El economista Martín Calveira, investigador del Ãrea de Economía del IAE Business School de la Universidad Austral, hizo un repaso por la reciente historia nacional, desde 2011 a la fecha, para analizar cómo ha variado la inflación y la economía en años de elecciones legislativas y presidenciales (años impares), con respecto a la de los períodos no electivos (años pares).
“El fenómeno de recurrencia de los últimos años puede tener un elemento no económico que explique cierta dinámica, vinculado con la coyuntura político-electoral de cada año”, explica el especialista.
“En nuestro país la inflación se ha transformado nuevamente en un problema sustancial desde la segunda parte de la década de 2000, no olvidando y, al parecer, no habiendo aprendido de los traumáticos episodios de las últimas décadas del siglo pasado”.
“Se evidencia que la economía argentina continúa replicando los ciclos de volatilidad real y nominal desde, al menos, el último cuarto del siglo XX. Expansiones de cierta aceleración -muchas veces sesgadas desde el consumo y financiadas por capitales de corto plazo- se transforman en recesiones profundas con inflación (en el extremo llegando a niveles de hiperinflación) y volatilidad que luego deben ser corregidas a través de estabilizaciones de shock o, en otros casos, graduales afectando la distribución de la riqueza”.
“Desde ese contexto, muchos nos preocupamos sobre las posibles soluciones o, en principio, la búsqueda hacia niveles menores de inflación. Si bien la teoría económica plantea un set de factores diversos y esencialmente económicos sobre las causas de la inflación, para el caso de nuestro país es posible pensar que el fenómeno de recurrencia de los últimos años puede tener un elemento no económico que explique cierta dinámica.
En ese sentido, notamos que la gestión de política económica sobre la dinámica inflacionaria y las distorsiones consecuentes está determinada por decisiones que pueden situarse de común acuerdo con la coyuntura político-electoral de cada año, es decir, la política económica determinada por cierto sesgo político coyuntural”.
“Paralelamente, la política maximiza su estrategia para establecerse o continuar en el Poder Ejecutivo, resultando que en años de elecciones se eviten ajustes, se realicen políticas expansivas en aras de evitar o minimizar el ciclo recesivo y se eviten realizar (o continuar realizando) las correcciones necesarias, sin tener en cuenta las consecuencias de corto plazo, principalmente, sobre los precios”.
“Esa dinámica parece observarse en la historia económica argentina reciente. Desde 2011, en años de elecciones legislativas y presidenciales (años impares), el crecimiento de la economía es mayor al de los períodos no electivos (años pares) en los cuales se establece un período de contracción de la actividad; conformando un ciclo económico no iniciado principalmente por factores netamente económicos, tales como aumentos súbitos de precios de bienes exportables o influjos masivos de inversión”.
“Pues, los factores estarían determinados desde la perspectiva de la política económica gestionada, es decir, por la economía política nacional a los efectos de optimizar su estrategia de no interferir en las decisiones de los votantes desde la coyuntura económica derivada de los efectos de la política económica.
Períodos en los cuales son necesarios los ajustes sobre las distorsiones de precios relativos, estabilizar el tipo de cambio y la convergencia hacia un nivel menor de déficit fiscal primario; no son tenidos en cuenta en los años de elecciones. Por el contrario, son los años siguientes, años pares, donde parece generarse una necesidad imperativa de estabilizar las variables”. “En el año 2011, lejos de aplicar una política de estabilización cambiaria y eliminar las distorsiones de precios en el marco del crecimiento del 25% del índice de inflación del año 2010, evitaron corregir los precios de los servicios públicos y se establecieron restricciones discrecionales sobre el mercado de cambios, convergiendo en el denominada ´cepo cambiario´.
Mientras que en 2012 las consecuencias de las restricciones cambiarias generaron fuertes tensiones y volatilidad financiera afectando la actividad económica y las decisiones de precios futuras”. “En 2013 se llevaron a cabo las elecciones legislativas. Si bien el gobierno oficial obtuvo resultados adversos, continuó con sus políticas de restricciones cambiarias y evitó cualquier tipo de corrección y sinceramiento de los precios relativos domésticos. El costo fue una gran pérdida de reservas (US$ 12.600 millones) y el establecimiento en un sendero creciente del índice de precios. Contrariamente, a principios de 2014 se evidenció una corrección del tipo de cambio que implicó un aumento del 19% de la cotización oficial del dólar y del 21% en el mercado paralelo.
A su vez, se anunció un recorte en los subsidios al gas y el agua. El intento de corrección de precios nominales resultó en una elevada tasa de inflación anual del 38,4%”. “2015 estuvo determinado por las elecciones presidenciales lo cual no evidenció una gestión de política económica de corrección de las distorsiones nominales.
Luego de las elecciones, en diciembre de 2015 se eliminó el cepo cambiario. Esto implicó un aumento del tipo de cambio nominal en 40%. En 2016 se anunciaron fuertes aumentos de las tarifas de servicios públicos a los efectos de comenzar a corregir las distorsiones de precios. El crecimiento anual de la inflación de ese año fue 36,1% con una contracción del PIB en 2,1%”.
“Sin dudas, en 2017 la incipiente política de corrección y estabilización del año precedente se suavizó. La inflación disminuyó marcadamente en 24,8% anual y el PIB volvió a crecer 2,7% interanualmente. Respecto a 2018, los incrementos de tarifas públicas (entre 25% y 30%), el fuerte ajuste fiscal y monetario en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la corrección del atraso cambiario fueron factores que afectaron el crecimiento, la generación de empleo y sustentaron la expansión del índice inflacionario.
En concreto, la economía se contrajo 2,5% respecto a 2017, el tipo de cambio nominal se depreció en 101% anual y la inflación marco un récord de 47,6%”. “En el corriente año sí se han gestionado ajustes de precios y del tipo de cambio en un entorno nuevamente de tensiones nominales. Esto llevó a que durante el primer trimestre de 2019, la inflación se acelerara acumulando un 11,4%. A partir de abril, las tensiones cambiarias y de precios se están desacelerando en un marco de política económica con mayores grados de libertad y mejor calibrada, respecto a los períodos previos.
Si bien depende del contexto, no se anunciaron mayores restricciones a partir del segundo cuatrimestre del año. Sin dudas, esto sugiere que la economía política ya tiene dominancia sobre el tecnicismo de la política económica. Hay que evitar disrupciones que direccionen decisiones del electorado”. Esos acontecimientos se deben notar al momento de explicar, en general, ciertos vaivenes de precios y de actividad que notamos durante los últimos años.
Pues, las correcciones abruptas en contextos de recursos muy escasos (déficit primario continuo) se han observado con gran frecuencia en la historia económica reciente, las cuales no siempre estuvieron acompañadas de políticas contracíclicas a los efectos de intentar suavizar y distribuir la carga socioeconómica del costo del ajuste.
Por lo tanto, es posible notar que existe cierta causalidad de variables no económicas en relación a los años donde se producen o no los intentos de corrección de precios. Postergar o interrumpir un proceso de estabilización, principalmente de niveles medios y altos de inflación, se torna más costoso en el tiempo. Quizás la perspectiva o intencionalidad política genere un sesgo sobre la determinación de los ajustes aplicados, es decir, sea uno de los factores causales de nuevas tensiones o amplíen las mismas. Es de esperar que no sea así y que solo estemos ante un hecho de pura casualidad”.
