La estructura tributaria aplicada sobre los servicios públicos en la Argentina —electricidad, agua y gas— revela un mosaico desarticulado. Según el relevamiento del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), cada municipio y provincia fija sus propias cargas, sin coordinación con los otros niveles de gobierno. El resultado es una presión fiscal que varía drásticamente según la jurisdicción, aun entre vecinos con características similares. En el conurbano bonaerense, las tasas por Seguridad e Higiene (TSH) oscilan entre el 0,5 % de Berazategui y el 6,3 % de Lanús. Entre ambos extremos se ubican realidades intermedias: Hurlingham aplica un 4,5 %, Quilmes un 3,7 %, mientras que La Matanza, Lomas de Zamora y otros catorce municipios se mueven en un rango moderado del 1 % al 2,3 %. Esta dispersión no responde necesariamente a diferencias en la calidad o cantidad de los servicios prestados, sino a decisiones políticas y estrategias recaudatorias locales. Las tasas municipales se incorporan habitualmente a las facturas de los servicios públicos, de modo que el usuario paga junto con el consumo del bien —electricidad, agua o gas— una contribución destinada al municipio. Si a esta carga se suman los tributos provinciales, el monto final puede elevarse sensiblemente.
Disparidad provincial
El mismo estudio de UADE extiende el análisis al plano provincial. El promedio nacional de carga tributaria sobre servicios públicos es del 12,3 %, pero las diferencias son notorias. Chubut grava la energía eléctrica con un 60,9 %, llevando su promedio total al 26 %. La Pampa alcanza un 35,1 % por el peso del 63,3 % aplicado sobre el agua. Chaco llega al 21,3 % y Neuquén al 21,4 %. En el otro extremo, Formosa no registra cargas sobre ninguno de los servicios relevados; Corrientes apenas suma un 0,6 % y Santa Cruz, un 3,1 %. La Ciudad de Buenos Aires mantiene un nivel bajo, del 3,7 %, favorecido por una alta densidad de usuarios y una infraestructura consolidada. La provincia de Buenos Aires, foco del estudio, presenta un promedio del 9,8 %, con un peso marcado en energía (19,9 %), seguido por gas (6,2 %) y agua (3,2 %). Cuando estas cifras se combinan con las tasas municipales más elevadas, la presión final sobre hogares y pymes puede ser significativa.
Consecuencias económicas y sociales
La ausencia de un patrón homogéneo no es solo un dato estadístico. Para las empresas que operan en más de un municipio o provincia, esta dispersión significa mayores costos administrativos y tributarios. La planificación se complica cuando las reglas fiscales cambian de una localidad a otra, sin criterios comunes. En términos de política pública, el fenómeno también plantea interrogantes sobre la equidad. Un hogar en Berazategui y otro en Lanús reciben servicios similares, pero pagan cargas muy distintas. A su vez, algunos municipios recurren a bajas de tasas para atraer contribuyentes, lo que genera competencia fiscal entre vecinos y puede comprometer la financiación de servicios esenciales. El estudio de UADE señala que, si bien la autonomía fiscal de provincias y municipios está consagrada en la Constitución, la falta de mecanismos de coordinación interjurisdiccional contribuye a la fragmentación y a la ineficiencia recaudatoria.
Hacia una mayor coordinación
La cuestión no es meramente técnica. La política tributaria define en gran medida las condiciones para el desarrollo económico y la inversión. Un esquema más previsible y armónico permitiría reducir distorsiones, mejorar la transparencia y distribuir con mayor equidad la carga fiscal. Avanzar en una estandarización de criterios —sin menoscabar la autonomía local— podría beneficiar a todos los actores: gobiernos, empresas y ciudadanos. Para los gobiernos locales, implicaría contar con una base de ingresos más estable. Para las empresas, simplificaría la planificación y reduciría costos de cumplimiento. Para los usuarios finales, significaría pagar por los servicios públicos sin soportar diferencias arbitrarias derivadas de su ubicación geográfica. El informe concluye que, en el estado actual, la estructura tributaria sobre los servicios públicos refleja más una sumatoria de decisiones independientes que una política fiscal integrada. Y en esa fragmentación, el costo lo asumen en última instancia quienes encienden una lámpara, abren una canilla o encienden una hornalla.