La clase media brasileña crece y obliga

Al igual que en Chile con los reclamos por mejoras en el sistema educativo, el progreso económico y social trae aparejado demandas de la población mucho más exigentes con los servicios que brinda el Estado y mucho menos tolerantes con los despilfarros y la corrupción, advierte el último reporte semanal del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA).

Pone de relieve que este tipo de tensiones, que no ocurren en otros países latinoamericanos que se perpetúan en el atraso, alertan sobre los nuevos y renovados desafíos que plantea el tránsito hacia el desarrollo.

Se están produciendo hechos de convulsión social en Brasil tan graves como inesperados.

El detonador fueron las protestas contra el aumento del valor del boleto de transporte público en San Pablo que subió de 3 a 3,2 reales.

Las manifestaciones, lideradas por grupos relativamente minoritarios que propugnan que el transporte público sea gratuito, fueron reprimidas derivando en heridos graves, recuerda.

A partir de allí, las manifestaciones se hicieron más masivas y con una agenda de temas más estructurales y variados, incluyendo los altos impuestos, servicios públicos caros y de baja calidad, corrupción, el derroche identificado en los gastos del Mundial y las Olimpíadas, y el encarecimiento del nivel general de vida.

El fenómeno es complejo y responde a una multiplicidad de factores. Pero un rasgo diferenciador es que, aunque aparentemente resulte contradictorio, las protestas están asociadas a las profundas transformaciones sociales y a las nuevas expectativas que ellas generan en relación al funcionamiento del Estado.

Datos de la CEPAL y el Banco Mundial testimonian la profundidad de los cambios que viene experimentando Brasil al señalar que entre los años 1992 y 2012 se observa que:

· El Producto Bruto Interno por habitante medido en dólares a precios del año 2012 pasó desde U$S 4.500 a U$S 10.800, o sea, se incrementó en 140%.

· La clase media –entendida como las familias que viven con más de U$S 10 diarios por miembro del hogar– pasó de 19,6% a 46,6% de la población total.

· La presión impositiva general pasó de 23% a 35% del Producto Bruto Interno o sea creció en 12 puntos porcentuales, casi 50% en 20 años.

Estos datos muestran que Brasil viene transitando un período de extraordinario crecimiento económico y progreso social.

En paralelo, la presión impositiva también ha aumentado de manera sustancial. Esto avala la hipótesis de que las protestas, más que cuestionar el pasado, están planteando los nuevos desafíos que impone el cambio social.

En particular, el interés en que los crecientes impuestos se materialicen en servicios públicos de mayor calidad y no se diluyan en corrupción y malgastos.

Las masivas protestas contra la mala calidad de los servicios públicos de Brasil tienen muchas analogías con las de Chile por más igualdad de oportunidades de acceso a la educación universitaria.

Es altamente probable que Colombia y Perú enfrenten situaciones parecidas en no mucho tiempo.

Por el contrario, en los países donde los progresos sociales han sido más modestos, como Bolivia y Venezuela, si bien hay protestas sociales, se encuadran en las tipologías más tradicionales de insatisfacción por las condiciones de carencia que impone el subdesarrollo y la falta de transparencia en los procesos políticos.

El acelerado crecimiento económico de Asia impulsa precios extraordinariamente altos de las materias primas. Esto, junto con tasas de interés internacionales inéditamente bajas, ofrecen una oportunidad histórica para Latinoamérica.

Chile, Brasil, Perú y Colombia, cada uno con sus particularidades, son los países que mejor están aprovechando el contexto internacional inéditamente favorable para la región.

Experimentan un proceso intenso de progreso con enormes segmentos de la población históricamente sumidos en la pobreza que pasan a integrar la clase media.

La contrapartida es que las demandas de la sociedad son cada vez más sofisticadas.

La gente se hace mucho menos tolerante a los manejos oscuros de fondos públicos, como los subsidios encubiertos, las sospechas de corrupción o las megaobras culturales o deportivas.

Por eso, las protestas no deberían ser interpretadas como un cuestionamiento a los logros obtenidos por el crecimiento económico y el progreso social de estos años, sino como una demanda para que se perfeccionen y se aceleren.

Constituyen una señal de alerta a los gobiernos que lideran estos cambios de que el tránsito al desarrollo impone nuevos y más sofisticados desafíos.