una posible eliminación de las estimaciones provinciales de las variaciones de precios para este año que recién comienza.
Encuesta permanente de Hogares (EPH)
Otro importante foco de conflicto lo constituyó la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), programa de producción nacional que resume los principales indicadores sociales, tanto sociodemográficos (caracterización de los hogares y personas por sexo, edad, tamaño del hogar, jefatura del hogar por sexo y edad, etc.) como socioeconómicos (pobreza, indigencia, población económicamente activa, tasa de desocupación, caracterización de la población ocupada, entre otros). En esta oportunidad fueron varios los hechos que confluyeron a contrarrestar la calidad de sus mediciones.
En primer lugar, cabe señalar que este indicador se basa en las estimaciones del IPC de GBA, las cuales son incorporadas en las valorizaciones mensuales de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que luego son extendidas a la elaboración de la Canasta Básica Total (CBT). De allí que, de subestimarse los aumentos en los precios de los alimentos, la resultante CBA será menor, situando a la línea de indigencia por debajo de su verdadero valor. De igual forma, las alteraciones en la medición del IPC afectan la conformación de la línea de pobreza, determinada por la CBT2. Así, la caracterización de la población en estos términos queda alterada, concluyéndose en menores tasas de indigencia y de pobreza que las reales.
Por otro lado, a partir del 4 de julio, cuando el equipo técnico de la EPH presentó un memo oponiéndose al cálculo de la pobreza e indigencia utilizando un IPC alterado, las autoridades de la entidad conformaron un equipo paralelo que elabora los informes de prensa. En la mayoría de los casos se trata de personas que no cuentan con las credenciales académicas o técnicas específicas en lo que respecta a la encuesta y que trabajan de forma independiente a los especialistas anteriormente responsables de la EPH. Desde este momento, los antiguos responsables no reciben información para procesar, la cual es dirigida exclusivamente a los miembros del nuevo equipo.
Además, en la estimación de las tasas del mercado laboral al tercer trimestre se recalcularon los resultados para los aglomerados de Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata –que tienen una participación importante en la muestra– por insuficiencia de datos. En el primer caso (Gran Buenos Aires), la falta de información se debió al paro realizado por el equipo de EPH del Indec. Luego de las medidas de fuerza, los encuestadores retomaron sus actividades a fines de agosto, relevando sólo durante una semana de agosto y la totalidad del mes de septiembre. El hecho de que no se relevara durante todo el trimestre afectó la continuidad de la encuesta –que dejó de ser puntual a fines de 2003– alterando la confiabilidad estadística de las estimaciones obtenidas.
En relación a los otros aglomerados no relevados en el tercer trimestre (Gran La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata), las causas fueron de orden administrativo. En efecto, se debió a la demora en la realización de los convenios institucionales entre la dirección del Indec y la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires.
A su vez, en la publicación de la EPH al tercer trimestre no se mantuvo el criterio que tradicionalmente se utilizaba de no extender resultados frente a una insuficiencia de datos. Por el contrario, el Instituto presentó una estimación de las tasas de pobreza e indigencia para los aglomerados no relevados aunque no se hizo pública la metodología utilizada.
Cabe recordar que esta encuesta también releva información sobre población económicamente activa, tasa de ocupación y desocupación. En estos casos, si bien las mediciones de estas variables no se basan en el IPC, la insuficiencia de datos para los aglomerados indicados también incidió en la estimación de dichas variables socioeconómicas. Y, como señaláramos, la extensión de los resultados a estos aglomerados se realizó bajo una metodología ajena al dominio público.

