La gobernadora puntana Alicia Lemme presentó un recurso, el 27 de enero de 2002, para evitar que se convirtieran a 1,40 pesos (sin CER) los 247 millones de dólares que la provincia tiene en cuentas a la vista abiertas en el Banco Nación.
Pasado un año del inicio del amparo, y tras infructuosas audiencias de conciliación con el Estado Nacional, convocadas por la Corte, la provincia aún no ha recibido una respuesta a su reclamo.
Por otra parte, se presentó este lunes un pedido para que sea, en definitiva, la Corte Suprema de Justicia la que se expida sobre la constitucionalidad, o no, de las leyes de acefalía y de llamado a elecciones.
Se trata de un planteo del abogado Ricardo Monner Sans quien apeló la resolución de la jueza federal -con competencia electoral- María Servini de Cubría quien había rechazado un recurso de amparo que el letrado presentó pidiendo la inconstitucionalidad de esas normas.
El letrado solicitó a la magistrada que eleve las actuaciones a la Cámara Nacional Electoral y que, en caso de que ese Tribunal insista en el rechazo a sus pretensiones, sea la Corte quien decida porque hay “suficiente cuestión federal constitucional”.
La gobernadora puntana Alicia Lemme presentó un recurso, el 27 de enero de 2002, para evitar que se convirtieran a 1,40 pesos (sin CER) los 247 millones de dólares que la provincia tiene en cuentas a la vista abiertas en el Banco Nación.
Pasado un año del inicio del amparo, y tras infructuosas audiencias de conciliación con el Estado Nacional, convocadas por la Corte, la provincia aún no ha recibido una respuesta a su reclamo.
Por otra parte, se presentó este lunes un pedido para que sea, en definitiva, la Corte Suprema de Justicia la que se expida sobre la constitucionalidad, o no, de las leyes de acefalía y de llamado a elecciones.
Se trata de un planteo del abogado Ricardo Monner Sans quien apeló la resolución de la jueza federal -con competencia electoral- María Servini de Cubría quien había rechazado un recurso de amparo que el letrado presentó pidiendo la inconstitucionalidad de esas normas.
El letrado solicitó a la magistrada que eleve las actuaciones a la Cámara Nacional Electoral y que, en caso de que ese Tribunal insista en el rechazo a sus pretensiones, sea la Corte quien decida porque hay “suficiente cuestión federal constitucional”.
