Por Jorge Raventos
Conviene no pedir la cena antes de merendar. Un fenómeno que acompañará ominosamente ese proceso sobre el que ejercerá una fuerte influencia, es la inflación.
La inflación saltó considerablemente de marzo a abril y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas ya adelantó que “la inflación de abril no viene bien”. El funcionario procuró seguramente anticiparse a noticias decepcionantes que el INDEC revelará a mediados de mayo.
Aunque su colega de Economía, Martín Guzmán, declaró tres semanas atrás que la de marzo sería la marca inflacionaria más alta del año, Kulfas avisa ahora que las expectativas de un descenso importante deben ser postergadas: “No esperamos una baja pronunciada, eso ocurrirá en mayo”, promete. Evoca, inevitablemente, aquel cartelito que lucían años atrás algunos negocios de barrio: “Hoy no se fía. Mañana sí”. La mayoría de los especialistas calcula que, aunque en mayo y junio se observen descensos temporarios, el segundo semestre volverá a mostrar un escenario de inflación alta, que puede llegar a los 60 o 70 puntos en el curso del año.
La alta inflación del primer trimestre y estas previsiones no fortalecen precisamente la posición de la Casa Rosada, que debe soportar no sólo la presión de la realidad, sino también el acoso de los seguidores de su vicepresidenta, que le reclaman el cese de Guzmán y el de otros miembros del gabinete.
“Los ataques contra el ministro de Economía son ataques contra el Presidente”, descifró esta semana el ministro de seguridad Aníbal Fernández, convertido en vocero de la Casa Rosada. Apuntaba a La Cámpora y a la creciente agresividad de las declaraciones de sus mandos superiores, el joven Kirchner y “El Cuervo” Larroque.
El ministro de Economía soporta desde hace un año la resistencia de un subsecretario de Energía que adelantó que no acataría instrucciones de Guzmán de subir las tarifas eléctricas por encima del 20 por ciento. El Presidente le prometió a su ministro que echaría a ese subsecretario desobediente, pero eso no ha ocurrido.
Una reacción de Guzmán tres semanas atrás pareció insinuar un cambio de actitud: “Seguiremos con aquellos que estén alineados con el plan”, se despachó el ministro con una frase que, según versiones, fue dictada por el Presidente. ¿Una amenaza de purga? Nunca conviene anticiparse, porque se sabe que para Fernández, como para Zenón de Elea, el espacio es infinitamente divisible, por lo que para llegar de un punto a otro puede haber innumerables estaciones: quizás no sería preciso echar a los desobedientes, quizás alcanza con ignorarlos o pedirles que “no estorben”, como viene haciendo Aníbal Fernández.
La agresividad del sector que responde a Cristina Kirchner no permite suponer que dejen de estorbar.
En los preparativos del acuerdo con el FMI que tramitó Guzmán, y muy claramente desde su aprobación, el Presidente empezó a experimentar una creciente y cada vez más indisimulada agresividad del kirchnerismo pero comenzó también a vislumbrar la consolidación de un terreno -el relacionamiento con Estados Unidos- que venía trabajando pacientemente a través de otras figuras importantes de su equipo: el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz, el embajador en Washington, Jorge Argüello y el jefe de gabinete, Juan Manzur. Fernández juzgó que ese punto de apoyo externo resultaba vital para que su gobierno alcance el final de su período en las mejores condiciones posibles.
El contexto internacional contribuyó a que esa evolución se produjera. El peso global de China y su creciente papel en la región -y muy especialmente en Argentina- a través del comercio, las inversiones y el financiamiento de obras y proyectos, empujaron a Washington a mirar con mayor atención hacia América del Sur y a hacer pesar en las relaciones con el país aquellos instrumentos con los que puede fortalecerse (o rediseñarse, en cierto sentido) un vínculo constructivo y de largo plazo.
