Impulsan una nueva estatización de deudas

Según lo indica en su edición de hoy el diario “El Día” de esta ciudad, el bloque oficialista en la Cámara Baja fue a la carga con una propuesta que venía madurando desde hace semanas. Esos legisladores reclaman un “tratamiento especial” para los pequeños deudores de créditos hipotecarios que cayeron en mora y que están siendo intimados al pago por el Bapro bajo amenaza de remate de sus propiedades.

Entre las posibilidades que barajaron los diputados del PJ figura la de transferir esa cartera, que en total rondaría los 150 millones de pesos, al fondo fiduciario que se creó hace un año cuando la Provincia se hizo cargo de préstamos incobrables del banco por cerca de 1.100 millones de pesos. Por medio de ese intrincado trámite que incluyó la aprobación de diversas leyes, el Banco Provincia traspasó al Estado créditos catalogados como incobrables por ese monto, sobre una cartera total de 2.400 millones que están en esas condiciones. Esos préstamos fueron otorgados entre 1991 y 1999 y hoy son objeto de investigación por parte de la Justicia Penal y una comisión especial integrada por senadores y diputados. A cambio, la Provincia emitió un bono por 1.100 millones, con el que se endeudó para mantener a flote al Bapro.

Ahora, una de las variables es volver a utilizar ese mecanismo para incluir en el fondo fiduciario a estos créditos que no habían sido incorporados en su momento, con lo que se abre la posibilidad de que el Gobierno provincial tenga que volver a endeudarse si prospera la iniciativa de los diputados. “Sólo se beneficiaría a aquellos deudores de créditos hipotecarios de bajo monto, titulares de única vivienda, que tengan dificultades para pagar”, indicó uno de los impulsores del proyecto, el diputado Raúl Pérez.

Para Baldomero Alvarez de Olivera, se trata de asemejar la situación de estos deudores al tratamiento que tuvieron las grandes empresas que pasaron al fondo fiduciario. De hecho, estos créditos que fueron a parar a ese fondo todavía no se han movido porque no hubo acciones aún para iniciar su recupero. En términos prácticos, si estos créditos hipotecarios tuvieran ese destino, también se pararían las ejecuciones que está ensayando el Provincia.

Esta posibilidad apoyada por los diputados es mirada con recelo por las autoridades del Bapro: “cada caso es un mundo distinto; resulta por lo menos complicado dictar una norma general que involucre a todos”, se indicó. Sin embargo, desde la Cámara baja se insiste en la necesidad de dictar una ley que abarque a estos casos, y según Pérez, “estos créditos quedarían en manos del fondo fiduciario, que negociaría con los morosos y les podría dar facilidades para pagar renegociando la deuda”.

Otro de los temas por dilucidar es cuál sería el techo de estos
créditos, concretamente, qué monto será considerado como tope para incluirlos en el fondo. Si bien en el Provincia el tema no se da por cerrado, se acordó con los diputados crear una comisión especial para analizar las posibilidades para dar respuesta a esta problemática, e incluso se avanzó con la designación de una suerte de enlace entre el Bapro y el bloque oficialista, tarea que recaerá en Dámaso Larraburu.

Fuente: Noticias Argentinas

Según lo indica en su edición de hoy el diario “El Día” de esta ciudad, el bloque oficialista en la Cámara Baja fue a la carga con una propuesta que venía madurando desde hace semanas. Esos legisladores reclaman un “tratamiento especial” para los pequeños deudores de créditos hipotecarios que cayeron en mora y que están siendo intimados al pago por el Bapro bajo amenaza de remate de sus propiedades.

Entre las posibilidades que barajaron los diputados del PJ figura la de transferir esa cartera, que en total rondaría los 150 millones de pesos, al fondo fiduciario que se creó hace un año cuando la Provincia se hizo cargo de préstamos incobrables del banco por cerca de 1.100 millones de pesos. Por medio de ese intrincado trámite que incluyó la aprobación de diversas leyes, el Banco Provincia traspasó al Estado créditos catalogados como incobrables por ese monto, sobre una cartera total de 2.400 millones que están en esas condiciones. Esos préstamos fueron otorgados entre 1991 y 1999 y hoy son objeto de investigación por parte de la Justicia Penal y una comisión especial integrada por senadores y diputados. A cambio, la Provincia emitió un bono por 1.100 millones, con el que se endeudó para mantener a flote al Bapro.

Ahora, una de las variables es volver a utilizar ese mecanismo para incluir en el fondo fiduciario a estos créditos que no habían sido incorporados en su momento, con lo que se abre la posibilidad de que el Gobierno provincial tenga que volver a endeudarse si prospera la iniciativa de los diputados. “Sólo se beneficiaría a aquellos deudores de créditos hipotecarios de bajo monto, titulares de única vivienda, que tengan dificultades para pagar”, indicó uno de los impulsores del proyecto, el diputado Raúl Pérez.

Para Baldomero Alvarez de Olivera, se trata de asemejar la situación de estos deudores al tratamiento que tuvieron las grandes empresas que pasaron al fondo fiduciario. De hecho, estos créditos que fueron a parar a ese fondo todavía no se han movido porque no hubo acciones aún para iniciar su recupero. En términos prácticos, si estos créditos hipotecarios tuvieran ese destino, también se pararían las ejecuciones que está ensayando el Provincia.

Esta posibilidad apoyada por los diputados es mirada con recelo por las autoridades del Bapro: “cada caso es un mundo distinto; resulta por lo menos complicado dictar una norma general que involucre a todos”, se indicó. Sin embargo, desde la Cámara baja se insiste en la necesidad de dictar una ley que abarque a estos casos, y según Pérez, “estos créditos quedarían en manos del fondo fiduciario, que negociaría con los morosos y les podría dar facilidades para pagar renegociando la deuda”.

Otro de los temas por dilucidar es cuál sería el techo de estos
créditos, concretamente, qué monto será considerado como tope para incluirlos en el fondo. Si bien en el Provincia el tema no se da por cerrado, se acordó con los diputados crear una comisión especial para analizar las posibilidades para dar respuesta a esta problemática, e incluso se avanzó con la designación de una suerte de enlace entre el Bapro y el bloque oficialista, tarea que recaerá en Dámaso Larraburu.

Fuente: Noticias Argentinas