Estadística de Servicios Públicos
En este caso se introdujeron de forma consecutiva dos modificaciones metodológicas. En los meses de mayor crisis energética, se reemplazó en primer lugar la serie de producción de gas por la de consumo de gas y luego la de generación eléctrica por la de demanda.
Respecto de este cambio, hay quienes argumentan que beneficiaría al índice ya que el indicador busca reflejar la performance económica desde el lado de la demanda. Por otro lado, también se ha sostenido que el cambio no debería modificar conceptualmente la serie porque, en el caso de estos dos servicios, su producción/generación es consumida en su totalidad –no hay almacenamiento– por lo que es lo mismo recabar cuánto se produce que cuánto se demanda.
Estos argumentos omiten considerar que la implementación de una nueva metodología debe realizarse de forma homogénea y pública, permitiendo una coexistencia en el tiempo entre los índices con una y otra metodología a los efectos de permitir un correcto empalme en la serie. A su vez, en el caso del gas es importante no olvidar que parte de la demanda local es satisfecha con importaciones.
Por otro lado, a estas modificaciones se sumó un cambio de año base que pasó de ser 1997 a ser 2004. Aunque todavía no se ha empalmado hacia atrás la serie con nueva base, luego de las fuertes críticas recibidas, el instituto procedió a publicar en el reciente informe de prensa ambas series (base 1997 y base 2004) lo que permitirá continuar realizando comparaciones de mayor plazo hasta que se realice el empalme.
Mucho se ha dicho del efecto de la intervención del IPC sobre la estimación de las Cuentas Nacionales a valores reales. No obstante, a la hora de estimar la evolución real del Producto Bruto Interno (PBI) se hace uso de series de volúmenes físicos en la mayoría de los rubros. Más aún, el IPC no es utilizado como deflactor en primer lugar porque no refleja la canasta de bienes del consumo público y privado y de la inversión.

Consecuencias
En el presente panorama de desconfianza en torno a la estadística pública, cualquier evolución divergente a la esperada por el mercado es tomada como motivo de sospecha. El ejemplo más claro viene por el lado de los informes que presentan series de precios implícitos como las Encuestas de Supermercados y de Centros de Compras, o los que se refieren a evolución de precios de algún sector específico, como son los casos del Índice de Costos de la Construcción (ICC) y del Índice de Precios Interiores Mayoristas (IPIM).
En cuanto al IPIM, a partir del mes de abril se comenzó a observar un comportamiento similar en las estadísticas de inflación minorista y mayorista. Si bien no existen denuncias concretas, son muy fuertes las sospechas de que se ha realizado una “armonización” de los resultados del IPIM con los del IPC.
Otros indicadores recientemente puestos bajo la lupa son el Estimador Mensual de la Industria (EMI) y el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). Aunque en el caso del segundo se ha comentado que habría alteraciones de las series reales, no se han presentado acusaciones más precisas sobre maniobras de alteración de datos.
No obstante, la primera consecuencia de suma gravedad que habría que tener en cuenta radica en la pérdida de los faros de la performance socioeconómica del país. Para tomar un ejemplo de conocimiento público, el recorte de la estadística de inflación sobreestima en este caso los ingresos reales. Frente a la ignorancia del verdadero poder adquisitivo, los convenios salariales pierden parámetros objetivos de negociación lo cual dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos.
En definitiva, si no se puede analizar y evaluar correctamente la situación socioeconómica, lejos se encuentra el Estado de poder diseñar políticas efectivas o incluso de poder constatar el impacto de su implementación. Al renunciar a conocer la realidad, el Gobierno está renunciando de igual forma a la posibilidad de poder modificarla para bien de la comunidad argentina.
En última instancia, existe un daño aún mayor: el deterioro institucional de la estadística pública. El impacto negativo que recién señaláramos no sólo se sentirá en el presente año, sino que podrá extenderse a años venideros en la medida en que no se revierta la presente intervención o que no se publiquen nuevas metodologías que sean convalidadas técnicamente y aceptadas como fehacientes por la sociedad.

Perspectivas
El pronóstico de una pronta recuperación de la rigurosidad metodológica del Indec parece nublarse cuando se comprende que los motivos que impulsaron la presente alteración son de índole político. En efecto, la interpretación más difundida de la presente situación es que el Gobierno al observar el deterioro de la efectividad de sus políticas dirigidas a atacar los flagelos de la inflación y el desempleo, prefirió retocar la estadística de manera que respondiesen a reflejar los logros.
Siendo éste el contexto, la única esperanza de que se revierta la situación del Indec exige que el Gobierno esté dispuesto a pagar un costo político –sincerar la verdadera realidad socioeconómica del país– distinto al que ya ha estado pagando en concepto de pérdida de confianza. Sin embargo, hasta la fecha, con las recientes declaraciones de los nuevos mandatarios no parecería encontrarse dentro de su agenda próxima la normalización de la estadística nacional.