Si inquietan a Washington la presencia de una base china de observación espacial en la Patagonia, los proyectos de colaboración espacial con la República Popular, la penetración china en la minería del litio (Argentina es el uno de los tres países con más recursos de ese mineral estratégico) o su participación en el desarrollo de la industria nuclear (financiamiento y construcción de Atucha III), la manera más eficaz de neutralizar esas preocupaciones es ofrecer alternativas más convenientes. El gobierno del presidente Biden parece haberlo comprendido. En los últimos meses se ha desarrollado una intensa agenda de reuniones en la capital estadounidense y en Buenos Aires, en los que se ha trabajado sobre una amplia agenda de temas y proyectos de mutuo interés, relacionados con financiamiento, tecnologías de comunicación y satelitales, industria nuclear, energía y cambio climático. La última semana visitó Buenos Aires la nueva jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, generala Laura Richardson. Más allá de su encuentro con la vicepresidenta, Richardson tuvo reuniones con el ministro de Defensa, Jorge Taiana, en las que se analizó la cooperación estadounidense en materia de provisión de armamento y entrenamiento para las fuerzas armadas argentinas.
Empujado en parte por convicción y principalmente por la necesidad (el respaldo de Washington resultaba indispensable para evitar el default con el FMI) el gobierno de Fernández se ha deslizado a un terreno que el sector K rechaza ideológicamente y del cual el Presidente no cree conveniente apartarse (tanto por las dificultades que acarrearía hacerlo como por su convencimiento de que a mediano plazo ese posicionamiento se traducirá en estabilidad y crecimiento).
En la segunda semana de mayo las audiencias que definirán el incremento de las tarifas serán un nuevo escenario de la puja dentro del oficialismo y del gobierno. La presión para sacar de juego a Guzmán, acusado por la inflación y por ser la encarnación del acuerdo con el FMI.
La inflación, sin embargo, parece menos un tema de gestión uno de confianza (si se quiere, de desconfianza).
Los economistas más reconocidos por el establishment admiten que Guzmán ha contenido significativamente tanto el déficit fiscal como la emisión, es decir lo que habitualmente se señala como causas principales del fenómeno, y sin embargo la inflación ha crecido y sigue haciéndolo. El motor de ese movimiento es político y radica, en primera instancia, en la la anemia del poder presidencial,
la virtual desaparición de su autoridad, que alimenta la centrifugación.
La batalla iniciada por el núcleo K contra la Corte Suprema suma a esa dispersión e implica un paso más en la explicitación de la ruptura de la coalición oficialista.
Aunque muchos comentaristas eligen remarcar que la división del bloque de senadores del Frente de Todos fue “una picardía de la vicepresidenta” destinada a apropiarse de un asiento en el Consejo de la Magistratura birlándoselo a Juntos por el Cambio, lo cierto es que esa maniobra fue un movimiento de repliegue del kirchnerismo, que pasó de enfrentar la decisión de la Corte referida al Consejo a acatarla a través de una maniobra que avanza hacia la división formal del Frente de Todos, anticipada en el fraccionamiento de su bloque de Senadores.
Con estos niveles de inflación, de fragmentación y de erosión de la autoridad es muy probable que síntomas de ingobernabilidad se anticipen mucho a la fecha prevista para las elecciones.
Los puntos de fricción potenciales son muchos y cualquiera de ellos puede derivar en un incendio. Dos semanas atrás se produjo
el llamado “tractorazo” del campo que, llegó a la Plaza de Mayo, acompañado por una extendida procesión de descontentos urbanos. El oficialismo lo desdeñó caracterizándolo como una manifestación promovida por la oposición política. Donde había tractores solo quisieron ver detractores.
Otros, en cambio, ven el episodio como un ensayo de repetición de las batallas contra la Resolución 125, que jaquearon al gobierno kirchnerista en 2008.
Que la oposición alentaría y buscaría capitalizar esa marcha era algo obvio. Es en cambio un error invertir el orden de los factores: el impulso a la protesta no provino de la oposición (más allá de que esta la apoyara y eventualmente tratara de aprovecharla), sino más bien del gobierno y del vacío de orientación política.
