Lo recomendable sería apoyarse en el sector privado, eliminar regulaciones innecesarias o volverlas más eficientes. Pero el Ejecutivo y el Congreso avanzan en camino contrario.
Todavía subsiste una gran incertidumbre respecto a cuándo terminará este flagelo. Pero podemos tener una idea del punto de partida en el que se encontrará la economía argentina: la actividad económica en recesión, pero rebotando, inflación muy alta para estándares internacionales, y un alto déficit fiscal antes del pago de intereses de la deuda pública.
El peor momento de actividad económica se vivió en abril cuando se registró una caída del PIB de 26% respecto del mismo mes del año anterior. Desde entonces la producción ha recuperado algo de lo perdido a medida que fue mejorando la movilidad de personas.
De hecho, corrigiendo por estacionalidad en junio, la industria se encontraba 12% por debajo de diciembre de 2019 y la construcción 6% menos que a finales del año pasado, luego de haber caído 32% y 69% al mes de abril, respectivamente.
A pesar de la recesión, la inflación sigue alta en el entorno de 2% mensual. Según proyecciones oficiales el déficit fiscal antes de intereses sería este año de 8% del PIB y se financiaría en su gran mayoría con emisión monetaria. La renegociación exitosa de la deuda evitará problemas adicionales, pero no alcanza para poder acceder a los mercados voluntarios de crédito y así reducir los pedidos de fondos al BCRA.
El principal riesgo es que la recuperación se frene por una aceleración fuerte en la tasa de inflación. Para acotar este riesgo es necesario reducir el ritmo de expansión de la oferta de dinero y tratar de que la demanda de dinero no caiga.
Acotar la emisión requiere de una mejora en la posición fiscal. Y ello puede lograrse sin desmoronar la actividad económica si se la hace “neutra ajustada por el ciclo”.
Eso significa que toda la mejora en la recaudación asociada a la recuperación de la economía se destina a reducir el déficit fiscal primario y que los gastos extraordinarios se van normalizando (por ejemplo, se reducen paulatinamente, pero sin pausa, las cantidades de IFE y de ATP). Dentro de ese esquema el gobierno puede priorizar la inversión pública por encima del gasto corriente, pero no hay mucho espacio para que el déficit fiscal, corregido por el ciclo, aumente con la idea de impulsar la demanda agregada.
La confianza
Los desafíos aumentan si se reduce la confianza. Por eso es indispensable que haya consistencia macroeconómica que sostenga la demanda de moneda nacional (incluyendo los depósitos bancarios). Seguramente el FMI insistirá en la consistencia fiscal y en recuperar reservas en el BCRA. Y en este contexto la compra de divisas se hace con emisión.
Puesto en otros términos, el impuesto inflacionario tiene que usarse en parte para acumular reservas en el BCRA. Tampoco hay espacio para atrasar el tipo de cambio real ni las tarifas de servicios públicos lo cual complica la política antinflacionaria.
Dadas las necesidades del fisco, el objetivo de recuperar reservas y los ajustes de algunos precios relativos pendientes, el mal menor será evitar una escalada inflacionaria abrupta, pero todo parece indicar que conviviremos varios años con tasas de inflación elevadas.
En ese contexto, sería conveniente que se apoyara al sector privado con medidas que no insuman recursos fiscales.
Hay mucho espacio para eliminar regulaciones innecesarias o volverlas más eficientes. Pero el Ejecutivo y el Congreso avanzan en camino contrario.
Desde los controles de cambios cada vez más intrusivos hasta la regulación al Teletrabajo se dificulta la normal operatoria de las empresas. La delicada situación de la economía requiere mayor flexibilidad y no más trabas. En lugar de prohibir despidos o duplicar las indemnizaciones, el momento actual es uno en el cual hay que hacer reformas que reduzcan la litigiosidad y reduzcan los costos no salariales de contratar a trabajadores en el sector formal de la economía.
En definitiva, la crisis actual requiere que la dirigencia política argentina demuestre que es capaz de entender que la coherencia fiscal y monetaria son indispensables y que se confía en el sector privado como motor principal de la recuperación. Puesto en otras palabras, se requiere menos Estado pero mucho más eficaz.
(*) Economista jefe de FIEL