1- Los bienes y servicios estacionales son aquellos cuya oferta se retrae con motivos de cambios climáticos o de estación.
2- Cabe resaltar que para la obtención de la CBT se debe multiplicar a la CBA por el denominado “coeficiente de Orshanki” que es la relación entre gasto total y gasto en alimentos registrada en un grupo de hogares que apenas alcanza los requerimientos alimentarios. Al intervenirse la medición del IPC, la evolución de los precios relativos no guardaría relación con la realidad incidiendo directamente en la estimación de la CBT.

Es de público conocimiento que desde enero de 2007, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) ha sido objeto de una intervención, cada vez mayor, por parte de las autoridades gubernamentales. A partir de que se hicieran públicos los mecanismos de manipulación del Índice de Precios al Consumidor y de que los reclamos de los técnicos recibieran apoyo de la sociedad en general, quedó en claro que esta intervención no sólo significa una pérdida en términos estadísticos, por la alteración de las bases, sino que acarrea un inconveniente mayor en términos institucionales como lo es la pérdida de confianza en las estadísticas oficiales de un país, termómetro de la situación socioeconómica de toda nación.

Los índices cuestionados
A continuación, realizaremos un recorrido por los índices cuestionados intentando ratificar o rectificar los rumores que más han corrido por los pasillos de la estadística oficial y de los medios de comunicación. De esta forma, buscaremos señalar qué índices todavía se encuentran en condiciones de ser buenas brújulas del rumbo económico del país.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
La intervención al Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó en el mes de enero cuando se observaron modificaciones en las estimaciones de los rubros Turismo, Salud y Alimentos.
En el caso de Turismo, se consideraron los incrementos de precios estimados por la Secretaría de Turismo de la Nación, realizados con base en el universo de hoteles que había acordado con el Gobierno. No obstante, no se hizo una presentación formal de los datos de cada uno de los hoteles a los efectos de incorporarlos en las bases del índice no alterando la rigurosidad del índice.
En cuanto al rubro Salud, es de dominio público que en vez de incorporarse los incrementos de los planes de medicina prepaga se computaron las subas autorizadas por el Gobierno. En pos de aminorar el impacto de dicho aumentos, se distinguieron de los planes existentes pagos adicionales por servicios que tradicionalmente estaban incluidos en el mismo paquete de prestaciones.
Por el lado de los alimentos, en el grupo de las verduras se descartaron mediciones recabadas de acuerdo con la metodología vigente así como también se pasó a tratar a algunos productos como estacionales1 cuando no correspondía hacerlo.
A partir de febrero, se procedió a reinterpretar o ignorar principios metodológicos del IPC vigentes hasta 2006. Éstas son algunas de las medidas tomadas:
1) Se pasó a exigir a los encuestadores el relevamiento de precios fijados por la Secretaría de Comercio.
2) Para los bienes y servicios no incluidos en los acuerdos se excluyeron del cálculo del índice los aumentos superiores a 10% mensual. Esto es, a la hora de computar incrementos se tomó como límite superior una variación de 10% mensual, no quedando asentadas subas mayores. No obstante, este procedimiento no se replicó a la baja, inscribiéndose sin límites todas las caídas de precios.
3) Se dejó de relevar el producto más vendido considerándose a partir de este mes el más barato de la categoría.
4) Se efectivizó el “cambio metodológico” en cuanto a las frutas y verduras, pasando a considerar como estacionales aquéllas que presentasen incrementos superiores a un determinado porcentaje. En estos casos, fueron imputados los precios aplicando a los precios del mes inmediato anterior la suba del grupo al que pertenecen.
5) A su vez, se forzó la metodología en el tratamiento dado a los cambios de calidad o a la aparición o desaparición de bienes y servicios estacionales.
A estas alteraciones que atentan contra la rigurosidad metodológica, se le sumó la instrucción a los encuestadores de que pregunten a los comerciantes por qué no respetaban los acuerdos y el hecho de que algunos comerciantes comenzaron a preferir responder sólo por los productos con precios acordados, afirmando no comercializar o estar fuera de stock de los que tuviesen precios libres.
No obstante las fuertes presiones, los encuestadores continuaron con sus actividades de relevamiento y el personal interno siguió ingresando estos datos. Aun así, el personal nuevo incorporado hacia el mes de mayo los “arregló”, modificó o directamente ignoró las bases.
A mediados de año (junio) el conflicto alcanzó su pico de tensión cuando se realizaron denuncias de que un elevado número de formularios fueron destruidos, eliminando todo rastro de la manipulación del índice, y con ello toda posibilidad de reconstruir las bases.
En este mismo mes, dentro de la dirección del IPC se desactivó un subprograma que tenía por objeto monitorear semanalmente una serie de precios básicos y que se relevaban, analizaban y procesaban separadamente de aquellos que intervenían en la estimación mensual del IPC.
Para los meses de julio y agosto se trabajó con base en la estimación de una distribución de cambios relativos en los precios eliminando aquellos que superasen dos desvíos hacia la derecha (aumento). Nuevamente, este recorte no se reprodujo a la baja, siendo la totalidad de las desviaciones a la izquierda (disminución) tenidas en cuenta.
Como corolario, cabe disipar el rumor de que el IPC se estimaba en base a la variación del mismo mes del año anterior, a la cual se le resta 0,1 punto porcentual. Esa interpretación fue uno de los intentos de encontrar cierta sistematización a la operación por parte de las consultoras. Sin embargo, no se cumplió en los últimos meses.
De esta forma, se sepultó la confianza en el índice quedando la estimación de la inflación en un marco de incertidumbre. Su consecuencia más grave reside en la incidencia que esta variable tiene en la estimación de otros indicadores como lo son las canastas básicas alimentaria (CBA) y total (CBT), la estimación de ingresos en términos reales y, en última instancia, en la EPH en cuanto a la determinación de las tasas de pobreza e indigencia. Desde el punto de vista financiero, la alteración de la estimación de la inflación tiene su impacto negativo en los rendimientos de los bonos en pesos ajustados por CER.

Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional)
La manipulación del IPC alteró directamente la medición de la inflación nacional ya que su variación es un dato en la elaboración del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional).
En efecto, el IPC Nacional es calculado con base en los índices de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, San Luis y Ciudad de Buenos Aires. Su estimación es similar a la del IPC aunque la canasta de productos varía en cada provincia para adecuarse a los patrones de consumo. El beneficio de este índice es que permite establecer comparaciones de la evolución de la inflación en las distintas provincias, promocionando que cada una cuente con un índice de precios de elaboración propia.
Cuando se comenzó con la intervención del IPC de Gran Buenos Aires (GBA), los directores de los institutos provinciales fueron convocados para dar a conocer los cambios introducidos. Desde ese momento, el IPC Nacional pasó a ser “arreglado” de forma similar al IPC aunque en menor magnitud.
Aun así, este índice se mantuvo como un indicador más confiable que el IPC de GBA gracias a que las provincias de Mendoza y San Luis defendieron su independencia, no permitiendo que sus datos fueran manipulados. De esta forma, los índices de ambas provincias pasaron a ser considerados como la brújula de la evolución de los precios. Puntualmente, el índice de Mendoza, que presenta mayor robustez por la cantidad de productos relevados, variedades, precios e informantes.
Con el correr de los meses, la evolución de los índices en estas provincias presentó una creciente divergencia con respecto a las variaciones observadas en el IPC de GBA, destacándose el alto grado de intervención que sufría la estadística. Fue por ese motivo que a partir de la publicación del índice de agosto se dejó de incorporar la inflación estimada por el Departamento Provincial de Estadística de Mendoza, para computarse una medición de elaboración propia del Indec, divergente de la anterior. A pesar de las fuertes protestas y denuncias de las autoridades estadísticas provinciales, en los meses subsiguientes se mantuvo la metodología adoptada en agosto.
Las perspectivas respecto del futuro de la medición de la inflación nacional no son optimistas: los rumores hablan de una posible eliminación de las estimaciones provinciales de las variaciones de precios para este año que recién comienza.
Encuesta permanente de Hogares (EPH)
Otro importante foco de conflicto lo constituyó la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), programa de producción nacional que resume los principales indicadores sociales, tanto sociodemográficos (caracterización de los hogares y personas por sexo, edad, tamaño del hogar, jefatura del hogar por sexo y edad, etc.) como socioeconómicos (pobreza, indigencia, población económicamente activa, tasa de desocupación, caracterización de la población ocupada, entre otros). En esta oportunidad fueron varios los hechos que confluyeron a contrarrestar la calidad de sus mediciones.
En primer lugar, cabe señalar que este indicador se basa en las estimaciones del IPC de GBA, las cuales son incorporadas en las valorizaciones mensuales de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que luego son extendidas a la elaboración de la Canasta Básica Total (CBT). De allí que, de subestimarse los aumentos en los precios de los alimentos, la resultante CBA será menor, situando a la línea de indigencia por debajo de su verdadero valor. De igual forma, las alteraciones en la medición del IPC afectan la conformación de la línea de pobreza, determinada por la CBT2. Así, la caracterización de la población en estos términos queda alterada, concluyéndose en menores tasas de indigencia y de pobreza que las reales.
Por otro lado, a partir del 4 de julio, cuando el equipo técnico de la EPH presentó un memo oponiéndose al cálculo de la pobreza e indigencia utilizando un IPC alterado, las autoridades de la entidad conformaron un equipo paralelo que elabora los informes de prensa. En la mayoría de los casos se trata de personas que no cuentan con las credenciales académicas o técnicas específicas en lo que respecta a la encuesta y que trabajan de forma independiente a los especialistas anteriormente responsables de la EPH. Desde este momento, los antiguos responsables no reciben información para procesar, la cual es dirigida exclusivamente a los miembros del nuevo equipo.
Además, en la estimación de las tasas del mercado laboral al tercer trimestre se recalcularon los resultados para los aglomerados de Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata –que tienen una participación importante en la muestra– por insuficiencia de datos. En el primer caso (Gran Buenos Aires), la falta de información se debió al paro realizado por el equipo de EPH del Indec. Luego de las medidas de fuerza, los encuestadores retomaron sus actividades a fines de agosto, relevando sólo durante una semana de agosto y la totalidad del mes de septiembre. El hecho de que no se relevara durante todo el trimestre afectó la continuidad de la encuesta –que dejó de ser puntual a fines de 2003– alterando la confiabilidad estadística de las estimaciones obtenidas.
En relación a los otros aglomerados no relevados en el tercer trimestre (Gran La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata), las causas fueron de orden administrativo. En efecto, se debió a la demora en la realización de los convenios institucionales entre la dirección del Indec y la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires.
A su vez, en la publicación de la EPH al tercer trimestre no se mantuvo el criterio que tradicionalmente se utilizaba de no extender resultados frente a una insuficiencia de datos. Por el contrario, el Instituto presentó una estimación de las tasas de pobreza e indigencia para los aglomerados no relevados aunque no se hizo pública la metodología utilizada.
Cabe recordar que esta encuesta también releva información sobre población económicamente activa, tasa de ocupación y desocupación. En estos casos, si bien las mediciones de estas variables no se basan en el IPC, la insuficiencia de datos para los aglomerados indicados también incidió en la estimación de dichas variables socioeconómicas. Y, como señaláramos, la extensión de los resultados a estos aglomerados se realizó bajo una metodología ajena al dominio público.

