Cerrar la brecha de infraestructura demandará duplicar al menos la inversión anual como porcentaje del producto en la próxima década, es la conclusión a la que llegaron especialistas de CIPPEC, en un seminario que reunió a referentes de todos los espacios políticos, expertos en infraestructura y funcionarios de organismos internacionales. Participaron del seminario Gustavo Marangoni (presidente del Banco Provincia-BAPRO-), Ãngel Elettore, (ministro de Finanzas de Córdoba), Guillermo Dietrich (subsecretario de Transporte de la CABA), Federico Tomasevich (presidente de Puente), Lucio Castro, Eduardo Levy Yeyati, José Barbero, Nicolás Gadano y Walter Agosto (CIPPEC), Ricardo Rozemberg (CIPPEC y UNSAM), Daniel Alberto Benítez (Banco Mundial), Tomás Serebrisky (BID), Nicolás Estupiñan (CAF) y Dante Sica (ABCEB). “El próximo gobierno enfrentará un desafío de magnitud histórica, que es cerrar la brecha de infraestructura”, explicó Lucio Castro, director del Ãrea de Desarrollo Económico de CIPPEC.
Según las estimaciones de la institución, la Argentina necesita aumentar la inversión en infraestructura a 5% del PBI anual para alcanzar una tasa de crecimiento del ingreso por habitante del 3% por año entre 2016 y 2019. El estudio de CIPPEC indica que la inversión en infraestructura no logró superar el 3% del PIB en la primera década del siglo XXI, y se ubicó a niveles inferiores incluso a los observados en la década de los ochenta.
Al mismo tiempo, mientras que en 1990-1999 la inversión privada alcanzó en promedio un 5% del PIB, apenas superó medio punto del producto entre 2003 y 2013. “La caída en la inversión se refleja en importantes brechas en cada uno de los sectores de la infraestructura”, añadió Castro.
Así, en el caso del sistema de transporte, la tarifa media del transporte público en el Ãrea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ajustada por inflación, es casi un 45% más baja que en las principales metrópolis latinoamericanas. En el caso de la energía, en la última década el precio doméstico del petróleo y sus derivados y del gas se ubicó en promedio un 33% y casi un 80% por debajo del precio de importación, respectivamente, aun con la reciente suba del precio interno del crudo.
Por su parte, las tarifas eléctricas se ubicaron un 54% por debajo de las tarifas de referencia internacionales entre 2003 y 2013. Por otro lado, desde 2005, el gasto público consolidado en agua y saneamiento aumentó casi cuatro veces, y el presupuesto del ente regulador se multiplicó por seis.
Sin embargo, este esfuerzo presupuestario fue insuficiente para incorporar a más de 1,9 millones de hogares a la red de agua y 5,7 millones de hogares a la red cloacal entre 2001 y 2010. En lo que respecta a las telecomunicaciones, una auditoría reciente de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) indica que 3 de cada 10 llamadas realizadas por teléfono celular en el centro de la CABA no pueden ser completadas.
Al mismo tiempo, los servicios de banda ancha de internet tienen los costos más elevados de América Latina. Así, solo el 32% de los hogares accede a la banda ancha fija y el 24% a la banda ancha móvil. Cómo financiar la brecha de infraestructura
“En el mediano plazo, la Argentina solo puede resolver la brecha de infraestructura si mejora al mismo tiempo la infraestructura “dura” -es decir el aumento de la inversión en capital fijo, sobre todo de origen privado-, y si cambia estructuralmente la infraestructura “blanda”, el marco regulatorio y las capacidades institucionales del Estado nacional y de los gobiernos subnacionales”, analizó Castro. Para ello, desde CIPPEC indicaron que la experiencia internacional señala la necesidad de financiar el esfuerzo de inversión a través de una estrategia diversificada de financiamiento.
De acuerdo con estimaciones de CIPPEC, en el corto plazo la Argentina no podrá financiar la mayor parte de la inversión requerida por medio del mercado financiero local, dado que la profundidad financiera argentina apenas supera el 20% del PIB frente a un promedio latinoamericano del 65%. “La inversión extranjera tampoco es la solución mágica para los problemas de la infraestructura”, señaló Castro.
Entre 2003 y 2013, el sector de infraestructura recibió menos del 10% de la inversión extranjera directa (IED) en los cinco principales países de América Latina. Así, más allá del financiamiento privado, algunos proyectos de infraestructura deberán ser financiados directamente por el sector público.
De todos modos, existen límites al endeudamiento público y cierta necesidad de reducir la exposición a los descalces en moneda extranjera y evitar en el futuro ajustes fiscales regresivos focalizados en la inversión pública. “En ese contexto, será necesario desarrollar estrategias de financiamiento mixtas y vehículos financieros innovadores. Para ello, la Argentina debe fortalecer sus instituciones para ofrecer certidumbre jurídica a la inversión, promover una administración de riesgos adecuada y utilizar de forma transparente y eficiente sus recursos fiscales”, concluyó el especialista.
