INECO de UADE calculó en $696.268 millones el costo del paro del 19 de febrero

El Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) estimó de manera preliminar el costo económico del paro del 19 de febrero de 2026 en $ 696.268 millones o U$D 489 millones, con un rango que puede oscilar entre U$D 400 y 600 millones según el grado de acatamiento. En términos de actividad, esa cifra equivale al 0,8% del PBI de febrero o al 20,3% de lo que se hubiera producido durante la jornada, de acuerdo con la síntesis difundida por el instituto. El cálculo parte de la premisa de que el efecto no se distribuye de manera uniforme entre sectores y regiones. El informe también incorporó un supuesto de recuperación parcial: “el 60% de lo inicialmente perdido se recupera dentro del siguiente mes”. En esa línea, el enfoque metodológico se concentró en pérdidas directas netas de las recuperaciones esperadas dentro del mes posterior al paro. El transporte público aparece como un factor clave para dimensionar el impacto. El documento señaló que “la interrupción del servicio de transporte público (colectivos, trenes y subtes) incrementa significativamente la pérdida económica”. En el escenario alternativo en el que ese sector no adhiriera a la medida de fuerza, el costo se reduciría a aproximadamente U$D 180 millones. Para construir la estimación, INECO tomó como referencia relevamientos realizados ante paros generales previos: mayo y octubre de 2024 y abril de 2025. Además, consideró que, al ocurrir en febrero, el impacto resulta “más acotado por la menor intensidad de la actividad económica durante este mes”. En el detalle sectorial, el instituto indicó que algunos rubros prácticamente no sufren impacto o lo recuperan rápidamente, mientras que otros registran pérdidas irrecuperables o recuperaciones más lentas. A modo de ejemplo, la estimación incorporó que el comercio recuperaría 30% y restaurantes 0% de lo no vendido. Entre los sectores que explican la mayor parte del impacto negativo, el informe ubicó a la industria manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios de enseñanza y salud, por tratarse de actividades con producción difícil de recuperar o con mayores costos para recomponerla.