Estadística de Servicios Públicos
En este caso se introdujeron de forma consecutiva dos modificaciones metodológicas. En los meses de mayor crisis energética, se reemplazó en primer lugar la serie de producción de gas por la de consumo de gas y luego la de generación eléctrica por la de demanda.
Respecto de este cambio, hay quienes argumentan que beneficiaría al índice ya que el indicador busca reflejar la performance económica desde el lado de la demanda. Por otro lado, también se ha sostenido que el cambio no debería modificar conceptualmente la serie porque, en el caso de estos dos servicios, su producción/generación es consumida en su totalidad –no hay almacenamiento– por lo que es lo mismo recabar cuánto se produce que cuánto se demanda.
Estos argumentos omiten considerar que la implementación de una nueva metodología debe realizarse de forma homogénea y pública, permitiendo una coexistencia en el tiempo entre los índices con una y otra metodología a los efectos de permitir un correcto empalme en la serie. A su vez, en el caso del gas es importante no olvidar que parte de la demanda local es satisfecha con importaciones.
Por otro lado, a estas modificaciones se sumó un cambio de año base que pasó de ser 1997 a ser 2004. Aunque todavía no se ha empalmado hacia atrás la serie con nueva base, luego de las fuertes críticas recibidas, el instituto procedió a publicar en el reciente informe de prensa ambas series (base 1997 y base 2004) lo que permitirá continuar realizando comparaciones de mayor plazo hasta que se realice el empalme.
Mucho se ha dicho del efecto de la intervención del IPC sobre la estimación de las Cuentas Nacionales a valores reales. No obstante, a la hora de estimar la evolución real del Producto Bruto Interno (PBI) se hace uso de series de volúmenes físicos en la mayoría de los rubros. Más aún, el IPC no es utilizado como deflactor en primer lugar porque no refleja la canasta de bienes del consumo público y privado y de la inversión.

