Infraestructura: justifican los cambios

El ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, negó hoy (martes 28) que las modificaciones introducidas en la ley de infraestructura vayan en “detrimento” de las empresas nacionales.

Además, Bastos aseguró que están en estudio medidas para mejorar la situación de las empresas argentinas, entre los que se prevé licitar con la mayor celeridad las obras contenidas en el plan de infraestructura, y cambios en relación al límite de endeudamiento.

Sobre este último punto, dijo que existe la posibilidad de que “el endeudamiento caiga sobre el fondo fiduciario y no sobre las empresas” para ampliarles la capacidad de participación en las obras a licitar.

Las modificaciones introducidas en la ley de infraestructura fueron, asimismo, uno de los temas centrales que se analizaron durante la reunión semanal del gabinete nacional, que encabezó el presidente Fernando de la Rúa.

Los cambios, publicados ayer en el Boletín Oficial, determinan que las compañías extranjeras que quieran participar de una licitación pública convocada por el Gobierno deberán hacerlo en sociedad con empresas argentinas, con una participación que no supere 51%.

Por otra parte, se establece que las empresas argentinas que se presenten a licitaciones públicas, incluso las participadas por capitales extranjeros, tendrán la opción de igualar la mejor oferta, siempre que estuvieran dentro de un margen de hasta 10%.

Pero se elimina la opción de las empresas nacionales y locales de capital extranjero de igualar la mejor oferta de una compañía extranjera si esa constructora pertenece a un país con el cual la Argentina firmó un tratado “de protección recíproca de inversiones”.

En este sentido, las empresas constructoras extranjeras radicadas en Estados Unidos, España, Francia, Alemania e Italia, entre otros países, quedan ubicadas en el mismo plano que las empresas locales, y no rigen, por ende, los beneficios de la ley de “compre nacional”.

El decreto determina, además, la creación de un Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura, que garantizará que los entes contratantes cumplan con los pagos a los adjudicatarios de las obras licitadas.

Este fondo, que tendrá una duración de 30 años, invertirá sus recursos en títulos, valores públicos y depósitos a plazo fijo en bancos oficiales nacionales, provinciales y municipales, con vencimientos no mayores a un año.

El ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, negó hoy (martes 28) que las modificaciones introducidas en la ley de infraestructura vayan en “detrimento” de las empresas nacionales.

Además, Bastos aseguró que están en estudio medidas para mejorar la situación de las empresas argentinas, entre los que se prevé licitar con la mayor celeridad las obras contenidas en el plan de infraestructura, y cambios en relación al límite de endeudamiento.

Sobre este último punto, dijo que existe la posibilidad de que “el endeudamiento caiga sobre el fondo fiduciario y no sobre las empresas” para ampliarles la capacidad de participación en las obras a licitar.

Las modificaciones introducidas en la ley de infraestructura fueron, asimismo, uno de los temas centrales que se analizaron durante la reunión semanal del gabinete nacional, que encabezó el presidente Fernando de la Rúa.

Los cambios, publicados ayer en el Boletín Oficial, determinan que las compañías extranjeras que quieran participar de una licitación pública convocada por el Gobierno deberán hacerlo en sociedad con empresas argentinas, con una participación que no supere 51%.

Por otra parte, se establece que las empresas argentinas que se presenten a licitaciones públicas, incluso las participadas por capitales extranjeros, tendrán la opción de igualar la mejor oferta, siempre que estuvieran dentro de un margen de hasta 10%.

Pero se elimina la opción de las empresas nacionales y locales de capital extranjero de igualar la mejor oferta de una compañía extranjera si esa constructora pertenece a un país con el cual la Argentina firmó un tratado “de protección recíproca de inversiones”.

En este sentido, las empresas constructoras extranjeras radicadas en Estados Unidos, España, Francia, Alemania e Italia, entre otros países, quedan ubicadas en el mismo plano que las empresas locales, y no rigen, por ende, los beneficios de la ley de “compre nacional”.

El decreto determina, además, la creación de un Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura, que garantizará que los entes contratantes cumplan con los pagos a los adjudicatarios de las obras licitadas.

Este fondo, que tendrá una duración de 30 años, invertirá sus recursos en títulos, valores públicos y depósitos a plazo fijo en bancos oficiales nacionales, provinciales y municipales, con vencimientos no mayores a un año.