El documento “Soberanía Informal”, elaborado por la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, expone el crecimiento sostenido del comercio ilegal en zonas limítrofes argentinas. Según estimaciones incluidas en el reporte, la actividad informal equivale a más de US$ 350.000 millones, cerca del 60% del producto bruto interno nacional.
El informe atribuye a la informalidad un aumento anual del 3% y señala que seis de cada diez comercios operan por fuera de las regulaciones legales. Entre las principales manifestaciones de este fenómeno se identifican la venta en la vía pública, la comercialización de productos falsificados, la contratación de trabajadores no registrados y la utilización de redes sociales y marketplaces clandestinos.
El director de la Comisión, Fabian Hryniewicz, destaca que la competencia desleal debilita particularmente al sector PyME, reduciendo la tasa de empleo formal. La documentación también advierte sobre el impacto en la recaudación fiscal, afectando impuestos federales, provinciales y tasas municipales.
Sergio Angiulli, presidente de CAFARA y co-organizador de ExpoFerretera, remarca: “Se trata de un problema que nos afecta a todos, porque el comercio ilegal es enemigo de cualquier proyecto de construcción de una economía saludable. Particularmente, nuestro sector es uno de los más perjudicados”.
Las consecuencias trascienden lo económico. El consumo de productos falsificados y el mercado de medicamentos no autorizados representan riesgos para la salud pública. En materia de seguridad, Angiulli sostiene: “Los productos y materiales que no respetan las regulaciones establecidas pueden comprometer drásticamente la seguridad del usuario”.
Entre las causas del desarrollo de la informalidad, el informe menciona regulaciones excesivas, presión tributaria, asimetrías económicas y legales en fronteras, controles estatales insuficientes y vacíos legislativos. Como posibles soluciones, propone programas estatales de formalización, cooperación regional, derogación de indemnizaciones por trabajo no registrado y restricciones al uso de efectivo.
“Nosotros somos los eternos perjudicados. Hoy debemos ser punta de lanza y llevar nuestro reclamo a cuánto legislador, gobernante, juez y fiscal podamos llegar”, resumió Hryniewicz.