Consecuencias
En el presente panorama de desconfianza en torno a la estadística pública, cualquier evolución divergente a la esperada por el mercado es tomada como motivo de sospecha. El ejemplo más claro viene por el lado de los informes que presentan series de precios implícitos como las Encuestas de Supermercados y de Centros de Compras, o los que se refieren a evolución de precios de algún sector específico, como son los casos del Índice de Costos de la Construcción (ICC) y del Índice de Precios Interiores Mayoristas (IPIM).
En cuanto al IPIM, a partir del mes de abril se comenzó a observar un comportamiento similar en las estadísticas de inflación minorista y mayorista. Si bien no existen denuncias concretas, son muy fuertes las sospechas de que se ha realizado una “armonización” de los resultados del IPIM con los del IPC.
Otros indicadores recientemente puestos bajo la lupa son el Estimador Mensual de la Industria (EMI) y el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). Aunque en el caso del segundo se ha comentado que habría alteraciones de las series reales, no se han presentado acusaciones más precisas sobre maniobras de alteración de datos.
No obstante, la primera consecuencia de suma gravedad que habría que tener en cuenta radica en la pérdida de los faros de la performance socioeconómica del país. Para tomar un ejemplo de conocimiento público, el recorte de la estadística de inflación sobreestima en este caso los ingresos reales. Frente a la ignorancia del verdadero poder adquisitivo, los convenios salariales pierden parámetros objetivos de negociación lo cual dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos.
En definitiva, si no se puede analizar y evaluar correctamente la situación socioeconómica, lejos se encuentra el Estado de poder diseñar políticas efectivas o incluso de poder constatar el impacto de su implementación. Al renunciar a conocer la realidad, el Gobierno está renunciando de igual forma a la posibilidad de poder modificarla para bien de la comunidad argentina.
En última instancia, existe un daño aún mayor: el deterioro institucional de la estadística pública. El impacto negativo que recién señaláramos no sólo se sentirá en el presente año, sino que podrá extenderse a años venideros en la medida en que no se revierta la presente intervención o que no se publiquen nuevas metodologías que sean convalidadas técnicamente y aceptadas como fehacientes por la sociedad.

Perspectivas
El pronóstico de una pronta recuperación de la rigurosidad metodológica del Indec parece nublarse cuando se comprende que los motivos que impulsaron la presente alteración son de índole político. En efecto, la interpretación más difundida de la presente situación es que el Gobierno al observar el deterioro de la efectividad de sus políticas dirigidas a atacar los flagelos de la inflación y el desempleo, prefirió retocar la estadística de manera que respondiesen a reflejar los logros.
Siendo éste el contexto, la única esperanza de que se revierta la situación del Indec exige que el Gobierno esté dispuesto a pagar un costo político –sincerar la verdadera realidad socioeconómica del país– distinto al que ya ha estado pagando en concepto de pérdida de confianza. Sin embargo, hasta la fecha, con las recientes declaraciones de los nuevos mandatarios no parecería encontrarse dentro de su agenda próxima la normalización de la estadística nacional.

1- Los bienes y servicios estacionales son aquellos cuya oferta se retrae con motivos de cambios climáticos o de estación.
2- Cabe resaltar que para la obtención de la CBT se debe multiplicar a la CBA por el denominado “coeficiente de Orshanki” que es la relación entre gasto total y gasto en alimentos registrada en un grupo de hogares que apenas alcanza los requerimientos alimentarios. Al intervenirse la medición del IPC, la evolución de los precios relativos no guardaría relación con la realidad incidiendo directamente en la estimación de la CBT.