“La guerra contra la inflación es como dispararse a los pies”

Lo más contradictorio es que el propio gobierno necesita mayor inflación para licuar gasto público. El Presidente de la Nación le “declaró la guerra a la inflación”. Lo que motivó el uso de una metáfora tan quijotesca seguramente es la aceleración de la inflación.

En los dos primeros meses del año, la inflación se ubicó en el 4% mensual, lo cual significa un 60% anual. Un indicador sensible, como los alimentos, vienen creciendo al 6% mensual que implica un 100% anual. La luz de alarma que mayor inquietud debe haber causado es que los precios de los alimentos en el Gran Buenos Aires están creciendo por encima del promedio nacional.

La guerra contra la inflación se va a afrontar con controles de precios, ley de abastecimiento, aumento de los derechos de exportación de la harina y aceite de soja en un 2% para financiar un fondo de estabilización del precio del trigo y la convocatoria a representantes empresariales, sindicales y de organizaciones piqueteras.

Se trata de las mismas medidas que se vienen anunciando y aplicando hasta hoy. Dado que la inflación se mantiene creciendo, la decisión de ir a la guerra con las mismas armas con las que se viene perdiendo todas las batallas, sugiere que la estrategia oficial es usarlas con más intensidad.

La pregunta es si más de lo mismo aplicado con más intensidad podrá apaciguar la inflación. Para responderla sirve observar la evolución de tres datos básicos en la última década. Según el Ministerio de Economía, entre el 2011 y el 2021 se observa que:

• El Producto Bruto Interno (PBI) en términos reales es un 3% inferior.
• La emisión monetaria acumulada en la década aumentó un 2.200%.
• La inflación en el mismo período fue de 2.000%.

Estos datos muestran que mientras la cantidad de bienes y servicios (PBI) es la misma que hace una década atrás, la cantidad de billetes emitidos por el Banco Central creció en 22 veces. Habiendo 22 veces más billetes y la misma cantidad de bienes y servicios, no debería resultar extraño que los precios se hayan multiplicado por 20. En este marco, querer bajar la inflación con controles de precios, ley de abastecimiento, retenciones y acuerdos con dirigentes empresariales, sindicales y piqueteros es voluntarismo.

La tesitura de que la inflación es un fenómeno multicausal es cierta. Pero cada factor causal tiene una importancia diferente según el contexto. En la actualidad, el déficit fiscal obliga al Banco Central a emitir más dinero del que la gente quiere aceptar. El Banco Central recupera parte del exceso de emisión con Leliq y pases. Pero como este instrumento está saturado hay un exceso de emisión que presiona sobre los precios. Una guerra contra la inflación con la máquina de imprimir billetes funcionando a pleno es guerra perdida.

Lo más contradictorio de la guerra contra la inflación es que para el gobierno es vital que la inflación siga siendo alta. En el acuerdo con el FMI se dejó claro que la decisión del gobierno es no reducir el gasto público. Incluso se seguirán expandiendo los subsidios económicos ya que las tarifas se actualizarán por debajo de la inflación. Esto es lo que permite hacer la ostentación de que es el “primer acuerdo que firma el FMI sin ajuste”.

Pero para que esto sea posible se necesita seguir aplicando el ajuste inflacionario, como se viene haciendo hasta ahora. Es decir, apelar a que la recaudación aumente al ritmo de los precios, mientras el gasto público (en especial, las jubilaciones) lo hace a un ritmo inferior. Así entonces, la inflación es el único instrumento que juega a favor de moderar el déficit fiscal. Por eso, guerrear contra la inflación es dispararse a los pies.

La manera de evitar el ajuste y bajar la inflación es ordenando el Estado. Pero mientras siga prevaleciendo el desorden (previsional, tributario, funcional, etc.) es inevitable el ajuste. El ajuste puede ser explícito (aumentando impuestos o recortando gastos) u oculto (apelando a que la inflación logre el mismo resultado licuando gasto). Lo que no es posible es el planteo del gobierno que pretende: no ordenar el Estado, no aplicar ningún ajuste fiscal explícito y reprimir la inflación impidiéndole que haga el ajuste licuando el gasto público.