El anuncio de un conjetural impuesto a “la renta inesperada”, con el que el gobierno intentó explicar que las millonarias ayudas decretadas para compensar a desocupados, monotributistas de baja categoría y jubilados por el fuerte salto de los precios del primer trimestre no incrementarán el déficit fiscal, lo que consiguió, antes de que siquiera exista un borrador consistente, fue que reaccionaran todos los contribuyentes que se sienten exprimidos por el Estado. En primer lugar, el campo que nunca se resignó a las retenciones y que se consideró aludido en virtud del fuerte incremento de los precios internacionales de los granos. El que se quemó con leche, cuando ve una vaca llora.
Desde la Casa Rosada hubo comentarios banales (“Protestan por las dudas”) o constataciones que no respondían a la inquietud generada (“Al campo le está yendo bien”) y solo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se esforzó por tranquilizar con datos: explicó que el imaginado impuesto “no se aplicará a la producción rural” porque esta no ha percibido ganancias extraordinarias.
Lo cierto es que se propaló un impuesto que todavía no está diseñado antes de consultar a los sectores de la producción y antes de buscar sustentación política y parlamentaria, y eso se dio pie a la reacción de un amplio espectro de la sociedad que está sensibilizado y crecientemente descontento con todo lo que emana de los gobiernos (cualquiera sea su jerarquía) y de la política. En una atmósfera tan volátil es preferible no jugar con fuego.
El paisaje de fraccionamiento que exhiben las dos coaliciones mayores incrementa los pronósticos sobre ingobernabilidad que crecen en paralelo con la inflación.
En rigor, asistimos a una desintegración del poder político que, tanto en sus expresiones oficialistas como en sus manifestaciones opositoras, no consiguen soldar un núcleo que exhiba ante la sociedad musculatura y eficiencia para sostener una prueba de largo alcance.
Los montoncitos de poder dispersos entre líneas, facciones, candidaturas y ornitologías varias abonan con su impotencia la insatisfacción social y, como consecuencia, la prédica de la antipolítica.
Porque la centrifugación no se observa sólo en la coalición oficialista: la oposición política tampoco termina de afirmarse como una alternativa, corroída por enfrentamientos internos e infectada por operaciones cruzadas destinadas a dañar a adversarios de otras líneas.
En la última semana el presidente de la UCR, Gerardo Morales, se declaró víctima de una operación político-mediática motorizada por adversarios internos de su propia coalición y la mesa directiva de Juntos por el Cambio denunció “de manera muy rotunda” lo que definió como “una falsa información”: la presunta noticia de que Morales había acordado con la señora de Kirchner y con Sergio Massa un reparto de representantes legislativos ante el Consejo de la Magistratura.
De inmediato sobrevino otra trifulca a raíz de que la mesa de la coalición opositora decidió, con una declaración pública, cerrar la puerta a una eventual alianza con los libertarios de Javier Milei.““Hay actores de la vida política -suscribió la conducción cambiemita-, que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”.
Después de haber coincidido con ese pronunciamiento, el sector más duro (“los halcones”) del Pro, con Patricia Bullrich a la cabeza y el sostén discreto de Mauricio Macri, salió a desmarcarse de esa postura y a considerarla “un error político”.
De hecho, los vínculos entre ese sector y los libertarios que acaudilla Milei vienen estrechándose y éste, convertido en vector de un rechazo al burocratismo, la ineficiencia estatal y el sistema político existente (“la casta”), se ha convertido en la figura de crecimiento más vertiginoso y en un polo de atracción para los llamados “halcones” de la coalición opositora. Su aparición en el escenario contribuye a la disgregación del sistema político.
Ese proceso parece avanzar con más velocidad que el cronograma que culmina en las urnas de 2023.
De hecho, varios de los tejidos políticos transversales que se van urdiendo últimamente y muchas de las conversaciones entre interlocutores de diferentes tribus tienen menos que ver con eventuales martingalas o combinaciones electorales que con preparativos para una temida situación de emergencia.
El poder político necesita ser reconstruido y ese es un objetivo que excede a las facciones o coaliciones individuales.
