Es llamativo que, en diferentes estratos, se exteriorice un manifiesto malestar por la situación social a pesar de la mejora del 0,411 para 2013 registrada en el coeficiente de Gini estimado por el Indec, cuando 10 años antes había sido de 0,525, sostiene el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA), en su número 541.
Aclara que el coeficiente de Gini es el indicador más utilizado para medir la distribución personal del ingreso. Alcanza el valor 0 cuando se trata de una distribución perfectamente igualitaria y 1 en una extrema desigualdad.
Y que por ejemplo, en los países socialmente más avanzados de Europa el Gini oscila entre 0,20 y 0,30 mientras que en América Latina, caracterizada por mayor regresividad en la distribución del ingreso, prevalecen valores entre 0,40 y 0,55.
Para echar luz sobre los factores que influyen en esta situación resulta pertinente analizar la evolución de la distribución del ingreso y del gasto público.
Según datos del INDEC y el Ministerio de Economía, entre 2003 y el 2013 se observa que:
- La participación en la distribución del ingreso del 30% de la población de menor nivel de ingreso aumentó de 11% al 16%.
- La participación en la distribución del ingreso del 10% de la población de mayor nivel de ingreso se redujo de 30% a 20%.
- El gasto público total del sector público nacional pasó de 24% a 39% del PBI.
Estos datos muestran que la participación en la distribución del ingreso de la población más pobre creció, mientras que la de mayor nivel de ingresos disminuyó. Pero el cambio más significativo es, por lejos, el vertiginoso crecimiento del gasto del Estado en relación al ingreso total. Esta mayor absorción de recursos por parte del sector público, sin una contrapartida en la cantidad y calidad de los servicios que brinda el Estado, es uno de los determinantes más importantes del nivel de malestar entre la población.
El 10% de la población que percibe los ingresos más altos comprende el segmento que comúnmente se considera como la “clase media”.
Prueba de ello es que este decil de ingresos comprende a hogares con ingresos per capita del orden de los $7.000 mensuales. Es decir, hogares integrados por una persona sola con un ingreso de este monto o una pareja con ingresos de alrededor de $14.000 mensuales o una familia tipo que en total reúne unos $28.000 mensuales. Este grupo sufre con mayor intensidad el crecimiento en la presión impositiva que no es correspondido con mejores servicios del Estado. En ellos prevale el malestar que genera el impuesto a las ganancias y otros tributos, conviviendo con la inseguridad, la falta de infraestructura y la burocracia agobiante.
Para el segmento de menor nivel de ingresos, el gigantismo del Estado tampoco aportó resultados satisfactorios. Su situación mejoró respecto al momento crítico que se transitó con la crisis de 2002.
Pero los avances son muy modestos si se compara con el exponencial crecimiento del tamaño del Estado. Muy poco de la enorme masa de recursos que se apropia el sector público llega como mayores ingresos a los más pobres.
Más grave aún es que en este segmento se sufre con mayor intensidad la baja calidad de los servicios del Estado a través de los graves problemas de inseguridad, el avance del narcotráfico, la violencia y el deterioro profundo de la educación estatal.
Estas frustrantes experiencias son el resultado de haber impulsado un vertiginoso crecimiento del Estado sin sentido estratégico en la asignación de prioridades y profesionalismo en la gestión.
Frente al fracaso, resultan inconducentes los planteos parciales, como los que aspiran a congraciarse con la clase media bajando el impuesto a las ganancias, o con los pobres, creando nuevos programas asistenciales.
Las soluciones pasan por la modernización del Estado sustituyendo la improvisación por el profesionalismo.
Aunque desde la salida de la crisis de 2002 se observa una importante mejora en la distribución del ingreso, se intensificaron las manifestaciones de insatisfacción de la población.
Esto no se resuelve creando más programas asistenciales, para beneficiar a los pobres, ni reduciendo el impuesto a las ganancias, para congraciarse con la clase media. Lo que se necesita es un profundo cambio en la calidad de gestión del Estado.
