La inflación se come las asignaciones familiares

El régimen de asignaciones familiares es un componente de la seguridad social que funciona bajo la lógica de reparto. Solidariamente todos los trabajadores financian el sistema con una contribución patronal para brindar prestaciones monetarias, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) en su número 548.

En el origen, todos los trabajadores accedían al mismo monto de prestaciones. Pero, con el objetivo de potenciar el rol redistributivo, desde 1996 se incorporaron criterios de focalización priorizando a los trabajadores con ingresos más bajos y excluyendo a los de ingresos más altos.

La focalización fue perfeccionada en el año 2012 cuando se incorpora el concepto de Ingreso del Grupo Familiar (IGF).El IGF se compone de la suma de todos los ingresos formales que recibe el hogar (salario, rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico, jubilación, pensión y subsidios contributivos o no contributivos de cualquier índole).

Bajo este esquema, solo cuando el IGF no supera los $4.800 el hogar recibe asignaciones familiares plenas equivalente a $460 por hijo. Pero cuando el IGF se ubica entre $4.800 y $6.000 se reduce a $320, entre $6.000 y $7.800 a $200 y entre $7.800 y $30.000 recibe sólo $110 por cada hijo.

Manteniendo este esquema, el Poder Ejecutivo anunció los siguientes cambios:

En el primer tramo de IGF, el monto de las asignaciones familiares aumentará un 40% mientras que el IGF se ajustará 10% en junio y 9% en octubre.

Los dos tramos del medio de IGF recibirán un aumento promedio de 32,5% en el beneficio y un ajuste sobre el IGF del 10% en junio y 14,5% en octubre.

El tramo más alto de IGF recibirá un aumento de 20% en el beneficio y ninguna actualización del IGF.

Estos datos muestran que sólo en los tramos más bajos de ingresos del hogar el aumento anunciado está a tono con la inflación. Para el tramo más alto de ingresos, los incrementos anunciados están muy por debajo del aumento de los precios.

El resultado es que se profundizará el proceso de reducción del beneficio de asignaciones familiares. Muchas familias pasarán a formar parte del tramo siguiente reduciéndose el monto que perciben o dejarán de cobrar asignaciones por superar el límite superior. Este cambio no es consecuencia de que sus ingresos reales hayan mejorado sino que alcanza con que las remuneraciones crezcan al ritmo de la inflación para que el monto de asignación familiar disminuya o se pierda el derecho.

Este proceso podría ser interpretado como una profundización en la focalización de las asignaciones familiares en los hogares más pobres. Sin embargo, más que redistribuir en favor de los hogares de más bajos ingresos, su principal impacto es reducir el gasto en asignaciones familiares. Con esta estrategia, los ingresos derivados de la contribución patronal crecen a un ritmo muy superior al de las erogaciones.

Así, la ANSES cobra impuestos al salario que no devuelve a los trabajadores sino que los utiliza para alimentar las transferencias al Tesoro Nacional.

No se trata de un fenómeno novedoso. La esencia del “modelo” que emergió de la crisis del 2002 es usar la inflación como instrumento de ajuste sobre las cuentas públicas. La inflación resulta políticamente muy atractiva ya que da la oportunidad de anunciar aumentos nominales que, en la práctica, implican reducción real porque no compensan la inflación.

En los primeros años, la inflación fue clave en la reducción de gasto público vía licuación de salarios públicos y jubilaciones. A medida que el tamaño del déficit fiscal crece, se necesita inflación cada vez más alta y licuaciones de prestaciones cada vez más duras.

La inflación reduce asignaciones familiares en forma análoga a como más personas pagan cada vez más impuesto a las ganancias. Es fundamental no perder de vista que el origen de estas maniobras –que combinan anuncios altisonantes con licuación subrepticia por la vía de la inflación– es el desbordante crecimiento del gasto público.

Por eso, criticar las estrategias que se vienen aplicando en materia de impuesto a las ganancias y asignaciones familiares, sin explicitar cómo reducir y darle racionalidad al gasto público, es un acto de hipocresía.