Las consecuencias económicas del COVID-19 son de una escala sin precedentes en Europa. El shock de oferta y demanda ha provocado la detención de la producción (al menos parcialmente) en muchas empresas, ya que los empleados no han podido ir a trabajar, además de una caída en el consumo debido a restricciones de movilidad.
La disminución de los ingresos ha deteriorado las posiciones de efectivo de las empresas, fomentando un aumento en los retrasos en los pagos y, en última instancia, los incumplimientos en los mismos.
En la mayoría de los países europeos, el responsable legal de la empresa debe informar a la autoridad competente de los incumplimientos de pago dentro de un plazo determinado, puesto que, de lo contrario, asumiría responsabilidades personales. Es entonces cuando las autoridades iniciarán procedimientos de insolvencia.
Sin embargo, para proteger simultáneamente la estructura y la capacidad de recuperación de sus economías una vez que la pandemia esté bajo control, la gran mayoría de los gobiernos europeos han tomado dos decisiones principales: la implementación de medidas para apoyar el flujo de caja corporativo, como los aplazamientos (o cancelaciones) de contribuciones e impuestos a la seguridad social, o garantías estatales sobre préstamos otorgados por bancos, y enmendar temporalmente el marco legal que regula los procedimientos de insolvencia.
El gobierno alemán ha propuesto la suspensión hasta el 30 de septiembre de 2020 de la obligación de los gerentes de las compañías de iniciar un procedimiento de incumplimiento dentro de las tres semanas posteriores al descubrimiento de la situación de insolvencia o sobre-endeudamiento.
Esta medida podría extenderse hasta el 31 de marzo de 2021 mediante un decreto del Ministerio Federal de Justicia. España ha optado por renunciar a este requisito hasta el 31 de diciembre (inicialmente dos meses después del cese de los pagos). En Italia, solo la Fiscalía está facultada para abrir procedimientos de insolvencia hasta el 30 de junio.
En Francia, hasta el 24 de agosto, el responsable legal de la empresa no está obligado a iniciar un procedimiento de insolvencia dentro de los 45 días posteriores al cese generalizado de los pagos, siendo de lo contrario responsable de la presentación tardía de la quiebra. Hasta esa fecha, la existencia o ausencia de cese generalizado de los pagos se evaluará sobre la base de la situación de la empresa el 12 de marzo.
Con respecto al Reino Unido, al margen de la entrada en vigor del proyecto de ley concursal, presentada el 20 de mayo, los acreedores no pueden iniciar procedimientos por incumplimiento. Si las medidas del proyecto de ley entraran en vigor en junio, expirarían en julio.
Los Países Bajos son la excepción dentro de Europa puesto que el gobierno no ha implementado ninguna medida de emergencia en el marco de las insolvencias desde el comienzo de la pandemia.
Sin embargo, dada la magnitud del shock económico y la naturaleza temporal de estas medidas, estas últimas no evitarán un aumento sustancial de las insolvencias una vez que expiren.
Hacia un crecimiento dispar y tardío
Según los modelos predictivos de Coface, se espera que las insolvencias aumenten considerablemente en Europa en la segunda mitad de 2020 y en 2021. Alemania, el país menos afectado, todavía está en una dinámica de un aumento del 12% en las insolvencias entre finales de 2019 y finales de 2021. Francia (+21%) y España (+22%) se verán más afectadas por la crisis. Sin embargo, se espera que los mayores aumentos en el número de insolvencias ocurran en los Países Bajos (+36%), Reino Unido (+37%) e Italia (+37%).
Aunque las previsiones de insolvencia coinciden aproximadamente con las previsiones de crecimiento, existen algunas discrepancias evidentes. Los Países Bajos y Alemania deberían ser los países menos afectados, con un PIB en 2021 menos del 2% menor que en 2019. Francia y España quedarían, con PIB inferiores al 3% y 4%, respectivamente. El PIB de Reino Unido e Italia probablemente será 5% y 6% menor en comparación con el año pasado.
En algunos casos, estas discrepancias pueden explicarse por la falta de una modificación temporal de los procedimientos de insolvencia (como en los Países Bajos). La capacidad de respuesta de las insolvencias en períodos de contracción económica también está relacionada con el costo del procedimiento (menor en el Reino Unido y los Países Bajos).
